La UE impone un embargo de armas y material represivo a Venezuela

Cristina Porteiro
Cristina Porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

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MARCO BELLO | Reuters

Estas primeras sanciones se ampliarán si Maduro sigue reprimiendo a la oposición

14 nov 2017 . Actualizado a las 07:26 h.

«Ninguna medida está pensada para dañar a los venezolanos. Queremos apoyarlos», trató de calmar el lunes en Bruselas la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, después de que los 28 Estados miembro de la Unión Europea dieran luz verde de forma unánime al embargo de armas y material susceptible de ser utilizado para la «represión interna» en Venezuela. Las primeras sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.

La decisión llevaba tiempo incubándose en el Consejo al calor de los acontecimientos en el país iberoamericano. La violencia institucional, las detenciones de presos políticos, la falta de transparencia en las citas electorales, la concentración de poder, la polarización de la sociedad y la cabalgante crisis humanitaria en el país han empujado a la UE a adoptar sanciones largamente aplazadas. «Nosotros preferiríamos que ese diálogo tantas veces anunciado y frustrado acabe siendo una realidad y haga innecesario seguir adelante con este proceso», aseguró el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis.

Gradual y flexible

El mecanismo de sanciones está en su fase inicial. Es «gradual y flexible», pero también «expandible». La UE podría dar pasos hacia una segunda fase si el Gobierno de Nicolás Maduro no da marcha atrás en su ofensiva contra la oposición. Los Veintiocho ya está pasando la lupa a algunos individuos relacionados con el régimen venezolano a los que se les podría imponer sanciones individuales (prohibición de visado y congelación de activos) si se demuestra que han tenido relación con la violación de derechos humanos, el Estado de derecho o los principios democráticos. Ese salto a la fase dos no llegaría hasta principios del 2018. Hasta entonces el Gobierno de Nicolás Maduro tiene tiempo para poner a cero la cuenta atrás. Dependerá de su voluntad de dialogar.

«Las medidas pueden ser revertidas dependiendo de la evolución de la situación en el país», aseguran los ministros en su comunicado. Hay ciertas condiciones sin las que la UE no está dispuesta a aceptar una tregua: Negociaciones «creíbles», respeto a las instituciones democráticas, calendario electoral preciso y libertad para todos los presos políticos. Todos los criterios se engloban dentro de la llamada urgente que ha hecho la UE para «restaurar la legitimidad democrática a través de elecciones libres y justas». Y es que los 28 no reconocen los resultados de las últimos comicios de gobernadores regionales del pasado 15 de octubre por las «numerosas irregularidades» detectadas. Tampoco otorga ninguna legitimidad a la Asamblea Constituyente, el organismo paralelo utilizado por Maduro para sortear a la Asamblea Nacional, en manos de la oposición.

«Erosionó las instituciones democráticas e independientes», denuncian los Veintiocho. Todos exigen máxima transparencia, equilibrio en la composición del Consejo Nacional Electoral y diálogo. «La negociación es el único camino sostenible para abordar esta crisis», insiste la UE.

El fantasma de la suspensión de pagos agrava la crisis

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Venezuela, ahogada por una profunda crisis económica, se asoma ahora al abismo financiero. Con el reloj en contra, el Gobierno de Nicolás Maduro inició el lunes una crucial negociación con sus acreedores internacionales para tratar de renegociar una deuda que asciende a la friolera de 150.000 millones de dólares. Monumental. Tan monumental que equivale al valor de casi cuatro años de exportaciones de hidrocarburos venezolanos.

Si no consigue convencerlos, el país se verá abocado a la bancarrota. Una posibilidad que Maduro rechazó de plano el domingo: «Han jugado a que Venezuela se declare en default [suspensión de pagos] ¡Nunca! El default nunca llegará a Venezuela. Nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda»,

Sin embargo, los analistas no confían en que las negociaciones lleguen a buen puerto. Entre otras cosas porque el grueso de los bonos de Venezuela están en manos de inversores norteamericanos, y las sanciones que Estados Unidos le ha impuesto al país caribeño les impiden negociar los términos de esa deuda. Por si eso fuera poco, Maduro ha colocado al frente de las conversaciones con los acreedores al vicepresidente, Tareck El Aissami, y al ministro de Finanzas, Simón Zerpa. Y eso complica sobremanera las cosas porque la Administración Trump ha sancionado a los dos funcionarios y ha prohibido a sus ciudadanos cualquier trato con ambos. Algo parecido sucede con los inversores canadienses, con una parte importante de deuda venezolana en sus carteras.

Pero, por encima de todo, lo que más preocupa a los analistas es que para poder refinanciar la deuda hace falta un plan eficiente. Y Maduro carece de él porque las arcas públicas están exhaustas. Los precios del petróleo ya no son los que eran. Ni de lejos, Y la producción de crudo del país no ha hecho otra cosa que caer durante los últimos meses. Venezuela vive del oro negro y ahora sus niveles de bombeo están en los niveles más bajos en 30 años.

Con una economía devastada y una reservas internacionales (los recursos financieros en divisas con los que cuenta un país para garantizar los pagos de los bienes que importa, de la deuda y para estabilizar la moneda) de solo 9.700 millones de dólares, lo de la bancarrota es, dicen los analistas, solo cuestión de tiempo.