El Partido Republicano cosechó ayer un nuevo fracaso al ver como el proyecto de ley migratorio presentado en la Cámara de Representantes fue rechazado por 121 votos a favor y 301 en contra. Un resultado que significa que los conservadores no solo fueron incapaces de convencer a la oposición sino que tampoco consiguieron ponerse de acuerdo entre ellos, evidenciando así una vez más la ruptura en sus filas.
De nada sirvieron las palabras de Donald Trump en Twitter horas antes del debate. «Los republicanos deben aprobar el proyecto de ley», escribió en mayúsculas, una grafía que en el lenguaje de Internet es entendida como un intento de llamar la atención a través de gritos. La exhortación marcó un nuevo viraje en la postura del presidente teniendo en cuenta que se produjo pocos días después de que pidiera al Congreso olvidar la reforma migratoria, hasta después de las elecciones legislativas de noviembre.
La iniciativa fallida proponía darle un estatus de residente provisional a los dreamers (soñadores) protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y abordar el problema de la separación de familias en la frontera sur, a cambio de 25.000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo con México. Sin embargo, numerosos demócratas y republicanos moderados llevan meses advirtiendo que nunca utilizarían a los dreamers como moneda de cambio. La estrepitosa derrota fue adelantada el pasado martes por el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, quien mostró poca confianza en el texto. «Si esto no tiene éxito, entonces cruzaremos ese puente», dijo sobre la posibilidad de abordar el problema de la separación de padres e hijos en una sola propuesta legislativa.
Al margen de la imposibilidad de acuerdo migratorio en Capitol Hill, un juez federal de San Diego emitió el martes una orden cautelar que obliga a devolver a sus padres antes de 30 días, a todos los niños separados por el Gobierno, más de 2.300 desde el pasado abril. Si los menores tienen menos de 5 años, entonces el Ejecutivo deberá llevar a cabo la reunificación en menos de dos semanas. El requerimiento responde a una petición realizada por la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y sus consecuencias son demoledoras.
El texto establece que la Administración Trump no hizo seguimiento del paradero de los niños y tampoco permitió que los menores se comunicasen con sus padres. La orden del juez para que se reúna a estas familias de inmigrantes respondió a «las caóticas circunstancias que ha creado el mismo Gobierno», consecuencia de la política de tolerancia cero con la que el Ejecutivo juzgó a los indocumentados. La gravedad de la situación afectó incluso a familias que llegaban a la frontera para solicitar asilo, es decir, familias que no pretendían entrar sin papeles en Estados Unidos.