Hacienda retrasa hasta el 2021 el objetivo de «déficit cero» para las comunidades

El Gobierno rebaja en cinco décimas las metas del conjunto de las Administraciones Públicas para el próximo año, pasando del anterior objetivo de déficit del 1,3 % al 1,8 % actual

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El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne a Gobierno y comunidades autónomas, ha acordado rebajar el objetivo de déficit autonómico para el 2019 hasta el 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB), desde el anterior 0,1% previsto en la última actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas el pasado mes de abril, lo que permitirá a las comunidades gastar 2.400 millones de euros más de lo esperado el próximo año.

Asimismo, se ha tomado de la decisión de retrasar al año 2021 la meta de «déficit cero» para las regiones, momento a partir del cual no podrán gastar más de lo que ingresan.

Esta mayor libertad en el cumplimiento por parte de las autonomías de los objetivos de déficit surge del anuncio que dio la semana pasada la ministra de Economía, Nadia  Calviño, en Bruselas, que relajaba en cinco décimas las metas del conjunto de las Administraciones Públicas para el próximo año, pasando del anterior objetivo de déficit del 1,3% al 1,8% actual. Las otras tres décimas liberadas se destinarán al déficit de la Seguridad Social, donde se preveía unos números rojos del 0,9% del PIB el próximo año.

El CPFF, presidido por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también acordó con el conjunto de las comunidades autónomas, representadas cada una de ellas por los consejeros de Hacienda o Economía de cada región, a excepción de Cataluña, desde donde no acudió nadie, los objetivos de estabilidad presupuestaria para el 2020, cuando las comunidades no podrán sobrepasar un déficit del 0,1%, frente al anterior pronóstico que ya contaba con tener las cuentas saneadas para ese ejercicio, un objetivo que ahora se ha trasladado al año 2021.

En contra de este nuevo programa de estabilidad presupuestaria han votado todas las regiones gobernadas por el PP (Castilla y León, Madrid, Galicia, La Rioja y Murcia). Canarias y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla también han votado en contra.

Por el contrario, las comunidades donde gobierna el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Extremadura) han votado a favor del acuerdo. No obstante, la Comunidad Valenciana, donde también gobiernan los socialistas, se ha abstenido.

Cantabria y la Administración central, que también emite su voto, se han sumado al voto a favor, por lo que el resultado final ha sido de ocho a favor, ocho en contra y una abstención.

Navarra y País Vasco, por su parte, al tener su propio sistema fiscal no necesitan acudir al CPFF, pues estas negociaciones las llevan a cabo de forma unilateral con el Gobierno para aprobar de forma quinquenal el Concierto y el Cupo, respectivamente.

Asimismo, los objetivos de deuda pública del conjunto de las comunidades autónomas para el próximo trienio serán del 23,47% para el 2019, del 23% para el 2020 y del 22,2% para el 2021.

Grupos de trabajo

En relación con la reforma del sistema de financiación autonómica, la ministra de Hacienda ha trasladado a las comunidades la intención del Gobierno de impulsar una reforma del mismo, abriendo una etapa en la que se aborden las discusiones «precisas», con una perspectiva técnica y política.

En este sentido, Montero ha trasladado a los consejeros su intención de crear un grupo de trabajo para la reforma del sistema, con vistas a introducir mejoras y hacerlo «más solidario y equitativo», el cual prevé ponerse en funcionamiento pasado el próximo mes de agosto.

De la misma forma, también se ha aprobado la creación de otro grupo de trabajo para promover la coordinación entre la Administración central y las comunidades en lo referente a la creación de tributos propios de las autonomías para conseguir más recursos.

Por último, el CPFF ha adoptado el acuerdo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para el 2018, que culmina el proceso de integración del tramo autonómico en la estructura general del Impuesto sobre Hidrocarburos, proceso dirigido a la unificación de los tipos regionales para una mejor adaptación al derecho comunitario.

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