Maduro anuncia un decreto de estado de excepción y de emergencia económica

PEDRO GARCÍA OTERO CARACAS / CORRESPONSAL

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Miguel Gutiérrez | Efe

Jornada de protestas opositoras en Venezuela para exigir que se cumplan los plazos del revocatorio

17 may 2016 . Actualizado a las 12:44 h.

Nicolás Maduro anunció que quiere más poderes, expresados en un nuevo decreto de estado de excepción y de emergencia económica «para proteger al pueblo de los constantes ataques de la derecha nacional aliada con ejes de poder imperialista» y «radicalizar la revolución», mientras la crisis se agudiza y los saqueos de establecimientos se han convertido en pan de cada día.

Maduro anunció, tras el último Consejo de Ministros, que «en virtud de sus atribuciones» decretaba un nuevo estado de emergencia económica «que durará todo lo que queda de año». Sería el segundo del año, pues el primero, rechazado por la Asamblea Nacional, pero validado por el Tribunal Supremo, venció a comienzos de esta semana. El mandatario afirmó que el país «está amenazado por potencias extranjeras» y señaló que «necesita» el decreto para «derrotar definitivamente la guerra económica» a la que atribuye la escasez y la inflación anualizada que ya se acerca al 600 %.

De inmediato surgieron comentarios de que Maduro quería decretar un estado de «conmoción interior», el más restrictivo de los tres estados de excepción que contempla la Constitución, pero el abogado constitucionalista Luis Salamanca considera que la exacerbación del discurso del presidente es parte de su «campaña permanente», más ahora, que siente su mandato en peligro. «Hay que esperar el decreto, pero lo más probable es que sea de emergencia económica», pronosticó el experto. «Sería un nuevo decreto, algo que no está prohibido en la Constitución y que nuevamente tendría que aprobar la Asamblea Nacional».

De la misma opinión es el secretario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, para quien, si Maduro pretende establecerlo sin consultarlo con el Parlamento estaría concretando «un autogolpe». «Para que ese decreto tenga validez debe ser aprobado por la Asamblea, cosa que no va a ocurrir». «La única solución a la crisis es que se oiga la voz del pueblo. Nos mantendremos en la calle hasta que se concrete el revocatorio», agregó.

Jornada de manifestaciones

La oposición venezolana, que lleva a rebufo al Gobierno -que ha tenido que improvisar tres contramanifestaciones-, salió ayer a la calle para tratar de alcanzar las sedes del Consejo Nacional Electoral y exigir frente a ellas la realización del referendo revocatorio contra Maduro. Henrique Capriles, que participó en una concentración en el este de Caracas, anunció nuevas convocatorias para este miércoles en las que «volveremos a exigirle al CNE que haga su trabajo».

Maduro amenazó, ante sus seguidores en una plaza del centro de la capital, a los empresarios que han tenido que paralizar sus fábricas. «A quienes paren sus plantas para sabotear, que les pongan los ganchos [esposas] y los manden a la Penitenciaría General de Venezuela»dijo en alusión a Empresas Polar, el conglomerado alimentario más grande del país, y a su presidente, Lorenzo Mendoza. Además, convocó al Ejército y al pueblo a realizar maniobras militares el próximo sábado, en respuesta al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, que amenazó con pedir la intervención de un ejército extranjero en Venezuela.

El embajador en Brasil es llamado a consultas por la suspensión de Dilma

Nicolás Maduro llamó a consultas a su embajador en Brasil, Alberto Castellar, lo que se convierte en el primer conflicto exterior que debe afrontar el presidente interino del país amazónico. El presidente venezolano insistió en tachar de «canallada» y «golpe parlamentario» la destitución temporal de su homóloga brasileña al anunciar en televisión el regreso de Castellar. Casi al mismo tiempo, el nuevo canciller de Brasil, José Serra, emitía sus dos primeras notas. Una, dirigida a los Gobiernos de Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador y Nicaragua, para acusarlos de «propagar falsedades» sobre el proceso político brasileño. La otra se refería en exclusiva al secretario general de Unasur, Ernesto Samper. Serra es un declarado crítico del ala «bolivariana», rechazó la posición de Samper y alertó de que pudiera ser «incompatible» con su cargo.