El líder de Ciudadanos sostiene que «lo más justo» es que el tributo sea asumido por la banca, mientras que Iglesias considera que las medidas anunciadas por Sánchez «no son suficientes»
07 nov 2018 . Actualizado a las 17:37 h.El anuncio del presidente del Gobierno ha pillado al líder del PP de viaje en Helsinki para asistir al congreso del Partido Popular Europeo. Desde allí Pablo Casado ha pedido a Pedro Sánchez que no «engañe» a los españoles con su promesa de eliminar el impuesto sobre las hipotecas, porque de hacerlo la banca lo acabará repercutiendo en sus clientes. Tal y como recoge EFE, Casado ha defendido a su llegada a la capital finlandesa su idea de suprimir por completo este impuesto. El presidente del PP propone que no lo pague ni la banca ni el usuario porque, según asegura, no tiene un coste presupuestario elevado.
Casado ha planteado además que se podría compensar a las comunidades autónomas, que son las que recaudan ese impuesto, con la reforma del sistema de financiación, que no se ha acometido y que lleva años sin actualizarse por culpa, en su opinión, del «bloqueo» de los socialistas. El líder popular quiere leer el decreto ley del Gobierno para confirmar que su partido rechazará su convalidación en el Congreso pero ya ha insistido en que esta propuesta no va a suponer «un alivio» tributario para los futuros hipotecados en España.
Casado cree que este impuesto se puede suprimir y el Gobierno debería tener en cuenta que su afectación «no es tan elevada» para las comunidades autónomas. Por eso, ha ironizado, si el Gobierno «ha encontrado 1.600 millones para transferir a Cataluña para (Quim) Torra», el presidente de la Generalitat, imagina que «no tendrá inconveniente» en encontrar también dinero para la financiación de las autonomías y «para todas por igual».
Pablo Iglesias: «Las medidas anunciadas no son suficientes»
Para el líder de Podemos las medidas anunciadas por Pedro Sánchez no son suficientes. Pablo Iglesias cree que no se pueden limitar a que se apliquen a partir de ahora. Hay que ir un paso más allá. Y por eso pide que los bancos devuelvan el dinero del gravamen a los usuarios que ya lo han pagado. «Exigir eso es de sentido común», ha afirmado en unas declaraciones a Telecinco que ha recogido Europa Press.
El secretario general de la formación morada ha puesto sobre la mesa otras medidas como la creación de un impuesto a la banca para recuperar el dinero del rescate del que se beneficiaron algunas entidades.
Y ha lanzado algún dardo directo a los miembros del Tribunal Supremo. Iglesias ha defendido la necesidad de que los magistrados publiquen su declaración de bienes y expliquen en qué bancos tienen acciones y participaciones. «Los altos cargos de la judicatura de elección discrecional por el CGPJ deben incluirse en la ley de altos cargos y de transparencia, para que los ciudadanos tengamos claro que no tienen otro interés que hacer justicia».
Albert Rivera: «Lo más justo es que lo asuma la banca»
El presidente de Ciudadanos también se muestra a favor de que el polémico gravamen caiga sobre el tejado de la banca, pero ha reclamado la necesidad de buscar un acuerdo de «consenso unánime y urgente» en el Congreso para que el impuesto de actos jurídicos documentados lo paguen los bancos, y no el consumidor. Rivera ha sentenciado que «lo más justo» es «que lo asuma la banca» y por ello ha apostado por la vía de urgencia y en lectura única para conseguir una tramitación «exprés».
Pero ha centrado sus críticas en la judicatura, para la que ha tenido palabras muy duras. Rivera cree que «con todo este escándalo se ha autolesionado» y «se ha pegado un tiro en el pie». Por ello, ha pedido «autocrítica» al tribunal, y ha reconocido que «muchos españoles hoy estarán pensando que ha habido llamadas o presiones» a los jueces antes de adoptar esta decisión. «El Supremo, con sus cambios de criterio, con las sospechas de presiones, lo único que ha conseguido es que los ciudadanos confíen un poquito menos en la Justicia».
Gaspar Llamazares: «Es uno de los mayores ataques a la independencia del poder judicial»
El portavoz de Izquierda Unida se ha mostrado totalmente a favor del anuncio de Sánchez y ha cuestionado la decisión adoptada por el Supremo asegurando que el «giro copernicano» dado por el alto tribunal es «uno de los mayores atentados a la independencia del poder judicial». Llamazares además ha asegurado que el cambio de doctrina ha provocado un «ridículo absoluto» y ha dejado «totalmente desautorizados» al presidente del tribunal y de la sala de la que ha emanado la sentencia.
Alberto Garzón: «El Gobierno de España no ha hecho nada»
El coordinador federal de Izquierda Unida se ha mostrado algo más crítico que su compañero con el anuncio del Gobierno de Sánchez. Garzón asegura que las medidas de los socialistas son un «mero gesto» que no evitará que se repercutan los costes a las «familias trabajadoras». «El Gobierno de España no ha hecho nada. Lo único que ha hecho es un gesto que sabe que es inútil porque los bancos tienen capacidad, de aquí a futuro, de repercutir ese impuesto sobre las familias trabajadoras». Ha celebrado el gesto del PSOE, pero critica que «no altera el problema fundamental»: «El problema es que el Tribunal Supremo ha intervenido para neutralizar una oleada de posibles reclamaciones de familias trabajadoras frente a un impuesto que había dicho la Justicia que tenían que pagar los bancos».
El PDeCat: «El anuncio se ha quedado corto»
La diputada del PDeCat en el Congreso Lourdes Ciuró ha asegurado que el anuncio del Gobierno se le «ha quedado corto» a su partido, aunque lo apoyarán. Pero Ciuró considera que la iniciativa solo busca «tapar las vergüenzas» del Supremo, y, en este sentido, ha lamentado que Sánchez no haya «condenado» la actuación del Poder Judicial en esta materia. «El TS recibió una llamada de los poderosos y dictó una sentencia contraria a la que ya había hecho», ha censurado la diputada catalana.
Quim Torra: «Un desprestigio para la justicia española»
El presidente de la Generalitat, Quim Torra ha aprovechado el último escándalo del Supremo para poner sobre la mesa algunas de sus exigencias. En este sentido, ha pedido la dimisión del presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial por el «desprestigio» de la justicia española que, a su juicio, se ha visualizado tanto con la polémica de las hipotecas como con los encausados soberanistas.