La oposición: «La violencia tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro»

Pedro García Otero CARACAS / CORRESPONSAL

ACTUALIDAD

Miguel Gutiérrez | EFE

La fiscal general desafía al Supremo e impide tomar posesión a su posible sustituta

07 jul 2017 . Actualizado a las 07:47 h.

Respaldada por la contundente condena internacional al sangriento asalto al Parlamento, la oposición no dudó en atribuir ayer la culpa al Gobierno. El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Julio Borges, fue contundente: «La violencia tiene nombre y apellido, se llama Nicolás Maduro». Según denunció, entre los atacantes había candidatos a la Constituyente y dirigentes del partido que sostiene al Gobierno, uno de los cuales resultó herido de bala a resultas del mal uso de las armas. Henrique Capriles denunció que el inacabable asalto, de siete horas de duración, fue planificado y, ante la pasividad de la Guardia Nacional Bolivariana para defender el recinto, sugirió que la seguridad dependa en el futuro de los legisladores.

Pero los acontecimientos en Venezuela se aceleran con ritmo de vértigo y ayer ya se desplegó una nueva batalla en el pulso que libran Gobierno y oposición. La vicefiscal general designada por el Tribunal Supremo, Katherine Harrington, intentó ingresar a su despacho pero no pudo hacerlo al impedírselo personal de seguridad que cerró las puertas de la sede del ministerio público. Tras pasar poco más de una hora frente a la institución, la funcionaria, acusada de usurpación de funciones pues su nombramiento debió haber sido hecho por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y ratificado por la Asamblea Nacional, aseguró que «vamos a esperar un poquito».

Inmediatamente después de retirarse del sitio, la sala plena del Supremo anunció la convocatoria para decidir el destino de Ortega, a quien le fue impuesto un antejuicio de mérito, también calificado de ilegal al no ser decidido por el Parlamento como primera instancia, aunque no venció el plazo de cinco días que se dio el mismo tribunal para escuchar los alegatos contra la fiscal presentados por el exdiputado chavista Pedro Carreño. Ortega recusó a 13 de estos magistrados y señaló, tras la negativa de estos a abstenerse de participar en sus propias causas, que desconoce a todo el tribunal, desconocimiento que también ha realizado la Asamblea Nacional.

Las dos sedes principales de la Fiscalía en Caracas fueron rodeadas por los mismos colectivos que el día anterior atacaron la Asamblea Nacional. Los edificios se encontraban cerrados, con sus rejas protectoras, pero sin custodia militar. Esta vez no hubo violencia. Ortega señaló que responsabilizaba a la policía política (Sebin) y a la Guardia Nacional de lo que ocurriera en la Fiscalía, y denunció «la pretensión arbitraria de la vicefiscal nombrada por el Supremo de ingresar al Ministerio Público».

En Caracas se divulgó la versión de que Ortega Díaz sería detenida, pero fue su esposo, el chavista disidente Germán Ferrer, el que desmintió la especie. «El Tribunal Supremo de Justicia tendría que ordenar la aprehensión, pero hasta donde sabemos, eso aún no se ha hecho», señaló.

En tanto, circuló también la carta de renuncia de Harrington a la Fiscalía, hecha efectiva en 2015, en la que la vicefiscal no reconocida por la mitad de los poderes públicos señalaba que había tenido «parcialidad política» por haber sido viceministra de Interior, cargo en el que la puso Nicolás Maduro ese mismo año, cuando se convirtió en la única civil sancionada por la Lista Obama contra siete venezolanos acusados de violación de derechos humanos. Harrington, según se afirma, tiene relación sentimental con Gustavo González López, director del Sebin, a quien Ortega Díaz acusó la semana pasada de violación de derechos humanos y que tiene un oscuro historial de represión y torturas contra manifestantes que ha sido recopilado por oenegés de derechos humanos.

