El juez belga celebra este martes la vista por la demanda de Puigdemont contra Llarena, marcada por el «error» en la traducción. A la vista no tiene por qué acudir el juez Llarena y ni siquiera está claro que acudan fisicamente sus abogados, que podrían presentar un escrito
02 sep 2018 . Actualizado a las 17:53 h.Un juzgado civil francófono de Bruselas ha fijado para el próximo martes a las 9.30 horas la vista en la que se analizará con carácter preliminar la demanda civil por la que el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros pretenden que el juez que les ha investigado por rebelión en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, sea condenado a indemnizarles con un euro simbólico por su supuesta falta de imparcialidad.
La insólita demanda y la gestión del asunto por el Ministerio de Justicia ha provocado una gran tensión en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, cuya respuesta ha derivado desde una posición inicial contraria a defender personalmente al juez -justificándolo en que la demanda se basa en unas manifestaciones realizadas por Llarena en un acto privado- a la contratación de un bufete en Bélgica por 544.982 euros con la encomienda de defender tanto la soberanía de los tribunales españoles como al magistrado.
Finalmente, el martes se verán las caras en la Sección de Civil del Palacio de Justicia de Bruselas tanto los abogados de Puigdemont y de sus exconsejeros Meritxell Serret, Antoni Comin, Clara Ponsatí y Lluis Puig como los letrados del bufete Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick, que ha sido el contratado por el Gobierno para representar a España en este litigio.
Los exconsejeros y Puigdemont argumentan en su demanda que la instrucción llevada a cabo por Llarena supone una vulneración flagrante de su presunción de inocencia y de la libertad de acción política y se basan en una manifestaciones realizadas por el juez el pasado mes de febrero en Oviedo, donde acudió a dar una conferencia.
Según los demandantes, Llarena señaló que los investigados por el «procés» no pueden ser tildados de «presos políticos» y les acusó de haber incurrido en rebeldía según el Código Penal español, lo que compromete su independencia.
El asunto se ha visto además enturbiado por el hecho de que la demanda en francés que ha llegado al juzgado belga incluya -por un error según los demandantes- una traducción errónea de las palabras del magistrado español que dan por hecho la atribución del delito a los exmandatarios catalanes al utilizar el afirmativo en vez del condicional con el que el juez español se expresó. Este «error» será enmendado el martes ante por los demandantes, según anunciaron.
El Gobierno actuó tras ser reclamada la defensa del juez por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ante el que Llarena solicitó amparo. La reclamación del órgano de gobierno de los jueces incluye también la necesidad de arbitrar las medidas relativas a la integridad económica del magistrado, esto es, que el Estado asuma la condena y las costas que se deriven de una eventual condena civil.
¿Cuál será la estrategia?
La actuación del Estado en Bruselas será diseñada personalmente por la abogada general, Consuelo Castro, si bien los detalles deben ser concertados con los abogados belgas porque son los que conocen los detalles del procedimiento en dicho país, según han señalado fuentes del departamento de Dolores Delgado.
Así, se han analizado todos los escenarios posibles y se está barajando si se produce una personación de España como tal o la actuación se limita a no reconocer la jurisdicción civil belga para conocer de un asunto que afecta a la soberanía de los tribunales españoles. Habría que tener en cuenta, entre otros aspectos, que una decisión en dicho sentido podría vetar que España pudiera recurrir en el futuro una eventual decisión del juez belga ante instancias superiores.
Tampoco se ha decidido si la intervención de España en el procedimiento será de forma presencial, es decir, con la asistencia efectiva de los abogados belgas que se contraten el próximo día 4 en el Palacio de Justicia de Bruselas o si se decide por limitar la actuación a la presentación de un escrito.
El juzgado belga ha fijado una vista, a partir de las 09:00 horas, en el Tribunal de Primera Instancia francófono de Bruselas, con sede en el Palacio de Bruselas, y lo que ya parece claro es que Llarena, cuya presencia no es obligada en este trámite, no tiene ninguna intención de acudir.
Denuncia contra el abogado de Puigdemont
El eurodiputado del grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa (ALDE) Enrique Calvet denunció ante el Colegio de Abogados de Madrid a uno de los letrados de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, por «falsear» la denuncia contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Calvet ha remitido un escrito al colegio en el que considera el texto de la denuncia una «ofensa grave a la dignidad de la profesión de abogado, a las reglas éticas que la gobiernan y a los deberes establecidos en el Estatuto General de la Abogacía española».
«La ofensa grave a la dignidad de la profesión se ve reforzada por el hecho de permitir que un acto deliberado y doloso tenga consecuencias económicas para el Estado español», escribió el eurodiputado en su cuenta personal de la red social Twitter.