La UE quiere ampliar la factura del divorcio y someter al Reino Unido a la justicia europea
31 may 2017 . Actualizado a las 07:24 h.Saltan chispas entre Londres y Bruselas. La tensión desatada tras la demanda de divorcio británica no hace más que aumentar cada vez que la UE airea detalles que los 27 exigirán a Reino Unido como peaje por abandonar el barco. La separación será dolorosa, eso lo sabe el Gobierno de Theresa May, pero lo que no esperaba su ministro para el brexit, David Davis, es que el negociador europeo, Michel Barnier, afinase con extrema pulcritud y saña los detalles de la factura que tendrán que pagar.
Según los dos documentos de trabajo que ha hecho públicos la Comisión Europea esta semana, el francés quiere imponer dos reglas básicas antes de dar forma a cualquier acuerdo comercial con los británicos: que reembolsen lo que deben y que garanticen la seguridad jurídica de los ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido.
La primera condición promete meses de encarnizadas batallas diplomáticas. ¿Por qué? Bruselas exige a Londres que cumpla religiosamente con los pagos «en euros» vinculados a los presupuestos europeos (2014-2020). También deberá desligarse de su participación en 70 programas de la UE y renunciar a activos y propiedades comunitarias. La demanda se extiende al pago de pensiones de los funcionarios (europeos, no solo británicos), cobertura de la formación en los colegios europeos y afecta a su participación en 40 agencias europeas. Costear el traslado de las que están en su territorio y asumir su parte en proyectos conjuntos que se han puesto en marcha bajo el paraguas de la UE como el Fondo Europeo de Inversiones para pymes. ¿Qué pasa con la factura? Barnier no da cifras aunque los cálculos pueden ascender a los 100.000 millones de euros. Lo que sí asegura la Comisión en su documento es que «Reino Unido deberá honrar sus compromisos y obligaciones financieras» tomando como referencia un porcentaje «a acordar en la primera fase de negociación».
Aquí no hay lugar a dudas. La UE cierra las puertas una y otra vez al deseo de May de negociar el acuerdo de salida y el comercial al mismo tiempo. Bruselas marca el ritmo. Y lo hace también en lo que se refiere a los derechos de los ciudadanos. Barnier quiere blindar los derechos de los que ya están o de los que se vayan a asentar en el Reino Unido hasta el día antes de la salida. Exige a Londres «igual nivel de protección que el que se establece en la legislación de la UE» y garantías en cuanto al derecho de un comunitario a la residencia permanente si lleva viviendo más de cinco años de forma continuada en el país. El Gobierno británico también tendrá que respetar el «reconocimiento de las cualificaciones profesionales» de los trabajadores europeos asentados antes de la salida.
¿Cómo dirimir disputas si los británicos no cumplen? Barnier deja claro que cualquier denuncia deberá pasar por el Tribunal de Justicia de la UE, en lo que parece un intento de someter al Reino Unido a su autoridad.