El motín de los presos políticos en Venezuela logra liberar a los menores

Pedro García Otero CARACAS / CORRESPONSAL

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Helena Carpio | efe

Una paliza a un exalcalde opositor desencadenó la rebelión en la temida prisión

19 may 2018 . Actualizado a las 17:56 h.

El grupo de presos políticos venezolanos que se encuentran en rebelión en los calabozos del tenebroso Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la policía política del régimen de Nicolás Maduro, han obtenido una pequeña victoria tras dos días amotinados junto a un grupo de presos comunes (pero con causas políticas) en esta cárcel.

Han logrado que, por lo menos, lleguen los papeles para la excarcelación de un grupo de menores de edad que están presos por las protestas del 2017 o por formar parte de la oenegé Embajadores Comunitarios, a la que el Gobierno de Maduro acusa de sedición, aunque se ha formado en las universidades católicas de Caracas y solo hace labor social.

Los 54 presos políticos que se encuentran en esos calabozos, ubicados en lo que iba a ser un centro comercial en el centro de Caracas tomaron el control de un ala de la cárcel, que también es la sede central de la policía política.

Allí se unieron a un grupo de presos comunes, entre los que se encuentran algunos narcotraficantes, para exigir la liberación de los presos cuya excarcelación estaba autorizada y que el director del Sebin, Gustavo González López (un funcionario sancionado por EE.UU. por violación de derechos humanos) sencillamente se negaba a cumplir.

Vídeos de denuncia

Los amotinados han logrado filtrar varios vídeos al exterior, en los que se ve a Daniel Ceballos, exalcalde de la ciudad fronteriza de San Cristóbal que recibió una paliza que fue el detonante de la sublevación, y Lorent Saleh (un joven que pasó varios meses detenido en La Tumba, una cárcel subterránea del Sebin) planteando sus exigencias.

Quizás por la cercanía de los comicios del domingo, el régimen de Maduro no ha actuado contra ellos con la rudeza habitual; el propio mandatario no se ha referido al tema en tres alocuciones públicas desde que la situación estalló.

Alfredo Romero, de la oenegé Foro Penal, confirmó que las primeras cartas de excarcelación a adolescentes comenzaron a llegar al Sebin. Indicó, sin embargo, que decisiones similares han sido desacatadas durante más de un año, como la relativa a Yon Goicoechea, un dirigente político hispanovenezolano que pasó muchos meses legalmente liberado, pero preso en la institución.

Otro extranjero, Joshua Holt, un mormón estadounidense que vino a Venezuela a casarse con una dama local y fue detenido y acusado de espionaje, es centro de atención. El encargado de negocios de EE.UU. en Venezuela, Todd Robinson, exigió al régimen venezolano garantizar su seguridad. El joven emitió un vídeo en el que afirma que «quieren escribir en las paredes con mi sangre» y pidió ayuda a su Gobierno.

La abstención masiva amenaza la victoria de Maduro

Maduro cerró su campaña para los comicios del domingo con un acto en Caracas que fue tan deslucido y falto de público como todo el proceso, deslegitimado por buena parte de la oposición y la comunidad internacional. Prometió «recuperación económica» y acusó a la oposición de tejer un complot internacional para derrocarlo.

Aunque el mandatario es sumamente impopular, casi todos dan por descontado su triunfo, toda vez que ha elegido las condiciones en las que se dan las elecciones y quiénes serán sus rivales: Un exgobernador, exchavista, con poco arraigo en la oposición, y un telepredicador evangélico muy popular en su comunidad, pero con cero experiencia política.

Aun así, Javier Bertucci podría convertirse en una opción de último minuto, mientras Henri Falcón sigue insistiendo en que si los niveles de participación alcanzan el 60 %, podría obtener una victoria por entre 7 y 12 puntos. Los sondeos señalan que cuatro de cada cinco ciudadanos detestan a Maduro, pero también que solo el 30 % irá a votar seguro.

Los niveles de participación no alcanzarían el 50 %, bajos para unas presidenciales, pero no tanto como para deslegitimar el proceso, que tanto la Unión Europea como Estados Unidos y 14 países latinoamericanos del Grupo de Lima han pedido suspender.

Mientras tanto, la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a los partidos opositores ilegalizados por el régimen de Maduro tras ganar la Asamblea Nacional por avalancha, volvieron a solicitar a los venezolanos que no salgan a votar el domingo; y la Iglesia Católica, que solicitó aplazar los comicios «por al menos seis meses», dio libertad de conciencia a sus feligreses,, aunque veladamente recomendando también la abstención.

Daniel Ceballos ejemplifica el uso de la justicia que realiza el Gobierno

Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal, es un ejemplo de cómo funciona la «justicia revolucionaria» venezolana. Detenido en 2014, acusado por el Tribunal Supremo de desacato y condenado sumariamente a un año de prisión, se encontró, tras cumplir esta primera sentencia, con una nueva acusación por golpear a una guardia nacional. Desde entonces se le ha revocado una medida de arresto domiciliario y se le ha suspendido su primera audiencia doce veces, por lo cual ya lleva casi cuatro años preso. Su esposa, Patricia, ganó la alcaldía. Pero la carrera política de Ceballos, que era prometedora, ha sido truncada, como la de docenas de otros dirigentes, especialmente del partido Voluntad Popular (de Leopoldo López) condenados a cárcel o exilio, mientras el propio movimiento ha sido ilegalizado.