May niega derecho de residencia a los europeos en la transición del «brexit»

Cristina Porteiro
cristina porteiro BRUSELAS / CORRESPONSAL

ACTUALIDAD

DAN KITWOOD | Efe

La Eurocámara advierte que no habrá prórroga si diluye sus compromisos con la UE

02 feb 2018 . Actualizado a las 07:15 h.

Nadie negocia mejor que los británicos. Es una opinión extendida en toda la UE, donde su fama les precede. El estatus privilegiado del Reino Unido en la UE se ganó a golpe de negociación. Y es una tradición que la actual primera ministra, Theresa May, no quiere abandonar con el brexit llamando a las puertas de Downing Street.

Con menos agilidad que sus predecesores, May logró convencer a la UE de avanzar a la segunda fase de negociaciones del divorcio el pasado diciembre. Lo hizo garantizando plenos derechos de residencia a los ciudadanos europeos que lleguen a la isla antes del brexit. El compromiso sonó a victoria en Bruselas porque nadie les había leído la letra pequeña.

En plena gira asiática, May anunció este jueves su intención de denegar cualquier derecho a los ciudadanos de la UE que arriben al Reino Unido durante la fase de transición que arrancará en la fecha efectiva del brexit (29 de marzo del 2019) y culminará el 31 de diciembre del 2020. Se trata de una prórroga que Londres pidió a los 27 para garantizar un aterrizaje suave fuera de la Unión. «Hay una diferencia entre aquellos que llegaron antes de que nos fuéramos y los que llegaron sabiendo que nos íbamos», sostuvo desde Pekín, donde se reunió con el presidente chino, Xi Jinping. Los británicos tratan de garantizar que no se quedarán aislados una vez que se consuma el divorcio con la UE. El mandatario chino garantizó que su país seguiría trabajando a favor de un «desarrollo sano y estable de los lazos bilaterales».

No sentó nada bien en Bruselas la sugerencia de May. El responsable de la Eurocámara para el brexit, Guy Verhofstadt, salió al paso para advertirle que no habrá rebajas: o cumple con la legislación comunitaria «sin excepción» o no habrá fase de transición para facilitar la desconexión. «Para que la transición funcione debe significar una continuación del acervo existente sin excepciones», insistió el belga, para quien los derechos de los europeos «no son negociables».

Los negociadores de la UE se lo temían. Sospechaban que May acabaría pidiendo acceso al mercado interior durante el período transitorio regateando su compromiso con la libertad de circulación. «La posición del Reino Unido es muy poco práctica. Llevará a problemas realmente complejos. Muchos ciudadanos que llegarán en el período de transición se encontrarán en un limbo jurídico a su término», denunció durante una audición en el Parlamento Europeo el profesor de Económicas del King´s College, Jonathan Portes, quien no descarta un «volantazo» si cae el Gobierno de May.

El experto jurídico Steve Peers no cree que el Ejecutivo británico vaya a conceder un estatus de residencia a los ciudadanos europeos en Reino Unido. «Es un problema porque no parece que tengan intención de cerrar compromisos jurídicamente vinculantes», indicó. Sus sospechas por ahora se han cumplido. Londres todavía no ha traducido sus promesas en un texto legal. Prefiere negociar que legislar. Esa pereza se traduce en incertidumbre para los 3.1 millones de europeos que viven al otro lado del Canal de la Mancha y otros miles que están aplazando decisiones laborales y familiares por la falta de seguridad jurídica. «Estamos muy lejos de garantizar certeza jurídica para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos comunitarios. Espero sin optimismo», admitió la vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles de la Eurocámara, Barbara Spinelli.