El juez da a Lula hasta esta noche para entregarse

Miguel Piñeiro Rodríguez
miguel piñeiro BRASILIA / CORRESPONSAL

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UESLEI MARCELINO | Reuters

El instructor firma el decreto de ingreso en prisión del expresidente, que se prepara para defenderse como preso

06 abr 2018 . Actualizado a las 07:53 h.

Menos de 24 horas después de que el Tribunal Supremo Federal (STF) denegase el habeas corpus a Lula da Silva y le abriese la puerta de la prisión para que cumpla 12 años y medio de condena por corrupción, el juez Sergio Moro firmó la orden de ingreso en la cárcel del gran líder de la izquierda brasileña. El instructor de la macrocausa contra la corrupción, conocida como operación Lava Jato, dio al expresidente un plazo hasta las 22.00 horas (hora española) para entregarse a la policía en Curitiba. La decisión de Moro sorprendió porque no se esperaba hasta agotar los trámites judiciales el próximo día 10, acelera los acontecimientos históricos en Brasil y frustra un gran acto del Partido de los Trabajadores (PT), que quería rodear a Lula de simpatizantes en São Paulo cuando la policía fuera a buscarlo.

La prisa de Moro pilló por sorpresa al partido, que vé manos negras en cada paso de la justicia brasileña. El Tribunal Supremo Federal (STF) tiene marcado en septiembre un relevo en la presidencia y es el mismo que el miércoles denegó a Lula el habeas corpus y abocó al expresidente a la cárcel. En cuanto ese relevo se produzca, el nuevo presidente, Dias Toffoli, llevará a la sala una cuestión de constitucionalidad sobre las prisiones en segunda instancia, y si éstas se ajustan al derecho constitucional brasileño de la presunción de inocencia. La previsión es que esa votación la ganará el no. Es decir, la misma sala con seguramente los mismos jueces anulará el proceso por cuya validez votaron a favor el miércoles, enviando a Lula a prisión.

La primera que alterará su postura será la jueza Rosa Weber, quien votó en contra de su conciencia y a favor de la jurisprudencia, desequilibrando un marcador de 6 a 5 contra el habeas corpus de Lula. El PT ha reaccionado cuestionando la figura de la presidenta de la sala, Cármen Lúcia, por saltarse la duda constitucional que pesa sobre las prisiones en segunda instancia. Mientras, los abogados del expresidente preparan su defensa última: la consideración de preso político ante el tribunal de Derechos Humanos de la ONU.

La decisión del STF «viola la dignidad de la persona humana y otras garantías fundamentales», dijeron los abogados de Lula en un comunicado, antes de presentar la solicitud de una cautelar ante el Supremo con escasos visos de éxito. «Tenemos la firme expectativa de que esa condena será revertida por un órgano justo, parcial e independiente», prosiguieron los letrados, aludiendo a una instancia internacional. «Es un día trágico para la democracia y para Brasil. Nuestra constitución ha sido rasgada por quien debería guardarla», dijo el PT tras conocer el veredicto del STF. «Es una prisión política que va a dejar expuesto a Brasil ante el mundo», dijo la presidenta del partido, Gleisi Hoffmann.

Lula no se manifestó ni tras conocer la decisión del STF ni en el día después. Pasó la mayor parte de las últimas 48 horas en la sede del Sindicato de Metalúrgicos ABC de São Paulo, acompañado de la expresidenta Dilma Rousseff y la cúpula del PT. A última hora de la tarde de ayer, sus abogados recibieron la orden de ingreso en prisión, que calificaron de arbitraria.

Unas elecciones totalmente impredecibles

La resolución del STF que deja a Lula da Silva prácticamente inelegible en las próximas elecciones presidenciales de octubre mereció una reacción tibia entre sus rivales políticos. Ni siquiera la soflama de dos minutos del ultraderechista Jair Bolsonaro en YouTube hizo sangre e intentó ser, más bien, un avance de programa presidencial. «El enemigo aún no está eliminado. Hay que elegir un presidente honesto y patriota» que, entre otras cosas, «privatice con criterio casi todas las empresas estatales».

Los candidatos conservadores apenas abrieron la boca en la jornada de ayer, y fue el expresidente Fernando Henrique Cardoso (considerado el gran padrino de la derecha brasileña) quien se manifestó: «El Supremo decide, la gente obedece. Esto es una democracia y todos somos iguales ante la ley». A Lula le salieron dos férreos apoyos en el extranjero con los mensajes del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el de Bolivia, Evo Morales. «Duele el alma con esta injusticia. La derecha, frente a su incapacidad de ganar democráticamente, escogió el camino judicial para amedrentar a las fuerzas populares», dijo Maduro. «La verdadera razón de la condena del hermano Lula es impedir que vuelva a ser presidente de Brasil. La derecha jamás le perdonará haber sacado de la miseria a 30 millones de pobres», insistió Morales.

Pese a la pretensión de su partido de defender la candidatura del expresidente «en las calles y hasta las últimas consecuencias», con Lula fuera de la ecuación de las elecciones, el escenario para elegir al nuevo presidente brasileño es más abierto e indescifrable que nunca. El exmandatario era el favorito indiscutible y su ausencia genera un escenario imprevisible también para el PT, que no tiene relevo por la inhabilitación de Dilma Rousseff y la filiación del exministro y excandidato presidencial Ciro Gomes al Partido Democrático Trabalhista. A Gomes se le ve como el mejor situado para recibir parte de los votos que irían a Lula.

El número dos en todas las encuestas electorales es Jair Bolsonaro, un militar en la reserva, nostálgico del golpe de 1964 y la persona más feliz al ver las amenazas veladas de sectores importantes del ejército de salir a la calle en el caso de que Lula saliese libre. Si la izquierda carece de un recambio con credenciales, los conservadores moderados tendrán que elegir entre dos candidatos: el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, y el hasta hace unos días ministro de Hacienda, Enrique Meirelles. Meirelles representaría la candidatura del actual presidente Michel Temer, hundido en la impopularidad y al que una encuesta del Instituto Brasileño de Opinión Pública le daba apenas un 5 % de aprobación.