El Senado italiano aprueba el decreto de Salvini que endurece el trato a los inmigrantes


roma / corresponsal

Envuelto en la polémica y con un grupo de senadores del Movimiento 5 Estrellas en contra, el decreto de Seguridad e Inmigración promovido por el ministro del Interior, Matteo Salvini, pasó la votación del Senado gracias al blindaje que el Gobierno le impuso al presentarlo junto con un voto de confianza que no permite mociones a sus artículos. Ahora pasará a la Cámara de Diputados donde será presentado el próximo día 22. El decreto contó con el voto a favor de la Liga y del Movimiento 5 Estrellas, aunque cinco senadores de esta formación se abstuvieron para mostrar su rechazo a una norma que consideran «dañina para la inmigración» y que está en contra del programa de la formación. Los senadores de Forza Italia, que también se abstuvieron, provocaron momentos de tensión cuando se alzaron de sus escaños mostrando carteles de protesta contra el Ejecutivo.

El decreto endurece las normas a los que solicitan asilo al desaparecer el permiso por motivos humanitarios, que será sustituido por permisos especiales temporales, renovables cada dos años. Este período se alarga si hay graves motivos sanitarios. Además el tiempo de permanencia en los centros de repatriación aumenta de 3 a 6 meses. La solicitud de asilo será suspendida en caso de condena en primera instancia por delitos graves. Además, quien llegue condenado por terrorismo perderá la nacionalidad italiana. Al sistema de protección y solicitantes de asilo y refugio (Sprar) solo podrán acceder titulares de protección internacional y menores no acompañados.

Pistolas Taser

Entre las normas de seguridad aprobadas ha sido muy criticada la posibilidad de que los policías urbanos de ayuntamientos con más de 100.000 habitantes puedan disponer de la pistola eléctrica Taser. También se establecen penas de hasta 4 años de cárcel y fuertes multas a quienes ocupen inmuebles o bloqueen vías de comunicación. El decreto debió ser corregido antes de llegar al Parlamento tras las intervenciones del presidente de la República Sergio Mattarella, preocupado por la posible anticonstitucionalidad.

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