La UE acelera sus prespuestos por el miedo a una ola populista en el 2019

Bruselas teme que la irrupción de extremistas impida un acuerdo en las cuentas

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BRUSELAS / CORRESPONSAL

Un año. Es el plazo que le ha dado Bruselas a los países miembros de la UE para llegar a un acuerdo sobre los presupuestos plurianuales (MFP) 2021-2027. El equipo de Jean Claude Juncker quiere llegar a las elecciones europeas de mayo del 2019 con los deberes hechos por lo que pudiera pasar tras esa cita. Nadie esconde el temor a un vuelco electoral en la Eurocámara. «No estoy seguro de que el Parlamento Europeo vaya a tener capacidad de negociar [el MFP]. Piensen en los candidatos que están emergiendo en cada país y lo que puede pasar allí [PE]», alertó ayer el comisario de Presupuestos, Günther Oettinger, a las cancillerías europeas. El alemán teme que la irrupción de eurófobos y populistas acabe balcanizando el hemiciclo. Un escenario de ingobernabilidad que no le deja dormir desde hace tiempo.

Las manecillas del reloj siguen corriendo y no hay visos de acuerdo. Las posiciones entre los países del norte y del sur, del este y el oeste no comulgan. Alemania trató ayer de «cuadrar el círculo», pero las diferencias son insalvables. La discordia está servida en todos los flancos. En el migratorio, la Comisión Europea y Berlín insisten en crear una guarda europea de fronteras de 10.000 efectivos porque «España no puede hacerlo sola, necesita solidaridad», aseguró Oettinger. Pero el Gobierno español no piensa lo mismo. No quiere profesionales extranjeros patrullando sus propias fronteras. Solo demanda dinero: «No nos gusta. No creemos que sea bueno ni efectivo (...) Tenemos experiencia para hacerlo. No se trata de enviar gente de otros países, se trata de apoyar financieramente a los países que nos ocupamos de guardar las fronteras exteriores de todos», aseguró el representante español, Jorge Toledo, antes de pedir cheques para países terceros como Marruecos, para controlar la migración en sus fronteras. 

Obligaciones de los fondos

Otro de los debates más encendidos giró en torno a las obligaciones para disfrutar de los fondos. La mayoría de países defiende vincular el desembolso de las ayudas al respeto del Estado de derecho. Polonia alzó ayer la voz para decir que no pasará por el aro. Ni con los «recortes revolucionarios» de fondos ni con la supervisión de Bruselas. El país está en el ojo del huracán por la deriva antidemocrática de su Gobierno. Varsovia quiere el dinero sin rendir cuentas. Se niega a conceder «un gran poder masivo» a la Comisión Europea para sancionar este tipo de actitudes. A la ofensiva se sumó Hungría que, además de rechazar con vehemencia los recortes del 5 % de la Política Agraria Comunitaria (PAC) y el 7 % de las ayudas de cohesión, puso en duda la efectividad de cualquier cláusula de condicionalidad.

«Tenemos serias preocupaciones sobre sus bases jurídicas, su proporcionalidad y los criterios, que son bastante vagos», criticó la delegación magiar donde se teme que el brazo sancionador de Bruselas alcance al Ejecutivo del polémico y ultranacionalista Viktor Orban. Otra de las piezas que habrá que encajar es la insatisfacción de algunos países por el reparto «injusto» de la carga que tendrán que asumir los más ricos de la UE para cubrir el agujero de 12.000-14.000 millones de euros anuales que dejará el brexit. Dinamarca, Suecia y Finlandia reclaman poner a dieta las finanzas europeas, igual que los holandeses que, junto a los belgas, exigen compensaciones. Alegan que tendrán que sufrir doblemente el impacto del divorcio. Por un lado las pérdidas económicas y por otro al tener que abonar más a la hucha comunitaria.

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