Torra asegura que el proceso constituyente catalán comenzará antes del 15 de octubre

C. R. / Redacción REDACCIÓN / LA VOZ

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Marta Pérez | EFE

No habló de plazos, pero sí avisó de que todas las constituciones son refrendadas, dando a entender que al final del proceso podría celebrarse un referendo

26 sep 2018 . Actualizado a las 07:33 h.

Autonomista por la mañana, republicano por la tarde. Este es el traje con el que pretende gobernar Quim Torra cuatro años. El presidente de la Generalitat presentó ayer su primer plan de gobierno, nueve meses después de las elecciones y cuatro después de su investidura, con el que se propone la cuadratura del círculo, pues afirma que tiene un «mandato republicano que cumplir», pero al mismo tiempo se propone llegar a acuerdos sectoriales con el Gobierno central para gestionar el día a día.

Torra mantiene el discurso de independentista irreductible. De entrada, ayer anunció que antes del 15 de octubre arrancarán los trabajos del foro constituyente, que será el organismo impulsado desde la Consejería de Presidencia que iniciará el proyecto de construcción de una Constitución catalana. No habló de plazos, pero sí avisó que todas las constituciones son refrendadas, dando a entender que al final del proceso podría celebrarse un referendo. Está por ver el alcance del llamado proceso constituyente y si no acaba convirtiéndose en una cortina de humo. Sin ir más lejos, la CUP instó ayer a Torra a que proponga un plan de «ruptura con el Estado».

La otra manera que plantea el secesionismo para llegar a la independencia es la de un referendo pactado con el Ejecutivo central. Tanto Quim Torra, como Carles Puigdemont y Esquerra defienden esta vía. Y por primera vez evitan fijar plazos, pero mantienen la política de amenazas. La verbalizó ayer Torra. Por un lado, amenazó con jugar la carta de la unilateralidad, pese a que un 53 % de los catalanes son contrarios a la independencia, y por otro amagó con hacer caer al Gobierno de Sánchez, sustentado, entre otros, por los 17 diputados de ERC y el PDECat en el Congreso. «Es evidente que si no hay movimientos sobre los asuntos que tenemos sobre la mesa, es imposible votar los Presupuestos», avisó Torra. Reclama al Gobierno central que inste a la Fiscalía a que archive las causas contra los dirigentes del proceso y que acepte un referendo de autodeterminación.

Primer pacto económico Gobierno-Generalitat: 1.459 millones de euros

Tres acuerdos lograron ayer en la primera reunión los equipos económicos del Estado y la Generalitat tras siete años de plantones en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales: saldar 1.459 millones de euros de deuda pendientes de un total de 7.600 que reclama Cataluña. Así lo anunció el vicepresidente del Gobierno catalán y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonés, quien desgranó los tres principales elementos del compromiso que se ejecutará durante los próximos cuatro años y cuyas primeras cantidades estarán recogidas en el proyecto de Presupuestos Generales del 2019.

Ante las críticas a la «cesión» a la presiones independentistas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se adelantó a justificar que ese pago a la Generalitat es «de obligado cumplimiento», por una sentencia del Tribunal Supremo y un acuerdo del Gobierno anterior del PP con el Ejecutivo catalán. También negó que tras esos acuerdos estuviese un nuevo pacto, el de apoyo a los Presupuestos del 2019 por parte de los independentistas.

Aragonés explicó que uno de los principales consensos es el que se refiere a una deuda pendiente desde el 2008 de 750 millones de euros de inversiones en infraestructuras. Hacienda la ha reconocido y se ha comprometido a compensarla ya en los Presupuestos del 2019 con unos primeros 200 millones. El ministerio también ha reconocido una deuda de 700 millones para financiar la actividad de los Mossos d’Esquadra desde el 2009 hasta este año. De esa cantidad, se ha pactado la inclusión de 150 millones en el proyecto de Presupuestos del 2019.

Reconversión de deuda

El tercer acuerdo entre Hacienda y la Generalitat afecta a 2.673 millones de euros de deuda a corto plazo (inferior a un año). Hacienda ha aceptado la petición de la Generalitat de reconvertirla en deuda a largo plazo, por lo que quedará bajo la cobertura del Fondo de Liquidez Autonómica una vez que obtenga la autorización de un próximo Consejo de Ministros. La responsable de Hacienda justificó esa facilidad dada a las arcas catalanas subrayando que son varias las comunidades que van a dar este paso para afrontar de manera «más cómoda» las amortizaciones.