Hungría encabeza el rechazo del Este al «chantaje» presupuestario de Bruselas

Agrava la crisis de valores europea al dar la estocada final a las cuotas de inmigrantes

Una de las últimas manifestaciones contra Orban en Budapest el pasado abril
Una de las últimas manifestaciones contra Orban en Budapest el pasado abril

bruselas / corresponsal

«No estamos de acuerdo con ninguna propuesta encaminada al chantaje», aseguró ayer el ministro húngaro de Exteriores, Péter Szijjártó. Lo hizo un día después de que Bruselas propusiese vincular el acceso a los fondos europeos al respeto del Estado de derecho y los valores fundamentales de la Unión. La sugerencia no ha cogido por sorpresa a ninguna cancillería centroeuropea. La cláusula de condicionalidad lleva impresa la foto de los dos sospechosos habituales: Polonia y Hungría. Tanto Varsovia como Budapest esperaban con las garras afiladas este último latigazo de la Comisión Europea, que insiste en meter en vereda a los dos Gobiernos más rebeldes de la UE.

La deriva antidemocrática y eurófoba en la que se han sumido genera pesadillas en los cuarteles bruselenses, donde eurócratas y funcionarios asisten con angustia al progresivo declive del proyecto europeo. Nadie confía en que la amenaza de retirada, reducción o congelación de fondos resulte efectiva para evitar que líderes como el magiar Viktor Orban pongan fin a sus acometidas. El populista húngaro ha salido tan reforzado de las urnas que su partido (Fidesz) se permitió el lujo de contraatacar ayer anunciando que vetará en la Constitución las cuotas de acogida de refugiados, un plan acordado por el Consejo Europeo.

El desafío no acaba ahí. Orban acometerá cambios en la legislación para restringir la actividad de oenegés y entidades extranjeras, una medida muy discutida por Bruselas, que ve en esta propuesta una maniobra para restringir la libertad de expresión.

El sistema judicial polaco tampoco merece la confianza de la UE. Los cambios introducidos por el euroescéptico Gobierno del PiS se han saldado con una purga dentro de la judicatura, encaminada a respaldar los cambios constitucionales emprendidos por el Ejecutivo. Bruselas mantiene activado el artículo 7 de los Tratados que podría desembocar en la suspensión del derecho al voto de Polonia.

«Para nosotros la democracia y el imperio de la ley es vital. Queremos que se introduzca un mecanismo periódico para revisar el Estado de derecho entre pares», aseguró en la Eurocámara el primer ministro belga, Charles Michel, quien arremetió contra las «vanas batallas de soberanía contra la UE» que acometen Gobiernos como el magiar. Unas palabras que merecieron el aplauso del presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker: «Me alegra contar con un primer ministro dedicado a la causa europea. Ojalá pudiera decir lo mismo de todos. Si así fuera, estaríamos en una situación bien distinta», deslizó el luxemburgués.

Los reproches también llegaron de la propia bancada popular, a la que pertenece Orban. Su líder, Manfred Weber, le recordó que la solidaridad no es un camino de sentido único. «Cuando hablamos de subsidiariedad hay que hablar de responsabilidad también. Si los Estados deciden por unanimidad a favor de una legislación, en casa no pueden decir que te lo impone Bruselas», aseguró el alemán, quien ve más peligros acechando al proyecto europeo más allá del populismo y el nacionalismo: «Hay lideres que de cara a la galería son proeuropeos, pero no hacen nada para que el proyecto avance. Todo lo contrario», apuntó.

¿Llegará viva la UE a los comicios del 2019? Es la gran incógnita. Sus detractores ganan pequeñas batallas electorales. Hungría e Italia son los ejemplos más recientes. La UE sigue perdiendo el pulso sin que nadie encuentre la fórmula para frenar la hemorragia. «El brexit será el primer ladrillo del muro. Miren los resultados y disfruten de las elecciones europeas del año que viene, seguro que nos divertiremos muchísimo», anticipó el eurófobo británico del UKIP, Nigel Farage.

La UE se niega a dejar su sede en Londres tras el «brexit»

Unos hablan de «trato de favor», otros de «cumplir una promesa», concretamente la que hizo el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, a los cerca de 1.100 funcionarios británicos que trabajan en las instituciones de la UE. A todos ellos les garantizó que no los abandonaría tras el brexit, y por eso el luxemburgués pidió ayer al primer ministro belga, Charles Michel, que mueva los hilos para concederles la nacionalidad. Un salvoconducto que les permitiría residir y trabajar en la UE una vez que el Reino Unido consume el divorcio.

«Bélgica ha sido siempre un anfitrión amable y debería seguir mostrando esa generosidad a la hora de conceder la ciudadanía belga a todo el personal británico de la UE, que está muy preocupado por su futuro», deslizó el conservador con sutileza para no revelar su deseo de conceder un trato prioritario en la tramitación de las solicitudes. «Me gustaría que los belgas hicieran gala de la misma amabilidad cuando tengan que dar la nacionalidad belga a los diplomáticos británicos que viven en el país. Sin duda lo merecen. Como sé que el primer ministro desborda generosidad estoy convencido de que tendrá en cuenta nuestros deseos», aseguró.

Michel quiere complacerle, pero su Gobierno tiene que analizar en profundidad la demanda. «Estamos examinando las posibilidades judiciales para aplicar la medida que afectaría a muchísimas personas que llevan viviendo en Bélgica largo tiempo», indicó el liberal, quien cree que la ley de ciudadanía belga podría chocar frontalmente con el proceso de divorcio británico.

La decisión está en manos del Ejecutivo belga. Bruselas ya ha desplegado toda su diplomacia para presionarle: «Queremos cumplir la promesa de que nuestros compañeros británicos tendrán garantías para quedarse con su empleo y obtener la ciudadanía belga, pero eso no depende de la Comisión», aseguró ayer su portavoz Margaritis Schinas.

Otra de las polémicas que han emergido estos días en torno al brexit tiene como protagonista al edificio Casa de Europa de Londres, que alberga las oficinas centrales de la Eurocámara y la Comisión Europea en Reino Unido. A pesar de las demandas de desconexión completa lanzadas por los diputados británicos, la UE se niega a abandonar su centro de operaciones con el argumento de que lo necesitará para defender los intereses de sus ciudadanos en el país, reveló The Guardian. El emblemático edificio desde el que Margaret Thatcher celebraba sus victorias electorales fue adquirido en el año 2010. La factura ascendió a 22 millones de euros y ahora los tories defensores del brexit quieren que la UE, en un gesto de buena voluntad, lo devuelva.

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