Pedro Sánchez propone «un referendo por el fortalecimiento del autogobierno», que desde la oposición califican de barbaridad y que los independentistas consideran insuficiente
04 sep 2018 . Actualizado a las 10:32 h.España afronta un nuevo curso político que viene marcado por un viejo problema: Cataluña. El desafío secesionista vuelve a acaparar todas las atenciones. El relevo de Sánchez a Rajoy en la Moncloa dio pie a que algunos confiaran en que se rebajaría la tensión, pero ni siquiera el verano ha concedido una tregua, con episodios violentos, calles y playas repletas de lazos y estacas amarillas, y cruces de declaraciones y amenazas de los políticos; claros síntomas de que se avecina otro otoño muy caliente. El independentismo prepara dos fechas con especial mimo: la Diada, el próximo martes 11 de septiembre, y el aniversario del referendo ilegal del 1 de octubre. Y en los 19 días que median entre ambos, una huelga que amenaza con paralizar Cataluña.
Por si existía alguna duda de lo bronco que se presenta el asunto, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ya se encargó de despejarla en las últimas horas al aseverar que su «único límite es el Parlament», negando cualquier tipo de obediencia al Gobierno central y amenazando con responder a una hipotética sentencia del Supremo abriendo las cárceles en las que están los dirigentes secesionistas.
La estrategia de Sánchez es similar a la de su antecesor: quitar hierro a las palabras. Pero amenaza con un nuevo 155 en caso de que fuese necesario «volver a reubicar a Cataluña en el Estatuto, en la legalidad y en la Constitución», comentó ayer en una entrevista en la Ser. Reconoce que la solución del conflicto será «a medio plazo», cuestión de «años», pero aseguró tener muy claro el camino a seguir. El primer paso es «trascender» de «esa dinámica de bloques» en la que se encuentra dividida la sociedad, y «el hecho final», una consulta en la que los catalanes decidan si quieren más autonomía. «Es un referendo por el fortalecimiento del autogobierno, no por la autodeterminación», aclaró.
Sánchez es consciente de que en ese largo camino «el Gobierno tiene mucho que hacer», pero habló de una responsabilidad compartida con el presidente de la Generalitat, a quien invitó a «curar heridas» y a no pisar los mismos charcos sobre los que chapoteó Puigdemont el pasado año. «Nosotros podemos llegar a donde podemos llegar, que es el ámbito del poder ejecutivo, que es mucho, pero la otra parte tiene que manifestar su voluntad de no repetir los errores del 2017. Espero que acierte y que muestre compromiso», deseó.
Uno de esos lugares inaccesibles para el Ejecutivo es la Fiscalía. Así se lo recordó Sánchez al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, quien en una entrevista publicada ayer en El País le invita a instar al ministerio público a cambiar la línea de acusación contra los líderes secesionistas, una petición a la que se sumaron la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la coportavoz de Podemos, Noelia Vera. El presidente del Gobierno defendió la «autonomía» y la absoluta y total independencia de esta institución.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoció ayer tras la reunión de la ejecutiva del PSOE que el encarcelamiento de los dirigentes independentistas «no ayuda a nada». Margarita Robles, titular de Defensa, reiteró la predisposición del Gobierno al diálogo, pero recordó los «límites clarísimos» determinados por el Estado de derecho.
Críticas de PP, C's y ERC
Tal y como era de esperar, la afirmación de Pedro Sánchez admitiendo que la única solución que vislumbra para Cataluña es la celebración de un referendo motivó una inmediata reacción en las fuerzas de la oposición. Pablo Casado, presidente del PP, le exigió que se explique con mayor claridad sobre esa hipotética consulta, deslizando sus sospechas de que no sería en aras de una mayor autonomía. «Será de autodeterminación, aunque la llamen de autogobierno», criticó el líder de centroderecha. En su opinión, ya no quedan competencias por transferir para incrementar el autogobierno catalán. Por su parte, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, calificó la propuesta del Ejecutivo de organizar una consulta a la ciudadanía sobre un nuevo Estatuto catalán como una «barbaridad», y también como una clara señal de que el PSOE está sometido a «un partido nacionalista» como el PSC.
La idea de Sánchez tampoco contentó a los partidos independentistas. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, pidió al presidente del Gobierno que sea «valiente» y que la consulta que propone no pregunte sobre el autogobierno, sino que lo haga abiertamente sobre la independencia.
El Gobierno presiona a sus socios deslizando que irá a elecciones si no logra aprobar los Presupuestos
Sánchez descarta prorrogar las cuentas que le dejó Rajoy
Oficialmente, el discurso es que habrá Presupuestos y que el Gobierno agotará la legislatura. Pero, entre líneas, los socialistas dejan entrever que si no logran sacar adelante su proyecto presupuestario para el próximo año no les quedará otro remedio que adelantar los comicios. «Estos no son mis Presupuestos», dijo ayer Pedro Sánchez en la cadena Ser, en alusión a las cuentas públicas aprobadas en mayo, unos días antes de la moción de censura que puso fin al Gobierno de Rajoy. El presidente aseguró que no se plantea gobernar con la prórroga de los Presupuestos, por lo que, en consecuencia, dijo, el Ejecutivo «solo tiene una opción», conseguir que las Cortes aprueben su proyecto. Pero la cosa no está nada clara. Para ello necesita el apoyo de todos los que le dieron su voto en la moción de censura, sin que falle nadie. Y ya se ha visto que, a la primera de cambio, en cuanto ha hablado de subir el IRPF, el PDECat ya se ha opuesto. Sin necesidad de entrar en más honduras, como las exigencias de los partidos secesionistas relacionadas con la crisis en Cataluña, en las que aún no se ha entrado a fondo. Y que, además, pueden variar en función de cómo evolucione la situación en la comunidad en los dos meses que ahora arrancan, en los que los independentistas pretenden aprovechar el aniversario de todos los acontecimientos relacionados con el 1-O para dar otra vuelta de tuerca a la presión sobre el desafío secesionista.
