La ministra de Justicia comparecerá en el Congreso por la demanda contra Llarena

Dolores Delgado ha pedido dar explicaciones en la Comisión de Justicia. Hoy el PP ha pedido su cese e intentará forzar su reprobación, algo que tiene asegurado en el Senado

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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha solicitado comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso para explicar las gestiones realizadas para defender «la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles» ante la demanda presentada contra el juez Pablo Llarena en Bélgica.

Fuentes del Ministerio han informado de la petición de comparecencia de Delgado, cuyo cese ha solicitado hoy el PP, que pretende impulsar iniciativas para reprobar a la ministra tanto en el Congreso como en el Senado.

El objetivo de la ministra es explicar los pasos dados desde el Ministerio ante el tribunal de instancia belga que tiene que pronunciarse sobre la demanda contra Llarena presentada por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro exconsejeros fugados.

Las fuentes han indicado que la ministra ha pedido comparecer «para explicar las gestiones realizadas por el ministerio para defender ante un tribunal de instancia belga la soberanía e inmunidad jurisdiccional de los tribunales españoles, tal y como solicitó el Consejo General del Poder Judicial».

El Ejecutivo, según dijo ayer la ministra, está ultimando la contratación de un despacho de abogados belga para ejercer esa defensa. Llarena está citado por el juez el próximo 4 de septiembre, si bien no tiene por qué asistir y puede representarle su abogado, al tratarse de una demanda civil.

El PP buscará la reprobación de Delgado en el Senado

El PP ha intensificado su presión contra la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y ha exigido su cese por su posición en la defensa del juez Pablo Llarena, un asunto por el que pedirá su reprobación en el Congreso y en el Senado, cámara en la que tiene el éxito garantizado gracias a su mayoría absoluta.

El endurecimiento de las críticas del PP, protagonizado por su portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, se ha producido después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya reafirmado que el Ejecutivo asumirá la defensa de Llarena ante la demanda civil presentada en Bruselas contra él por el expresident Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsellers.

Sánchez ha dejado claro que la defensa del sistema judicial español no es una cuestión privada, sino de Estado, de modo que el Gobierno desde «el primer minuto» ha atendido las peticiones del Consejo General del Poder Judicial.

Pero para el PP se ha producido un nuevo «bandazo» en la acción del Ejecutivo y Sánchez «ha contradicho» a Delgado, con lo que han puesto el foco sobre ella con la petición de cese inmediato o, de no producirse, la amenaza de reprobación. Montserrat también ha exigido al Ejecutivo una disculpa pública con el magistrado.

La reacción del Ejecutivo ante esa ofensiva ha sido la defensa de Delgado y la descalificación de una iniciativa que enmarca en la «liguilla de derechas» que cree que Pablo Casado mantiene con Ciudadanos.

La demanda de Puigdemont contra Llarena, viciada por un «error» de traducción

Europa Press
.Carles Puigdemont
Carles Puigdemont

La alteración fue puesta al descubierto por un profesor de francés hispanohablante que alertó en redes sociales. El abogado de los independentistas le quita importancia, pero avisarán al tribunal

La controvertida demanda de los políticos independentistas encausados en el procés contra el juez Pablo Llarena contiene un «error» de traducción que puede afectar a su futuro ante los tribunales belgas. 

Según avanzan este martes El Mundo y El Confidencial, Llarena nunca dijo ante los medios de comunicación que los investigados por el procés fuesen culpables, una supuesta afirmación que motiva la demanda por un delito contra el honor y la reputación impuesta en un juzgado de Bruselas por Puigdemont y el resto de políticos independentistas huidos allí.

«No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cual haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados», dijo Llarena a la prensa al término de un curso en Oviedo en el que estaba participando.

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