El pacto nuclear iraní y el gas aproximan a Merkel y a Putin

patricia baelo BERLÍN / CORRESPONSAL

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MIKHAIL KLIMENTYEV

La reunión es un mensaje de atención de Berlín a Washington

19 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Hacía justo un año que Angela Merkel y Vladimir Putin no se veían cara a cara. La relación entre ambos se deterioró considerablemente a raíz del envenenamiento del ex agente ruso Serguéi Skripal, al que ayer se dio el alta médica, y que le valió a Moscú nuevas sanciones por parte de Occidente. No obstante, la canciller alemana y el presidente ruso están condenados a sentarse a dialogar si desean buscar una solución a los numerosos conflictos internacionales que empañan la agenda. Sobre todo, después de que Donald Trump decidiera hace dos semanas abandonar el pacto nuclear iraní, que las potencias europeas desean mantener vivo a toda costa.

«No es perfecto, pero es mejor que no tener ningún acuerdo», defendió ayer Merkel en rueda de prensa conjunta desde la ciudad rusa de Sochi. La jefa de la gran coalición, que viajará la semana que viene a China, otro de los países que firmaron en 2015 el pacto, aseguró que Alemania, Reino Unido y Francia consideran que deben proseguir las negociaciones paralelas con Irán. Algo en lo que coincide con Putin, que confirmó que el Parlamento ruso debate un proyecto de ley para burlar las sanciones estadounidenses contra sus empresas. «Será una ley que no perjudique nuestra economía ni la de nuestros socios», declaró el líder del Kremlin, un día después de que la Comisión Europea aprobara un mecanismo similar.

«La reunión de hoy es clave en este momento trascendental», sostuvo Merkel, al tiempo que defendió la necesidad de estrechar los lazos con Moscú. Es más, la canciller alemana prometió que hablará con el presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, sobre la detención en Kiev del jefe de la agencia estatal rusa RIA Nóvosti, Kiril Vishinski, acusado de alta traición. Un proceso que Putin definió como «sin precedentes».

Consenso también acerca de la construcción del gasoducto North Stream 2, que cruzará de Rusia a Alemania por el Báltico. Un proyecto que el presidente de EE.UU. ha tachado de amenaza para la seguridad energética de Europa, visiblemente molesto por el hecho de perder así la oportunidad de vender su gas al Viejo Continente. Putin tendió la mano a las empresas europeas, a las que prometió proteger si Washington cumple su última amenaza y sanciona a todas aquellas que se impliquen en el gasoducto. Asimismo, tanto el ruso como la alemana garantizaron que se mantendrá el tránsito de gas a través de Ucrania una vez se hayan completado las obras del North Stream 2.

«Siempre que sea rentable», precisó el jefe del Kremlin, que dice estar seguro de que Kiev «quiere seguir recibiendo unos 2.000-3.000 millones de dólares anuales por el tránsito». «Esto tiene una importancia estratégica y Alemania está dispuesta a jugar su papel», señaló Merkel.

Pese a las palabras amables y las buenas intenciones, ninguno de los mandatarios fue capaz de disimular sus divergencias. El ejemplo más claro, la guerra civil que azota Siria desde hace más de siete años. Putin, aliado incondicional de Bachar al Asad, exigió a Merkel una «despolitización» de la ayuda humanitaria para el país árabe. «Si Europa desea que los refugiados regresen a su tierra, tiene que apoyar la reconstrucción de Siria y su economía, además de proporcionar asistencia incondicional», instó el líder ruso. Por su parte, la dama de hierro pidió al Kremlin que use sus vínculos con al Asad para evitar que entre en vigor el decreto que le permite confiscar bienes a los sirios que no presenten un título de propiedad en el plazo de 30 días.

Los ultras llevan a la canciller al Constitucional

«Se trata de comprobar si se produjo un imperio de la injusticia». Con estas palabras, el diputado del ultraderechista AfD Stephan Brandner comunicó ayer que su partido ha interpuesto un recurso contra la canciller ante el Tribunal Constitucional. En el escrito, presentado el 14 de abril, se acusa a la jefa del Gobierno de haber infringido la ley cuando optó por abrir la frontera del país a miles de refugiados en septiembre de 2015 sin consultar al Parlamento.