La ONU denuncia torturas y violencia generalizada del Gobierno de Maduro

«Hay miles de detenciones arbitrarias y uso sistemático de fuerza excesiva», critica

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CARACAS / CORRESPONSAL

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos denunció «uso generalizado y sistemático de fuerza excesiva, y detenciones arbitrarias contra manifestantes» en Venezuela, en un comunicado suscrito por el jefe de ese despacho, Zeid Ra'ad Al Hussein, en el que también se indicó que «varios miles de personas han sido detenidas arbitrariamente, muchas de ellas víctimas de malos tratos e incluso de torturas», según las «entrevistas realizadas a distancia» que la ONU ha realizado, en vista de que el Gobierno de Nicolás Maduro impidió el acceso al país.

«Según indicios verosímiles, las fuerzas de seguridad han infligido tratos crueles, inhumanos o degradantes a los detenidos, y que en algunas ocasiones han recurrido a la tortura», señala el informe de Al Hussein, que también denunció el uso de «choques eléctricos, prácticas de colgar a los reos de las muñecas durante períodos prolongados, asfixiarlos con gases y amenazarlos con la muerte, y en algunos casos con la violencia sexual, a ellos y a sus familiares. Estas violaciones ocurren en plena ruptura del estado de Derecho en Venezuela. La responsabilidad de las violaciones de derechos humanos corresponde a los más altos niveles del Gobierno».

Hasta el 31 de julio, indica el informe, más de 5.000 personas han sido objeto de detenciones arbitrarias en la escalada de violencia que vive ese país. Abogados de derechos humanos en Caracas señalaron que la denuncia de la ONU es importante porque obligaría al Tribunal Penal Internacional a una eventual demanda por crímenes de lesa humanidad contra Maduro y miembros de su Gobierno.

La denuncia no hace más que agravar el aislamiento internacional del régimen. Ayer, 17 cancilleres de Latinoamérica, que cuentan con el aval de España, el Reino Unido y Estados Unidos, entre otros, se reunieron en Lima para discutir la manera de impulsar el diálogo en Venezuela. 

Nuevo paquete de sanciones

Estados Unidos prepara ya un nuevo paquete de sanciones contra funcionarios venezolanos que incluiría impedir que ciudadanos de ese país tengan negocios con ellos y congelarán sus activos en jurisdicción estadounidense, además de ampliar el número de personas sancionadas. En esa primera lista ya figura el propio Maduro, que es uno de los cuatro presidentes en ejercicio incluidos en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (los otros tres son Kim Jong-Un, Bachar Al Asad y Robert Mugabe.

El panorama de complicaciones internacionales para el Gobierno chavista se completa con el rechazo de la asociación de procuradores (fiscales) de Mercosur -y otros países latinoamericanos, entre ellos España- a la destitución por parte de la Asamblea Constituyente de la fiscal Luisa Ortega Díaz. «Es un claro atentado a la autonomía e independencia del Ministerio Público venezolano», señaló el comunicado suscrito por los representantes de las fiscalías de los cuatro países, cuyos Gobiernos, suspendieron a Venezuela indefinidamente del bloque comercial.

Cinco alcaldes disidentes encarcelados en dos semanas

con la orden de detención a Ramón Muchacho (alcalde del municipio caraqueño de Chacao) ya son 36 los alcaldes (sobre un total de 77 pertenecientes a la oposición) que en los últimos tres años han sido apresados, perseguidos o inhabilitados por el Gobierno de Nicolás Maduro, y cinco en las últimas dos semanas. 

A Muchacho -como en semanas recientes, al alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, hoy preso en la sede de la policía política, o a Carlos García, alcalde de Mérida, en fuga-, se le ha aplicado el expediente del «desacato», a una sentencia del Tribunal Supremo para impedir los cierres de vías en sus municipios.

La Sala Constitucional, en un ejercicio que, han señalado juristas, excede sus funciones, los condena a una sentencia estándar de 15 meses por desacato y además, los inhabilita políticamente. Esta manera de coacción se inició durante las protestas de La Salida, en el 2014, por las que está preso Leopoldo López y también Daniel Ceballos, alcalde de San Cristóbal, quien pese a estar sentenciado, primero, a 12 meses de cárcel, continúa en arresto domiciliario más de tres años después porque en el camino se le han imputado otros delitos como agresión a la autoridad… Siempre cuando está a punto de quedar libre.

Además, el Consejo Electoral inició las gestiones para la inscripción de candidaturas a gobernaciones, a las que la oposición es reacia por su evidente favoritismo hacia el chavismo. En siete estados no podrá participar con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática por el supuesto fraude, nunca probado, en la recolección de las firmas para el referendo revocatorio por el cual se suspendió el proceso en octubre, dando paso a la actual crisis política en Venezuela.

Los constituyentes invaden el espacio del Parlamento

Finalmente, la Asamblea Constituyente ocupó, con ayuda de la Guardia Nacional, el hemiciclo del palacio Legislativo, que por tradición corresponde al Parlamento. Y lo hizo evitando, a través de las fuerzas del orden, que la Asamblea Nacional, electa por 14 millones de venezolanos, sesionara durante el día de ayer, mientras, adicionalmente, comenzaba a discutir si allanará la inmunidad parlamentaria de los 112 diputados opositores.

«No nos dejan pasar al palacio legislativo. Este Gobierno invade los espacios que no es capaz de ganar legítimamente», indicó el diputado Stalin González. Como habían hecho de ello un punto de honor, los constituyentes chavistas (no hay opositores en el nuevo órgano, pues el proceso ha sido boicoteado tanto interna como externamente), colocaron de nuevo los retratos de Hugo Chávez y de Simón Bolívar (este último, el que se obtuvo después del examen forense de los restos del héroe sudamericano) en el hemiciclo del Parlamento, que había retirado la mayoría de la Asamblea Nacional cuando se instaló en enero del 2106.

La Constituyente había iniciado sus sesiones, el viernes, en el Salón Elíptico del mismo palacio, cuya administración corresponde al Ejecutivo, pero el sábado, en la sesión en la que también destituyó a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz (otra decisión que ni la propia Ortega ni buena parte de la comunidad internacional reconocen), decidió que podría usar «todo el Palacio Legislativo». El Parlamento reconocido por el mundo democrático, tendrá ahora que luchar contra la Guardia Nacional que mantiene rodeado el palacio o buscar una sede alternativa.

La oposición responde con «trancones»

Centenares de venezolanos cerraron las principales vías en Caracas y otras ciudades en un «trancón», como ha sido denominado, que en esta ocasión se solidarizó con los alcaldes opositores que están siendo apresados e inhabilitados por decisiones del Tribunal Supremo y en rechazo a la Asamblea Constituyente. La actividad urbana, que ya estaba limitada a las horas de luz diurna por la inseguridad, se ha reducido aún más y prácticamente se termina al mediodía, cuando comienzan las barricadas, especialmente en las zonas más comerciales. 

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