Interior inicia los trámites para el traslado de los presos del «procés»

A través de Instituciones Penitenciarias ha preguntado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena si ya ha concluido la instrucción de la causa del proceso soberanista catalán. La Audiencia Nacional confirma el procesamiento de Trapero por organización criminal y sedición

.Oriol Junqueras abandona el Tribunal Supremo tras declarar ante el juez y antes de volver a la prisión de Estremera
Oriol Junqueras abandona el Tribunal Supremo tras declarar ante el juez y antes de volver a la prisión de Estremera

Madrid

El Ministerio del Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, ha preguntado al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena si ya ha concluido la instrucción de la causa del proceso soberanista catalán con la perspectiva de trasladar a cárceles catalanas a los presos preventivos de esa causa.

Fuentes del Ministerio han confirmado a Efe el envío de ese escrito, que supone el primer trámite para el traslado de esos reclusos, que ahora se encuentran repartidos entre las cárceles madrileñas de Soto del Real y Estremera.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, avanzó poco después de tomar posesión que el traslado de los presos se evaluaría una vez que Llarena concluyera la instrucción que desarrolla en el Tribunal Supremo y que está próxima a su final.

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha recalcado que es razonable que, concluida la instrucción, se produzca ese acercamiento.

Llarena tiene que pronunciarse sobre varias cuestiones y decidir si practica nuevas diligencias, entre ellas la declaración de varios testigos solicitada por las defensas, además de recibir un informe de la Fiscalía.

También tiene pendiente pronunciarse sobre la libertad que ha solicitado Joaquim Forn y dictar la resolución para la suspensión de los siete diputados catalanes (incluidos Carles Puigdemont y Oriol Junqueras) cuyo procesamiento ya es firme.

Es decir, el fin de las diligencias respecto a los presos preventivos está próximo, con independencia de lo que ocurra respecto de los procesados que se encuentran huidos en el extranjero.

Grande-Marlaska ha reiterado que, aunque la competencia sobre traslados sea de Instituciones Penitenciarias, no se traslada a presos preventivos sin el visto bueno del juez que instruye el proceso para no entorpecer la práctica de diligencias.

Llarena ya aclaró en un auto que la decisión sobre la cárcel en la que permanecen los presos, ya sea preventivos o condenados, es de Prisiones, no del juez.

Según el diario El País, Interior también ha pedido un informe para acreditar que los nueve presos del «procés» tienen arraigo familiar en Cataluña, única comunidad autónoma que tiene transferidas las competencias en materia de prisiones.

Esos presos son el exvicepresident catalán Oriol Junqueras, los exconsellers Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa; la expresidenta del Parlament Carme Forcadell; el diputado y expresidente de ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Ómnium Cultural, Jordi Cuixart.

El Supremo abre la vía para inhabilitar a Puigdemont y a la cúpula del «procés»

mateo balín
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Confirma el procesamiento por rebelión, lo que supondrá la suspensión de 7 diputados

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo confirmó ayer los procesamientos dictados por el juez Pablo Llarena contra Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 11 investigados por delitos de rebelión, malversación de caudales públicos y desobediencia en la causa sobre el proceso secesionista en Cataluña en la que otros doce líderes independentistas están investigados. La decisión de los tres magistrados abre la puerta a la inmediata inhabilitación cautelar de aquellos diputados que permanecen en prisión provisional o tienen dictados autos de encarcelamiento, según marca la ley para delitos de especial gravedad como la rebelión. Una resolución que tendrá que dictar el juez Llarena en los próximos días. Los magistrados de la Sala de Apelaciones consideran «suficientemente razonable» calificar los hechos como delito de rebelión porque existió «un alzamiento» con un uso «torticero» del poder para conseguir la independencia de Cataluña al margen de la ley. Además, en cuanto a la malversación de la que se acusa también a 14 de los investigados, dicen que hubo «un sistema de engaño» que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referendo ilegal de 1 de octubre.

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