La Eurocámara pide suspender el derecho de voto a Hungría en la UE por su deriva autoritaria

El Parlamento Europeo aprobó la iniciativa con el voto a favor de socialdemócratas, liberales y la izquierda unitaria europea

.El primer ministro húngaro, Viktor Orban
El primer ministro húngaro, Viktor Orban

Bruselas / corresponsal

«Hola, dictador». Así recibió el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, al primer ministro húngaro, Viktor Orbán, en una cumbre europea en el 2015. Un saludo premonitorio, porque dos años después la Eurocámara ha dado luz verde a una resolución en la que se propone retirar a Hungría el derecho a voto en la UE por la deriva autoritaria de su Gobierno.

El Parlamento Europeo aprobó ayer la iniciativa con el voto a favor de socialdemócratas, liberales y la izquierda unitaria europea. Solo los conservadores del PPE, al que pertenece el partido de Orbán, y los eurófobos votaron en contra. En el texto se deja claro que dado el «grave deterioro del Estado de derecho, la democracia y los derechos fundamentales» y la «violación grave de los valores europeos» observados en el país desde que el derechista llegó al poder, es imprescindible activar el artículo 7 de los Tratados de la UE contra Hungría y suspender su voto en el Consejo hasta que las autoridades magiares reviertan medidas polémicas. Entre estas están las restricciones impuestas a la libre reunión y manifestación, la reforma de la ley educativa para forzar el cierre de la Universidad de Europa Central (de George Soros, el magnate estadounidense de origen magiar) o la legislación hostil y cruel que trata de criminales a migrantes y refugiados.

Bruselas también se sumó ayer a la ofensiva contra Orbán al anunciar que amplía el expediente que tiene abierto contra Hungría desde el 2015. ¿Por qué? Según el equipo de Juncker, Budapest no permite el acceso al asilo, ha normalizado las devoluciones de migrantes en caliente sin respetar sus derechos y ha sistematizado las detenciones de refugiados en instalaciones que no cumplen con los estándares comunitarios. Por si fuera poco, se niega a aceptar la cuota de refugiados que le corresponde. Lo mismo que su vecino de Visegrado, Polonia. Su ministro del Interior, Mariusz Blaszczak, ignoró ayer las amenazas de sanciones de Bruselas al asegurar que aceptar un solo refugiado «es ciertamente peor que sufrir sanciones». Aunque en silencio, otros países de la UE rechazan también la obligatoriedad de cuotas y muy pocos de ellos cumplirán su objetivo de acogida antes de septiembre, cuando caduca el plan de reubicación de refugiados. España sigue lejos con una cifra ínfima (886), lo que le ha valido una llamada de atención.

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