El militar y el guardia civil de La Manada, en activo pero sin destino asignado

Tanto Antonio Manuel Guerrero como Alfonso Jesús Cabezuelo se encuentran en situación «activa»

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El Ministerio de Defensa ha informado este miércoles de que no asignará destino al militar Alfonso Jesús Cabezuelo, condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales a una joven en los Sanfermines del 2016 como parte de La Manada, aunque se haya levantado su situación de suspensión de servicio y haya vuelto a estar en activo, algo que «no se podía evitar».

En un comunicado, Defensa explica que la vuelta de Cabezuelo al servicio activo de la que informó el martes el Boletín Oficial de este departamento, «se produce de manera automática en aplicación de la ley», ya que a falta de sentencia firme, el Reglamento impone un plazo máximo de 6 meses durante los que un militar puede estar suspendido en sus funciones.

«Desde el Ministerio de Defensa no se podía evitar el alzamiento de la suspensión de funciones. No obstante, en aplicación del artículo 111.3 de la Ley de Carrera Militar no se le va a asignar destino», dice el departamento que dirige Margarita Robles en un comunicado.

En concreto, se ciñe al artículo del Reglamento de adquisición y pérdida de la condición de militar y situaciones administrativas de los militares profesionales. según el cual, «en el supuesto de cese en la situación de suspensión de funciones por levantamiento de la prisión preventiva, el Ministro de Defensa podrá acordar, por resolución motivada en la que habrán de valorarse los hechos imputados, la trascendencia social y el interés del servicio, la prohibición de solicitar y obtener destino por un periodo de tiempo que no podrá exceder del momento dedictarse sentencia firme o auto de sobreseimiento también firme».

El Boletín Oficial de Defensa publicó este martes que el militar Alfonso Jesús Cabezuelo, condenado a nueve años de cárcel tras el caso de La Manada, ya no está suspendido de su cargo, así que se encuentra en servicio activo y en espera de que se le asigne destino a falta de sentencia firme sobre su caso. «Queda a disposición del general jefe del mando de personal del Ejército de Tierra y adscrito a efectos administrativos a la subdelegación de Defensa en Sevilla», recoge esta publicación difundida por eldiario.es.

Se trata de una resolución firmada el pasado 4 de julio por el General Director Accidental de Personal, Roberto Villanueva en la que se informa de que el cese en «la situación de Suspensión de funciones» de Cabezuelo y su paso al servicio activo «surte efectos a partir del día 22 de junio», aunque cabe presentar un recurso de alzada en el plazo de un mes a partir de este miércoles, el día después de su publicación en el BOD.

El guardia civil, también en activo

Antonio Manuel Guerrero, el guardia civil de La Manada también se encuentra en situación «activa» en el cuerpo pero sin asignación de destino. Según han indicado a Efe fuentes de la Guardia Civil, Herrero, que intentó recientemente sacarse el pasaporte pese a la prohibición de salir del país, sigue cobrando el sueldo base a la espera de que la sentencia sea firme.

La situación del guardia civil es muy similar a la del militar, ya que ambas instituciones tienen parecidos regímenes disciplinarios, por los que ambos fueron suspendidos de empleo tras su detención. Así, el Boletín Oficial de Defensa (BOD) publicó ayer la orden que levanta la suspensión con efectos a partir del 22 de junio, el día que salió de la cárcel donde cumplía prisión provisional, y contra la que cabe recurso de alzada.

En el caso de la Guardia Civil, desde el momento en el que la sentencia por la agresión sea firme, se abre un procedimiento reglado en el que se estudia la infracción que ha cometido este guardia civil.

Si fuera considerada una falta muy grave, la sanción prevista en el régimen disciplinario va desde la suspensión de empleo de tres meses a seis años, la separación de servicio o la perdida de puesto en el escalafón. 

Más de 700 jueces presentan una queja ante la «presión social» contra el tribunal de La Manada

EFE
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Los magistrados denuncian la «gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en España»

Un total de 750 magistrados españoles han presentado una queja ante el Consejo Consultivo de Jueces Europeos ante la «presión social» contra el tribunal que condenó a nueve años de prisión a los cinco integrantes de La Manada por abusar sexualmente de una joven madrileña durante los sanfermines del 2016.

Los jueces denuncian la «gravísima amenaza que se ha alzado contra la independencia judicial en España» y explican que «el caso consiste en que recaída recientemente una sentencia de un tribunal español (la Audiencia Provincial de Navarra) en un caso muy notorio conocido como La Manada se ha desatado una presión social contra dicho órgano jurisdiccional hasta llegar al linchamiento público».

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