Moriyón pospone (de momento) la vía judicial en la crisis con la Fundación Cajastur

El pleno aparcó la votación por una cuestión técnica y la alcaldía recurrirá al Protectorado de Fundaciones. El diputado Pedro Leal apela a la Junta General y al Senado para aclarar el veto a Marta Rodil

Pleno de la corporación gijonesa
Pleno de la corporación gijonesa
agencias
Gijón

El ayuntamiento de Gijón no recurrirá por el momento a la vía judicial para esclarecer las circunstancias que motivaron el rechazo de su candidata al patronato de la Fundación Bancaria Cajastur. Al menos, hasta que el pleno decida al respecto en su sesión del mes que viene. En la de ayer no pudo hacerlo, a pesar de que el plenario recibió el informe los servicios jurídicos municipales en el que se determinaban dos salidas para el conflicto institucional: la acción en los tribunales momentáneamente descartada o el recurso al Protectorado de Fundaciones.

Esta será, por ahora, la que se adopte, aunque no se descarte la primera si así lo acuerda el pleno que ayer no pudo votar entre las dos opciones porque -a instancias del PSOE- hubo que retirar la cuestión del orden del día por una cuestión técnica: no se había redactado la pregunta correspondiente como tal. El portavoz de Xixón Sí Puede, Mario Suárez del Fueyo, cuya formación había elevado al pleno la propuesta para exigir las actas y fiscalizar las actividades de la Fundación Cajastur relacionadas con Gijón, lamentó el «regate en corto» de los socialistas.  

En consecuencia, y cautelarmente, la alcaldesa forista Carmen Moriyón anunció que -frente a un caso que considera «complejo y extraño»- se buscará el dictamen del Protectorado de Fundaciones. En paralelo, el diputado de Foro Pedro Leal anunciaba que realizará la misma solicitud a la Junta General y al Senado, a los que también reclamará el acta en el que se se acordó la aceptación del representante del Principado, Pedro Montalvo. Leal considera que se deben «facilitar las actas tanto el Principado como el órgano del Estado que legalmente desempeñe el cometido de protectorado de Fundaciones Bancarias y que ejerza las funciones de control que le son propias sobre la Fundación Cajastur». «En un estado de derecho, las decisiones estatutarias son siempre decisiones regladas y deben de estar motivadas, tanto si es para aprobar un nombramiento, como si es para rechazarlo», ha afirmado el parlamentario forista.

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