Detenidos más de 120 militares por traición o rebelión desde el comienzo de las protestas

Un general venezolano habría sido detenido por negarse a participar en el desfile del 5 de julio, día de la Independencia, según versiones que circularon el jueves en las redes sociales. La parada militar, la más importante del año, fue reducida en duración, y especialmente en participación de las fuerzas aéreas. Adicionalmente, la tarima presidencial fue cambiada de lugar por razones de seguridad, según destacaron analistas militares.

También el 5 de julio fue detenido el general retirado Hidalgo Valero, hermano de Jorge Valero, embajador venezolano ante la ONU en Ginebra, Suiza, tras llamar a una protesta militar. Según documentos a los que tuvo acceso Reuters en Caracas, en total son ya 123 los militares que han sido detenidos desde que comenzaron las protestas contra el Gobierno el pasado abril. Los cargos que se les imputan van desde traición y rebelión hasta robo y deserción.

La agencia corrobora lo que hace unas tres semanas denunció el dirigente opositor Henrique Capriles, quien parece tener contactos en el interior de las Fuerzas Armadas: al menos 91 de estos militares se encuentran en Ramo Verde, la misma prisión militar en la que purga una condena de 13 años Leopoldo López, otro dirigente de la disidencia.

De los detenidos, puntualiza Reuters, 40 lo están por rebelión, traición o insubordinación; 30 por desertar o abandonar sus puestos, y los restantes, en su mayoría, por sustracción de bienes pertenecientes a las Fuerzas Armadas, en un país en el que se ha vuelto común que los delincuentes detonen granadas o porten fusiles de uso exclusivo del ejército. «Los documentos militares vistos por Reuters, que cubren las detenciones hasta mediados de junio, parecían apoyar las afirmaciones de los líderes de la oposición de que la ira y la disidencia entre los soldados que viven difíciles condiciones económicas está más extendida», señala la agencia.

«Rambitos»

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, señaló el lunes, en un cuidado mensaje en vídeo, que «la oposición está buscando ‘Rambitos’ para dar un golpe de Estado». Maduro suele declarar en el mismo sentido, afirmando, adicionalmente, que una potencial insurrección militar tiene el apoyo de EE.UU. Justamente, en el desfile del 5 de julio, el mandatario pedía «lealtad» a las Fuerzas Armadas, señalando que «solo ella (la lealtad) garantiza la paz de la República».

Almagro convoca una sesión urgente de la OEA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó una sesión extraordinaria urgente de los embajadores ante este organismo, para «conforme al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana abordar los recientes acontecimientos de la crisis política en Venezuela». El excanciller uruguayo condenó en duros términos el asalto al Parlamento y señaló que el mismo constituye una «muestra de una nueva acción dictatorial en Venezuela». En su solicitud al presidente del Consejo Permanente de la OEA, el embajador brasileño José Luiz Machado e Costa, le pide que la reunión se realice en la tarde del viernes «si lo permite la agenda». Es la tercera vez en los últimos tres meses que la OEA se reúne para evaluar la situación venezolana.

En la última de estas reuniones, el 18 de junio, en el marco de la Asamblea General de la OEA, a Almagro le faltaron solo tres votos para lograr una moción de aplicación de la Carta Democrática Interamericana al Gobierno de Maduro. Estos votos podrían existir ahora, porque el primer ministro de Granada, Keith Mitchell, pidió, en el marco de una reunión de mandatarios de la Comunidad del Caribe (Caricom), una postura común sobre Venezuela. Otros países que se abstuvieron, como República Dominicana, están sintiendo presión interna para condenar al Gobierno de Maduro.

El de Almagro no fue el único movimiento de repulsa internacional. El comisionado de la ONU para los derechos humanos condenó el ataque y reclamó que la investigación que se ha abierto sea «rápida, eficaz e imparcial». La Unión Europa, por su parte, instó al Gobierno de Maduro que garantice la seguridad de la Asamblea Nacional y la integridad de las instituciones democráticas. El Partido Popular Europeo, mayoritario en la Eurocámara, exigió la aplicación de sanciones.