Considera que aún hay un espacio para el diálogo y no da por agotada la legislatura
03 oct 2018 . Actualizado a las 15:35 h.«El Gobierno no acepta ultimátums», pero no va aplicar el artículo de 155 de la Constitución en Cataluña «mientras no haya razones evidentes para aplicarlo». La huida hacia adelante del presidente catalán, Joaquim Torra, y el órdago lanzado este martes tras comprobar que ha perdido el control de la calle en Cataluña y el liderazgo de la reivindicación independentista, cogió al Ejecutivo de Pedro Sánchez con el pie cambiado. El jefe del Gobierno llevaba tiempo tratando de rebajar el nivel de crispación y de normalizar el diálogo con los secesionistas, entre otras cuestiones porque su respaldo es imprescindible para aprobar los Presupuestos y para la estabilidad de su Gobierno. La prueba más palpable de esa política es que el pasado lunes el ministro de Fomento y número tres del PSOE, José Luis Ábalos, llegó a decir que los incidentes registrados en Cataluña estaban dentro de lo «admisible» e incluso aseguró que la llamada de Torra a los Comités de Defensa de la República a «apretar» era una prueba más de las fake news.
«La violencia no es el camino»
Pero este martes, antes incluso de que el líder catalán consumara su amenaza de hacer caer a Sánchez si no hay referendo de independencia, este ya había dado un giro a esa versión y, mediante un mensaje en Twitter, advertía a Torra de su obligación de «cumplir con sus responsabilidades y no poner en riesgo la normalización política alentando a radicales al asedio de las instituciones que representan a todos los catalanes». «La violencia no es el camino», señalaba Sánchez. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, compareció tras el discurso de Torra y le advirtió que no es necesario que espere hasta noviembre, porque conoce la respuesta a su exigencia de un referendo. «Autogobierno, sí; independencia, no», dijo la portavoz, porque la solución a los problemas de Cataluña es la convivencia, y no la independencia.
La posición del Ejecutivo es muy delicada porque, por una parte, se esfuerza en seguir manteniendo que el diálogo con la Generalitat «está dando sus frutos» y reduciendo la conflictividad, pero por otra se ve presionado por la oposición del PP y de Ciudadanos, que lo instan a romper con el líder catalán y aplicar de nuevo el artículo 155 ante las amenazas de Torra. Celaá reclamó, por ello, ayer apoyo y lealtad a PP y Ciudadanos ante esta situación, que consideró como una «cuestión de Estado».
«Entre el vacío y el 155»
Según dijo, «entre el vacío y el 155 perpetuo» existe un terreno propicio para el diálogo, que es donde se encuentra el Ejecutivo. Sánchez, sin embargo, está en parte preso de sus propias palabras, porque la semana pasada ya advirtió desde Nueva York a los independentistas que si «priorizan el conflicto» se verá obligado a adelantar las elecciones. Un reto que Torra le devolvió ayer, mostrando que no teme esa convocatoria, a pesar de que Ciudadanos y el PP podrían acabar sustituyendo al Gobierno de Sánchez. Celaá tuvo que admitir que, al menos ayer, Torra priorizó el conflicto sobre el diálogo.
Pero la Moncloa no quiere oír hablar por ahora de un adelanto electoral, a pesar de que el último sondeo del CIS le da la victoria con una ventaja de diez puntos sobre el PP. Según la portavoz, pese a las amenazas el Ejecutivo «va a seguir determinado en su acción de gobierno» y continuará «con todos los recursos abiertos para que el diálogo prospere». Con la esperanza de que el discurso del presidente catalán pueda sea rectificado, insistió en que «por un lado está la retórica y por otro, los hechos», como los avances en la comisión bilateral o los grupos de trabajo creados.
Una oportunidad a la prudencia
Lo cierto es que esa buena relación personal que parecía haberse abierto entre Torra y Sánchez, que tenían pendiente fijar una fecha para un nuevo encuentro, ha quedado truncada. «No parece ser el momento más adecuado para decidir una fecha para una reunión eventual», admitió Celaá. Respecto a las contradicciones del Gobierno, que la noche del lunes seguía sosteniendo que los graves incidentes ocurridos en Cataluña entraban dentro de «lo admisible», para cambiar de opinión al día siguiente, la explicación es que se actuó así «en coherencia con la posición tomada por el Gobierno de España» de dar «una oportunidad a la prudencia» para que fuera la Generalitat la que «recondujera los pasos». Pero, según Celaá, Torra «se equivoca al jalear a los radicales» y al lanzar desde el Parlamento catalán «amenazas que solo deterioran la convivencia». El Ejecutivo cree que actúa presionado por temor a que la situación en Cataluña se vuelva en su contra. Pero advierte que no puede permitir «que los intereses de quienes pretenden agudizar el conflicto marquen el camino».
