El Gobierno belga propone registrar casas en busca de inmigrantes ilegales
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Detrás de la polémica ley está el partido de Francken, el «amigo» de Puigdemont
24 ene 2018 . Actualizado a las 07:02 h.Registros indiscriminados en casas particulares a cargo de la policía. Es el último plan que ha ideado el Gobierno belga para localizar a inmigrantes ilegales en Bélgica, arrestarlos y expulsarlos. La propuesta, convertida en proyecto de ley, lleva la firma de los conservadores flamencos de la CD&V y sus socios independentistas de la N-VA, el partido al que pertenece el secretario de Asilo belga, Theo Francken, «amigo» declarado de Carles Puigdemont y protagonista de numerosos escándalos políticos.
Este último giro de tuerca en materia migratoria ha despertado la indignación de los partidos de la oposición, activistas y hasta organizaciones profesionales de jueces, quienes han arremetido con dureza contra una medida que les hace cómplices y que podría desembocar en una auténtica caza de brujas. Son los propios magistrados quienes deberán extender un permiso para poder entrar a la fuerza en cualquier vivienda donde se sospeche que se cobijan inmigrantes irregulares.
«Es escandaloso (...) La medida hará que se persiga a personas que no han cometido más delito que el de no tener papeles en regla. Solo busca asustar y criminalizar la solidaridad», aseguró el diputado ecologista Benoit Hellings, quien cree que se están arrebatando libertades y derechos fundamentales como es la «inviolabilidad del domicilio» que hasta ahora solo se producía en casos de crímenes graves. Ni siquiera los registros y redadas por sospechas de actividad terrorista se ejecutaban con tanta libertad, al menos hasta que se produjeron los atentados yihadistas del 2016 en Bruselas.
La persecución legal a la que se les quiere someter concuerda a la perfección con la hoja de ruta del ultraderechista y xenófobo Francken, quien recientemente estuvo en el centro de la polémica al acordar con el Gobierno autoritario de Sudán la deportación masiva de sus nacionales, a pesar de las advertencias de las oenegés, quienes denuncian insistentemente la violación de derechos humanos, el trato denigrante y las torturas a las que son expuestos si regresan a su país de origen. El secretario de Asilo, quien ofreció refugio al expresidente catalán, se lo negó en el 2016 a una familia siria que había sido acogida por otra belga. No solo dio la batalla legal para echarlos del país sino que celebró en las redes su expulsión.