Críticas de todos los partidos al Gobierno por su viraje en el apoyo al juez Llarena
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Pedro Sánchez sostiene ahora desde Chile que la demanda de Puigdemont contra el magistrado «no es una cuestión privada, sino de Estado»
28 ago 2018 . Actualizado a las 07:58 h.La postura del Gobierno respecto a la defensa del juez Llarena ante la demanda de Puigdemont en Bélgica no deja satisfecho a nadie. En un primer momento, el Ejecutivo trató de desentenderse del tema diferenciando entre la defensa de la jurisdicción española y la defensa del magistrado, pero ante la lluvia de críticas por parte de la oposición y de la inmensa mayoría de asociaciones de jueces y fiscales, la Moncloa ha emprendido un viraje, aunque este lunes lo negara.
Esta misma madrugada ha sido el presidente quien ha dejado clara la postura del Gobierno. Desde Chile, donde se encuentra en viaje institucional, Pedro Sánchez ha subrayado que la demanda civil contra Llarena «no es una cuestión privada, sino de Estado», y ante la pregunta de si su Gobierno estaba rectificando, ha dicho que «el Gobierno escucha y lo que ha hecho ha sido atender desde el primer momento los requerimientos del Consejo General del Poder Judicial», el órgano de gobierno de los jueces.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, sostuvo este lunes que no hay cambio alguno de criterio, que la defensa de Llarena, en todo caso, va ligada a la defensa de la integridad jurisdiccional española «hasta sus últimas consecuencias».
El PP y Ciudadanos, los dos partidos más críticos con la primera reacción del Gobierno, celebraron este lunes el cambio de postura, aunque continúan apreciando signos de tibieza y exigen una mayor claridad al Ejecutivo. Pablo Casado, el presidente del PP, registró una solicitud en el Congreso para que la ministra de Justicia comparezca para fijar «definitivamente» la posición del Gobierno, al que acusó de dar «bandazos» y de faltar a la verdad. En el texto difundido el domingo, Moncloa asegura que lleva días trabajando en la contratación de un bufete belga que se encargue de la defensa del juez. «No me lo creo», comentó el dirigente popular. Casado también pidió a la Fiscalía que explore la posibilidad de querellarse contra el juzgado belga que estudia la demanda, al considerar que pueda estar «inmiscuyéndose en la integridad de la jurisdicción española».
El presidente del PP no coincidió por unos minutos con su homólogo de Ciudadanos, Albert Rivera, que acudió al Congreso para registrar una proposición no de ley en defensa del magistrado del Supremo. Según explicó, consta de tres puntos: apoyar su defensa legal en Bélgica, el reconocimiento a la labor de jueces y fiscales y la «condena expresa» a la «la persecución» a la que han sido sometidos el magistrado del Supremo y su familia en Cataluña.
Coincidiendo con el cambio de estrategia en el Ejecutivo, tanto el PP como C's han aminorado el tono de sus críticas, pero el problema para Sánchez es que la manta con la que intenta taparse no le alcanza para todo el cuerpo, y, en su intento de protegerse la garganta, ha descubiertos los pies, y ahora los ataques le llegan también desde el otro sector, que no es otro que el formado por los grupos sobre los que levantó el triunfo de su moción de censura a Rajoy. Es decir, sus socios de Gobierno.
Críticas desde el otro sector
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, consideró un «absurdo» que el Estado asuma la defensa de Llarena al entender que la demanda a la que se enfrenta corresponde a un ámbito privado. «Parece ser que ahora vamos a costear todos los españoles la defensa de este señor, aunque sea por declaraciones que ha llevado a cabo en su actividad privada», denunció.
Los secesionistas coinciden en la lectura sobre este cambio de postura en el Ejecutivo. Consideran que el presidente del Gobierno se ha plegado ante las críticas conservadoras. Carles Campuzano, portavoz parlamentario del PDECat, apuntó que Sánchez se ha «amedrentado ante la derecha judicial y política». Gabriel Rufián, portavoz adjunto de ERC en la Cámara Baja, acusó al presidente de «falta de valentía» en su nueva postura con el juez Llarena, al que calificó de «lacayo de Génova».
En el Gobierno continúan negando que haya habido algún tipo de rectificación al respecto, aunque los mensajes de apoyo al magistrado son cada vez más nítidos. La titular de Justicia, Dolores Delgado, garantizó este lunes que defenderán «hasta las últimas consecuencias a la jurisdicción española y a quien la desarrolla, en este caso Llarena».
