Sarkozy será juzgado por corrupción y tráfico de influencias

EFE

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Gonzalo Fuentes | REUTERS

Junto al expresidente francés también se sentarán en el banquillo su abogado, Thierry Herzog, y el antiguo magistrado Gilbert Azibert

29 mar 2018 . Actualizado a las 17:12 h.

El expresidente de Francia Nicolas Sarkozy será juzgado por el Tribunal Correccional por corrupción y tráfico de influencias en el llamado caso de las escuchas, según informa el diario Le Monde.

Junto a él, según el rotativo, también se sentarán en el banquillo, tal y como lo había solicitado la Fiscalía Nacional Financiera el pasado octubre, su abogado, Thierry Herzog, y el antiguo magistrado Gilbert Azibert.

La investigación se dio por finalizada en el 2016, pero diversos recursos han alargado el proceso, y la decisión de los jueces de instrucción, que puede ser recurrida por los afectados.

Los magistrados habían pinchado el teléfono de Sarkozy ante las sospechas de que pudo recibir financiación del régimen libio de Muamar El Gadafi (1969-2011) durante la campaña que en el 2007 le llevó al Elíseo, algo por lo que fue imputado el pasado 21 de marzo.

En esas escuchas descubrieron conversaciones entre el expresidente y su abogado de las que se deducía que trataban de obtener, a través del juez Azibert, información secreta de otro sumario que investigaba si Liliane Bettencourt, heredera del imperio cosmético L'Oréal, financió ilegalmente su campaña de 2012.

Algunas de esas conversaciones fueron publicadas en la prensa y dejaban entrever que Sarkozy estaba dispuesto a ayudar al juez a obtener un puesto en Mónaco a cambio de que influyera en la decisión del Tribunal Supremo sobre el caso Bettencourt.

En marzo del 2016, el Tribunal Supremo validó de forma definitiva la casi totalidad de las escuchas al expresidente sobre las que se sustenta su inculpación, lo que dejó abierta la vía para el juicio anunciado hoy.

Sarkozy tiene pendiente además un juicio por la presunta financiación irregular de su campaña a las presidenciales del 2012.

Se trata del llamado caso Bygmalion, una supuesta trama de falsificación de facturas para ocultar gastos electorales y burlar así los límites legales, con la que, según la acusación, gastó al menos 42,8 millones de euros frente a los 22,5 millones autorizados.