El régimen de Maduro, a la caza de la fiscal general destituida y su marido
ACTUALIDAD
Le acusa de formar parte de una trama que habría utilizado la Fiscalía para lucrarse mediante la extorsión
17 ago 2017 . Actualizado a las 23:22 h.Germán Ferrer, diputado exchavista y esposo de la fiscal general de Venezuela destituida, Luisa Ortega Díaz, fue denunciado, acusado y cesado de su cargo (pese a su inmunidad parlamentaria) en un solo día por la Asamblea Constituyente y por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ferrer, uno de los fundadores del partido de Hugo Chávez, se halla en paradero desconocido, al igual que su esposa. Desde donde se encuentran afirmó que los cargos presentados contra él por Diosdado Cabello, número dos del régimen, son falsos. El número dos del régimen afirma que tiene documentos que demuestran que Ferrer y funcionarios del Ministerio Público pedían dinero en dólares a empresarios relacionados con Petróleos de Venezuela a cambio de la suspensión de acciones penales en su contra. La recaudación ascendería a unos 5 millones de euros que supuestamente habrían depositado en cuentas en Bahamas. .
El Gobierno de Maduro, con la Fiscalía controlada por Tarek William Saab, la Constituyente y el TSJ, desató su furia contra la fiscal Ortega, que es la que reconoce la comunidad internacional, y contra Ferrer. Mientras denunciaba al diputado, lo despojaba automáticamente de su inmunidad y ordenaba su detención, allanaba su vivienda y se llevaba ordenadores en busca, según denunciaron allegados a la fiscal, de pruebas que incrimina a altos funcionarios del Gobierno en el caso Odebrecht.
Igualmente, imputaron por supuesta extorsión a Pedro Lupera, el fiscal que lleva el caso y que es el más veterano magistrado en delitos de corrupción. Lupera también está huido al igual que su asistente, Luis Sánchez.
Motín carcelario
A más de 1.000 kilómetros al sur de Caracas, en Puerto Ayacucho, el enfrentamiento entre reclusos y guardias nacionales en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja) dejó al menos 37 reclusos muertos y seis funcionarios heridos, según el gobernador Liborio Guarulla.