Es la respuesta del Poder Judicial a la petición del magistrado después de que el expresidente Carles Puigdemont y otros cuatro de sus exconsejeros presentasen contra él una demanda en Bélgica
16 ago 2018 . Actualizado a las 19:52 h.La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha otorgado hoy amparo al juez instructor de la causa abierta por el «procés», Pablo Llarena, ante la demanda presentada contra él en Bélgica por los procesados huidos, que tacha de «ataque planificado» a su independencia.
En opinión de este organismo, la demanda, presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsejeros fugados intenta «sin disimulo alguno, someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción de un Estado extranjero».
Concretamente, se pide que la Abogacía del Estado arbitre una fórmula para representar al juez español ante la demanda presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros que han planteado una demanda civil acusando a Llarena de falta de imparcialidad y de vulnerar su presunción de inocencia.
El amparo del Consejo ante lo que el órgano de gobierno de los jueces considera «un ataque planificado a las condiciones de independencia en las que desarrolla su labor jurisdiccional», consistirá también en arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado. Es decir, que el Estado asuma la condena -Puigdemont le reclama un euro de manera simbólica- y las costas que se deriven de una eventual condena.
La denuncia contra Llarena
El juez del Tribunal Supremo está citado el próximo 4 de septiembre a comparecer ante un tribunal belga aún cuando el anterior juez decano de Madrid, Antonio Viejo, decidió no cursar por «improcedente» la petición de las autoridades de ese país para advertir a Llarena de su citación.
Puigdemont y los exconsellers huidos en Bélgica presentaron el pasado 5 de junio una demanda civil contra el juez Llarena al estimar que ni ha respetado «su derecho a la presunción de inocencia» durante el procedimiento ni es «imparcial».
La intención última es conseguir la recusación del magistrado, una solicitud que los exconsellers Toni Comín y Meritxell Serret ya han realizado en varias ocasiones.
La primera fue rechazada de plano por el propio Llarena, si bien tiempo después volvieron a insistir al solicitar su recusación por la cena que mantuvo con el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Alberto Fernández Díaz, lo que, según ellos, evidencia «una falta de imparcialidad».