Maduro promueve una ley que castiga más los escraches que los homicidios

La Constituyente promoverá una «comisión de la verdad» para juzgar las manifestaciones de los últimos meses

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caracas / corresponsal

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, entregó a la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, controlada por sus afines, un proyecto de ley contra el odio que permitirá sentencias de entre 15 y 25 años de cárcel a las personas que hagan escraches contra funcionarios, penas mayores a las que tiene el Código Penal por el delito de homicidio.

El mandatario afirmó que «es necesario parar las manifestaciones de odio y de intolerancia», mientras la propia Asamblea Constituyente (que el jueves se arrogó la potestad de controlar todos los demás poderes y reformar todo el sector público), anunció la creación de una «comisión de la verdad», con capacidad para juzgar a la oposición por los cuatro meses de protestas que ha vivido el país.

Maduro encabezó un acto de la Constituyente en el hemiciclo del Parlamento en el que señaló, en relación a las recientes manifestaciones, que  «tiene que llegar la justicia, justicia severa con los asesinos. No importa el nombre, no importa el apellido, no importa el cargo, que vaya a la cárcel quien llamó a la violencia y a la muerte, cárcel para ellos», agregando que impulsará un diálogo con la oposición, que será «por las buenas o por las malas».

Inmediatamente después de su intervención, Tarek William Saab, el fiscal general designado por la Constituyente (aunque no lo reconocen Estados Unidos, la Unión Europea ni 17 naciones latinoamericanas) anunció que se «investigarán todos los casos de muertes durante las protestas», aunque la fiscal general destituida, Luisa Ortega Díaz, ha señalado que de todos los homicidios registrados durante los más de 120 días de protestas, solo tres son de funcionarios y prácticamente todos pueden atribuirse a la Guardia Nacional, a la Policía Nacional o a los colectivos paramilitares al servicio del Gobierno venezolano.

Mientras, Amnistía Internacional, alertó sobre un «nuevo y atemorizante incremento de la represión en Venezuela», orientado, justamente, contra la oposición política. «Al quitar a funcionarios de sus puestos sin ningún motivo legítimo, la Administración de Maduro está cruzando una línea muy delicada», dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, en alusión a la detención de cinco alcaldes opositores y los juicios por «desacato» a decisiones del Tribunal Supremo de Justicia contra otros once que rápidamente pudieran seguir el mismo destino.

«El Gobierno de Maduro está intentando imponer un control extremo sobre cualquier forma de disidencia», indicó Guevara-Rosas, preguntándose «¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Gobierno venezolano para silenciar a quienes piensan diferente? La respuesta es aterradora».

Según la oenegé Foro Penal Venezolano, ya son 626 los presos políticos en Venezuela, cuando en abril había cien; más de cinco mil personas han sido privadas ilegítimamente de su libertad durante estos cinco meses.

Desde Madrid, Fernando Palacios, presidente del Partido Nacional Liberal Cubano, indicó que el Gobierno de Maduro «copia los métodos cubanos. Quien gobierna Venezuela es el Gobierno cubano».

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