Diez ministros tendrán que dar explicaciones ante la Cámara
F. B.
Tras más de tres semanas de parón, el Congreso reabrió este lunes sus puertas para acoger la reunión de la Diputación Permanente, un organismo que funciona como un mini Parlamento fuera del período de sesiones, que no arrancará hasta septiembre. La sesión del lunes sirvió como aperitivo del curso político, que, dada la debilidad del Gobierno, aupado con apoyos muy heterogéneos, se avecina intenso.
Las distintas fuerzas propusieron la comparecencia en la Cámara de hasta trece miembros del Ejecutivo. La primera, la del propio Sánchez. El Grupo Popular solicitó su presencia en la Cámara para que justificara su decisión de mantener a Ábalos en el Gobierno, al que vincularon con la presunta financiación irregular del PSOE valenciano a través de una oenegé. Se libró por un voto. PP y C’s se encontraron con el rechazo de los socialistas, Podemos, PNV, ERC, PDECat y Compromís; las mismas fuerzas que hace tres meses auparon a Sánchez a la Moncloa. Sin embargo, sí que tendrá que comparecer en el Senado, en donde los populares disfrutan de la mayoría.
Dedazos de Ábalos y Montero
La alianza que rechazó la comparecencia de Sánchez no se repitió en otros puntos asuntos, y hasta diez integrantes del Gabinete tendrán que acudir en breve a la Cámara. Alguno, por iniciativa propia. Entre ellos el propio Ábalos, titular de Fomento, que el jueves explicará la financiación de las autopistas que pasan a manos del Estado, la situación del taxi y varios nombramientos al frente de su ministerio. Igual que la titular de Hacienda, María Jesús Montero, criticada por dedazos en la SEPI.
La vicepresidenta Carmen Calvo, como máxima responsable de Igualdad, informará el jueves de las últimas políticas para poner fin a la lacra de la violencia machista. Mañana abrirá fuego el titular de Interior, Grande-Marlaska, que se centrará en el acercamiento de los presos de ETA y las devoluciones en caliente. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, informará al día siguiente sobre las políticas migratorias y la revisión de las pensiones. La titular de Educación, Isabel Celaá, comparecerá antes del inicio del curso escolar. El responsable de Agricultura, Luis Planas, dará cuentas del reciente acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos a petición de En Marea. La ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, acudirá para informar de las negociaciones con la Generalitat; y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por temas de energía. Por último, el titular de Exteriores, Josep Borrell, aclarará la postura del Gobierno en la crisis de Nicaragua.
Sánchez viaja a Chile, Colombia, Bolivia y Costa Rica para recuperar la presencia de España en América Latina
r. g.
El Gobierno reconoce que España tiene un «déficit» de presencia en América Latina tras los mandatos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy que Pedro Sánchez pretende paliar con la gira que comenzó este lunes por Chile, Bolivia, Colombia y Costa Rica. La Moncloa considera que desde el 2004 se ha desatendido la región porque se han priorizado las relaciones con países en Asia y África, y este viaje, según el ministro de Exteriores, «es el primer paso de una mayor aproximación».
Con Felipe González y José María Aznar, América Latina fue una de las prioridades de la política exterior española, y ambos desarrollaron una intensa agenda diplomática en la zona. Pero con Zapatero y Rajoy, explica José Manuel Albares, consejero de política internacional de Sánchez, el interés se mantuvo a nivel retórico, pero a efectos prácticos decreció y las visitas se limitaron a desplazamientos «puntuales», sobre todo a los grandes países, o para asistir a las cumbres iberoamericanas. La intención del presidente del Gobierno es revertir la situación y entrevistarse antes de fin de año con la mayoría de los gobernantes latinoamericanos.
Primer viaje internacional
Sánchez, según fuentes de la Moncloa, pretende recuperar la presencia y la influencia de España en la región «sin distinción» de colores políticos ni del poderío económico de los países. Estos días visitará dos países con gobiernos conservadores, Chile y Colombia; uno de centroizquierda, Costa Rica; y otro de izquierda, Bolivia. Ninguno de ellos son motores económicos del potencial de México, Brasil o Argentina.
Esta gira será, de acuerdo con la filosofía de Sánchez de que los viajes dentro de la Unión Europea son política interior, su primer desplazamiento internacional desde que llegó a la Moncloa hace tres meses. El tradicional primer viaje a Marruecos ha vuelto a quedar postergado pese a que no faltan razones para hacerlo, sobre todo por la presión migratoria. Además de las entrevistas con los gobernantes de los cuatro países que visitará, las reuniones con empresarios españoles, el respaldo a proyectos de cooperación y los encuentros con las colonias españolas, Sánchez tiene dos puntos subrayados en su agenda: la situación en Venezuela, en la que Colombia y Chile son dos firmes baluartes contra el régimen de Maduro, y la eventual mediación en el proceso de paz colombiano.