Denuncian que los inmigrantes ilegales que llegan a España, que se triplicaron en el 2017, están hacinados en centros deficientes y apenas tienen asistencia jurídica
17 ene 2018 . Actualizado a las 06:58 h.Tratar de emigrar de forma ilegal es una situación de alto riesgo. Encontrar una vida mejor, que sería muy mala para muchos de los habitantes del primer mundo, es un camino plagado de minas en el que hasta la propia supervivencia está en juego. La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó ayer un demoledor informe sobre la realidad de este sueño europeo, un trabajo de campo en el que se habla del «muro invisible» con el que se topan quienes consiguen llegar indemnes en pateras a la frontera sur. Una pared de arbitrariedad, irregularidades, inseguridad jurídica y falta de garantías levantada hasta conseguir que el destino de una persona que alcanza la costa española sea «una lotería» y dependa no del Estado de derecho, sino de la voluntad de quien esté al mando en cada momento.
las rutas
Se triplica la llegada de inmigrantes. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) señala que en el 2017 se registró un nuevo récord en la llegada ilegal de inmigrantes a España, el triple que en el 2016. Más de 22.100 personas arribadas a las costas y más de 6.800 entradas irregulares por Ceuta y Melilla. Destacan las rutas de Nador a Almería (5.680 llegadas) en lanchas neumáticas de motor; del área de la frontera entre Marruecos y Argelia hasta Motril (3.833 llegadas); de Tánger a Málaga, que es la más utilizada por los subsaharianos (2.300 llegadas), y de Argelia a Murcia (1.717), sobre todo a finales del 2017. También se han detectado nuevas rutas, todavía más peligrosas, como la de Larache y Asilah (Marruecos) hasta Barbate, en las que se navega por mar abierto por el Atlántico con barcos de madera de motor, en el mejor de los casos. A Cádiz llegaron por esta vía e incluso en motos de agua o en barcas de juguete 6.691 personas en el 2017. La entrada por las islas Canarias sigue siendo todavía residual, a pesar de las muertes del lunes. La situación cada vez más crítica en Marruecos, por el desmantelamiento de campamentos donde vive población subsahariana desplazada «que tal vez no tenía previsto un cruce de fronteras» , y las protestas en el Rif son las principales razones de este incremento, según el CEAR.
en puerto
Instalaciones insalubres. Los inmigrantes pagan una media de más de 4.000 euros por estos pasajes de alto riego. Solo el año pasado 223 personas, según datos de la Organización Internacional de las Migraciones, murieron o desaparecieron en el intento. Una vez en puerto, estas personas son sometidos a una revisión sanitaria por la Cruz Roja y después, puestos a disposición de las fuerzas de seguridad, que los detienen durante un máximo de 72 horas. No hay instalaciones adecuadas para ellos y depende del puerto al que arriben: pueden acabar como en Málaga, en «una carpa que se monta y se desmonta» porque no se permite un puesto fijo, o como en Motril, en una antigua lonja de pescado «con el hedor de aguas residuales» primero y en unos calabozos «insalubres» después. «Los centros donde les detiene la policía no son compatibles con un Estado de derecho», resume Paloma Favieres, directora de campañas del CEAR.
derechos
Sin asistencia jurídica. Según Estrella Galán, secretaria general de esta organización, los inmigrantes están casi siempre «desprotegidos legalmente». «Depende del sitio al que lleguen, se presta de una manera diferente». La excepción es Málaga, que tiene un turno de oficio organizado. En el resto de los puntos de desembarque, los migrantes no ven a un abogado hasta que no se ha incoado ya el proceso (sancionador) de devolución, así que no tienen oportunidad de preparar su declaración inicial ni de conocer sus derechos. También se dan otras irregularidades, como la falta de intérpretes.
Internamiento colectivo
Los cuestionados CIE. Según esta organización, el internamiento «debe ser la última medida», pues el sistema tiene «alternativas» de acogida para estas personas. A pesar de ello, la medida es adoptada sistemáticamente por los jueces» que firman incluso «autos tipo» para ordenar el ingreso en los centros de internamiento (CIE). «Es difícil seguirle la pista a cada una de las actuaciones. En el mismo sitio, con la misma nacionalidad y la misma situación administrativa, se dan distintas decisiones», según Favieres. Ejemplos, los casos de las seis costamarfileñas que han pasado 58 días en el CIE de Aluche o el uso de la cárcel de Archidona (Málaga) para internar a migrantes a su llegada, «una muestra real de improvisación».