La delegada del Gobierno en Cataluña, partidaria del indulto a los dirigentes independentistas

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La delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra
La delegada del Gobierno, Teresa Cunillera, junto al presidente de la Generalitat, Quim Torra Quique García

El PP exige explicaciones al entender que el Gobierno no respeta el trabajo de los jueces

22 sep 2018 . Actualizado a las 17:34 h.

La delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, ha afirmado este sábado que es «partidaria» de conceder un indulto a los dirigentes independentistas que serán juzgados por el Tribunal Supremo después de la sentencia y si estos lo piden. En una entrevista de Catalunya Ràdio ha puntualizado que para conceder un indulto primero es necesaria «una sentencia firme y tiene que haber también una petición igual de firme del que acepta la sentencia».

«Si se pide el indulto, yo soy partidaria, claro, pero lo tienen que pedir», ha declarado, y ha subrayado que el Gobierno tiene la obligación de no influir en las decisiones que la Fiscalía tome sobre la petición pena para los políticos independentistas encausados por el proceso soberanista.

Ha señalado que «la Fiscalía tiene los elementos sobre la mesa para tomar las decisiones que autónomamente está obligada a tomar» y ha defendido la necesidad de respetar la independencia del ministerio público. También ha insistido en que el Ejecutivo central no tiene potestad para decidir sobre la situación de prisión provisional de los dirigentes independentistas.

Las palabras de Cunillera no han pasado inadvertidas para la oposición. El primero en reaccionar ha sido el presidente del PP, Pablo Casado. Ha considerado «muy graves» esas declaraciones y ha expresado su preocupación por el «chantaje» de los nacionalistas y por las declaraciones de los miembros del Gobierno en contra de la unidad del país.

«No puede ser que el ministros de Asuntos Exteriores, la ministra de Política Territorial y la delegada del Gobierno estén yendo contra lo que hacen los juces, la seguridad jurídica y, lo que es más grave, la propia unidad de España», ha advertido