Venezuela, golpistas con toga

Julio Á. Fariñas A CORUÑA

ACTUALIDAD

YOSET MONTES | AFP

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Venezuela dictó el pasado día 11 una sentencia en la que se declara competente para aprobar la Ley de Presupuesto Nacional de 2017 elaborado por el gobierno de Nicolás Maduro. La constitución bolivariana atribuye esa competencia en exclusiva a la Asamblea Nacional en la que en la actualidad tiene una mayoría calificada la oposición.

16 oct 2016 . Actualizado a las 15:35 h.

Con esta decisión, sin precedentes en ningún país democrático, el Tribunal Supremo venezolano, remodelado a la medida del chavismo, cuando ya había perdido la mayoría en las urnas el pasado mes de diciembre y en el que solo uno de sus magistrados reúne todos los requisitos legales exigibles para desempeñar tal cargo, está a punto de patentar una modalidad de golpe de Estado hasta ahora inédita: El golpe de los togados.

Al no presentarlo ante la Asamblea Nacional, Maduro violó siete artículos de la Constitución, según afirmó el abogado José Vicente Haro en declaraciones al diario venezolano El Nacional. Esta es una nueva aportación del socialismo del siglo XXI la larga lista de despropósitos que inauguró el fallecido comandante supremo y que con su sucesor está creciendo de forma exponencial.

La aludida sentencia de la Sala Constitucional es la respuesta a la solicitud formulada por el presidente de la República sobre el mecanismo aplicable para la aprobación del presupuesto de 2017, a la vista del desacato en el que está incurriendo la Asamblea Nacional por su decisión de reincorporar a tres diputados electos cuya proclamación había suspendido la Sala Electoral el pasado 30 de diciembre.

La justificación es burda porque aún admitiendo como irregular la reincorporación de esos tres diputados, los acuerdos que adopten los otros 109 de la oposición y los 55 oficialistas no pueden ser invalidados.

J. Á. Fariñas

Lo que en realidad se está imponiendo es un presupuesto paralelo que, según diferentes expertos, no tendrá validez jurídica. Así lo corrobora la Academia Nacional de Ciencias Económicas en un comunicado emitido dos días después de la sentencia. «Debemos advertir -dicen los académicos- que la Ley de Presupuesto Nacional es un elemento central de la política pública para el desarrollo de cualquier país. Constituye el principal instrumento para el manejo de la política fiscal de la Nación y en ella se expresan las estimaciones de los ingresos y gastos a ser realizados en el período fiscal por parte del Gobierno Central, así como las necesidades financieras adicionales que no pudieran cubrirse con ingresos ordinarios. En una sociedad democrática -concluyen-, el Gobierno Central no puede decidir arbitrariamente el nivel y composición de los ingresos y gastos públicos. Es por ello que el Presupuesto de la Nación presentado por el Ejecutivo debe aprobarlo el órgano constitucional que representa a los venezolanos, vale decir: la Asamblea Nacional».

 ¿Anularán el revocatorio?

Todo apunta a que el siguiente servicio que se disponen a prestar los golpistas togados venezolanos al madurismo es la anulación del Referendo Revocatorio, alegando un supuesto fraude en la recolección del 1% de las firmas necesarias para echar a andar ese farragoso mecanismo constitucional al que recurrió la oposición para desalojar a Maduro de la presidencia por la vía institucional. Y ello a pesar de que en su día el Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, dio por válida esa fase del proceso.

El temor de que el presidente y su partido utilicen al Tribunal Supremo para tratar de impedir un referendo que saben que tienen perdido de antemano, no es infundado. En un análisis de coste-beneficio es la salida menos mala para ellos.

Si mantienen los planes actuales de dilatarlo a base de requisitos legales para impedir que se celebre este año y así evitar unas nuevas elecciones que pueden barrer al chavismo de todos los centros de poder en el país, sería impresentable ante la comunidad internacional y extremadamente peligroso a nivel interno. Sería, casi con toda seguridad el detonante de un estallido social que podría alcanzar unas dimensiones difícilmente controlables. «Sería como intentar desactivas una bomba de tiempo arrojándole una granada», explicaba gráficamente Luis Vicente León, presidente de Datanalisis en un reciente artículo del digital venezolano Prodavinci.com.

Si le resuelve el problema el Tribunal Supremo,es más vendible como «un conflicto de poderes», que es lo que realmente está ocurriendo en Venezuela según los sesudos análisis de Pablo Iglesias, el de Podemos.

 Maduro, también un problema de salud publica

En todo este contexto encaja perfectamente el comunicado hecho publico la pasada semana por la Federación de Psicólogos de Venezuela con motivo del Día Mundial de la Salud Mental en el que se puede leer lo siguiente:

En esta oportunidad, consideramos pertinente reiterar nuestra preocupación por el acentuado deterioro de la salud psicológica de la población venezolana. Deterioro que es una consecuencia directa de la exposición prolongada a diversas situaciones, tales como: desabastecimiento generalizado, disminución del poder adquisitivo, inseguridad, polarización, conflictividad socio-política, entre otros aspectos; que provocan un estado general de estrés producto del desasosiego, frustración, desesperanza, tensión, tristeza y miedo.

La frecuencia e intensidad de las situaciones antes mencionadas está agotando los recursos psicológicos del venezolano y, por ende, poniendo en riesgo su integridad, la de su familia y su comunidad. Lo anterior está desarticulando relaciones interpersonales, familiares, sociales, y alterando la emocionalidad y la racionalidad individual y colectiva, donde los procesos de duelos son cada vez más frecuentes en especial el denominado «duelo migratorio».

Esta alerta de los psicólogos venezolanos permite concluir que la gestión de Maduro y los suyos no solo está provocando en el país gravísimos problemas políticos, económicos y de convivencia sino también de salud pública.