El secretario de organización socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, replicó la doctrina oficial de que el Gobierno no contempla otro escenario que el de la aprobación de los Presupuestos. No obstante, dejó una puerta abierta a la convocatoria adelantada de elecciones: «Nuestra vocación no es permanecer en el poder por el poder; esa es la gran diferencia con la derecha», dijo el dirigente socialista en rueda de prensa tras la primera reunión de la ejecutiva del partido del nuevo curso político.
Sánchez confirmó ayer que trabaja con la idea de presentar el proyecto de Presupuestos en el Congreso en el mes de noviembre para que entre en vigor a finales del primer trimestre del próximo año, justo en la antesala de las elecciones municipales y autonómicas del 26 de mayo. La idea del Gobierno es dar tiempo a que pueda ser aprobada la proposición de ley para evitar que el Senado vete la nueva senda de déficit. El calendario es uno más de los aspectos que de momento separa a los socialistas y a Unidos Podemos, que pretende agilizar el proceso al máximo y que presiona al Gobierno para que eleve el techo de gasto previsto, que superaba en un 4,4 % el límite fijado para este año. Hacienda ha aceptado negociar un incremento de la cifra que presentó el pasado mes de julio, y que fue rechazada por el Congreso. El problema es que para ello es necesario elevar la recaudación fiscal, y aquí es donde surgen las diferencias. Al menos de momento.
El Gobierno ya ha descartado el impuesto a la banca que reclama Unidos Podemos. Sí acepta una tasa sobre las transacciones financieras, pero le parece insuficiente al partido de Iglesias para atender a todas las mejoras sociales que pretenden implementar. «Si no quieren un impuesto a la banca, tendrán que explicar qué otro privilegio fiscal se puede eliminar para sufragar medidas sociales; en eso vamos a ser inflexibles», advirtió ayer Pablo Echenique, quien precisó que su partido reclama medidas sociales como eliminar el copago farmacéutico para pensionistas, reforzar la ley de dependencia, reformas para bajar el precio de la luz así como para frenar los precios abusivos de los alquileres.
Pero incluso aunque logre llegar a un acuerdo con Unidos Podemos, al Gobierno le falta lo más difícil: recabar el apoyo de los independentistas catalanes, que a cada oportunidad que se les presenta ponen como precio la liberación de los políticos presos y un compromiso para convocar un referendo de autodeterminación.
Subida del IRPF a quien gane más de 140.000 euros
Pablo Iglesias, que volvió ayer a la actividad política en primera línea dos meses después de ser padre, aseguró en Telecinco que han llegado a un principio de acuerdo con el Gobierno para incrementar el IRPF a los contribuyentes con ingresos superiores a 140.000 euros anuales. Iglesias dijo también que está dispuesto a cogobernar con el PSOE y que no cree que haya un adelanto electoral, pero que si lo hay saldrán a ganar.
El juez belga verá hoy la demanda de Puigdemont que falsea palabras de Llarena
Puede que el tribunal no resuelva de forma definitiva hasta el próximo año
m. b.
Las defensas del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y del expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros mantendrán hoy «un primer contacto» en un juzgado de Bruselas para marcar la agenda del procedimiento por la demanda civil presentada por estos. Piden al juez Llarena un euro simbólico por daños y perjuicios por unas declaraciones realizadas en un acto en Oviedo.
La demanda pretende demostrar que su causa no está dirimiéndose con imparcialidad por la politización de la Justicia española. Además, uno de los abogados de los demandantes, Gonzalo Boye, pidió ayer amparo al Colegio de Abogados de Madrid por las «amenazas» sufridas tras el «error» en la traducción al francés de la demanda. En concreto, unas declaraciones que hizo Llarena en Oviedo, según las que, con la tergiversación en el texto de la demanda, atribuía delitos a los exmandatarios catalanes al utilizar el afirmativo en vez del condicional con el que el juez español se expresó. Este «error» será enmendado hoy por los demandantes, que presentarán ante el juez la traducción debidamente corregida.
Por su parte, el decano de ese colegio, José María Alonso, defendió en un comunicado a Llarena y la personación del Estado para proteger la soberanía de la jurisdicción española en esta demanda tramitada en Bélgica. El trámite de hoy consiste en la recepción de los escritos de las diferentes partes, pero el tribunal no tiene por qué pronunciarse de momento sobre su competencia en este asunto y puede que no resuelva de forma definitiva hasta el próximo año.