Bruselas cuestiona las cuentas de España, con un agujero de 3.660 millones

Estima que se crearán 70.000 empleos menos por culpa de la subida del salario mínimo hasta los 900 euros

Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos
Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos

bruselas / corresponsal

Más gasto público, más crecimiento, más consumo, más ingresos y menos déficit. Fue la receta propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez para lograr cuadrar el círculo entre el equilibrio fiscal y el gasto en los Presupuestos para el 2019. La ministra de Economía, Nadia Calviño, se encomendó al crecimiento económico y al optimismo recaudatorio para proponer a Bruselas unas cuentas expansivas, con margen de maniobra para alimentar políticas sociales olvidadas por los anteriores Gobiernos, pero la Comisión Europea (CE) no se las cree. Ayer arrojó un jarro de agua fría sobre su proyecto, como viene haciendo desde hace años con los diferentes Ejecutivos españoles.

Según cálculos de los expertos comunitarios, el déficit cerrará este año en el 2,7 %, tal como predijo el Ejecutivo, pero el año que viene habrá un desvío de tres décimas (3.660 millones de euros), a pesar del buen resultado de las exportaciones. Calviño estimó que el país cerraría el 2019 con el déficit en el 1,8 %. Bruselas insiste en que se irá al 2,1 %.

¿Por que no encajan las cifras? En primer lugar, porque el comisario de Economía, Pierre Moscovici, ha detectado un enfriamiento de la economía española, que en el 2018 y el 2019 crecerá dos décimas menos de lo previsto en verano. El PIB llegará este año al 2,6 % y al 2,2 % en el 2019. «En su quinto año de expansión, la economía ha empezado a mostrar signos de una leve desaceleración», advierte la institución. La segunda razón de esta revisión a la baja es la «incertidumbre» que rodea al plan propuesto por el Ejecutivo español para alimentar la hucha pública.

«Somos más cautos a la hora de valorar las medidas. Tenemos dudas sobre el rendimiento de ciertos impuestos», afirmó ayer Moscovici. Sus expertos admiten que «existe incertidumbre» sobre el buen funcionamiento de las medidas impositivas. Cuestionan la capacidad recaudatoria de la tasa a los gigantes digitales (un 20 % menos) y a las transacciones financieras, la eficacia de los impuestos medioambientales o la ambición en la lucha contra el fraude. Las dudas también asoman por el flanco del gasto. Las autoridades europeas apuntan con el dedo a partidas como la gratuidad de las guarderías, la extensión de los permisos de paternidad, el fin del copago farmacéutico, la extensión de ayudas a la dependencia y una potencial derrama de 1.000 millones de euros que reclama Acciona por la rescisión de un contrato público de aguas en Cataluña.

Señal de alarma

Y ¿qué hay de los desempleados? Bruselas constata el buen ritmo en la reducción del número de parados en España, cuya cifra alcanzará en el 2020 su nivel más bajo (13,4 %) desde el inicio de la crisis, pero detecta una desaceleración en la expansión del empleo. Es más, lanza una primera señal de alarma por el impacto que puede acarrear en el mercado laboral el aumento del salario mínimo a 900 euros. Según las estimaciones provisionales de sus expertos, España podría dejar de crear entre 70.000 y 80.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos dos años como consecuencia del alza salarial. «Se trata de un pequeño impacto negativo en el empleo», aseguran fuentes comunitarias. Sin embargo, la medida tendrá su contrapartida. Bruselas calcula que la Seguridad Social española podría recaudar 1.000 millones de euros más con este incremento, 500 menos de los que calculó Calviño.

La última crítica que vierte la CE en sus previsiones tiene que ver con la relajación del Gobierno de Sánchez en términos de esfuerzo estructural. A pesar de que la ministra se comprometió en sus cuentas a acometer ajustes de hasta el 0,4 % del PIB (4.880 millones), a Bruselas no le salen los cálculos. Es más, cree que el esfuerzo será de cero por el deterioro estructural acumulado de este año.

Rifirrafe con Italia

La última bengala que lanza el equipo de Moscovici tiene que ver con el alto nivel de endeudamiento. Con los Presupuestos actuales, España solo reduciría su deuda pública al 96,3 % del PIB. Un problema potencial para la estabilidad financiera en caso de crisis o estrés bancario: «Existen dudas en cuanto a la calidad y sostenibilidad de las finanzas públicas en países altamente endeudados. Podría tener consecuencias para sus sistemas bancarios», advirtió el francés.

En esa tesitura está Italia, cuyas previsiones destrozó ayer el Ejecutivo comunitario. Y eso, claro, le granjeó las duras críticas del ministro de Economía italiano, Giovanni Tria, quien aseguró que las estimaciones de los expertos de Bruselas son el fruto de un «análisis poco atento y parcial» del borrador de los Presupuestos transalpinos.

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