Jueces y sociedad civil se rebelan contra la reforma judicial en Polonia

Los manifestantes hacen piña con la presidenta del Tribunal Supremo depurada


bruselas / corresponsal

Los polacos vuelven a las calles para protestar contra la entrada en vigor de una ley que permitirá al Gobierno del euroescéptico Ley y Justicia (PiS) purgar el sistema judicial. Se trata del último zarpazo antidemocrático acometido por el Ejecutivo polaco para recortar los derechos desde que accedió al poder en el 2015.

Al grito de «no toquen los tribunales», miles de manifestantes arroparon ayer en las calles de Varsovia y en los juzgados de todo el país a la presidenta del Tribunal Supremo, Malgorzata Gersdorf. La magistrada de 65 años desafió las órdenes y acudió a su puesto de trabajo para protestar por la reforma legislativa, que reduce de 70 a 65 años la edad de jubilación de los jueces. Solo el presidente, Andrzej Duda, tiene potestad para prorrogar su mandato, pero el político del PiS quiere ver a Gersdorf fuera de la corte y ya ha designado a un sucesor: Jozef Iwulski.

«Yo no me meto en política. Quiero defender el Estado de Derecho y señalar el límite entre la Constitución y su violación. Espero que el orden legal sea restablecido en Polonia», clamó ayer la jueza, quien espera mantenerse en el cargo hasta que expire su mandato en el 2020.

Otros 26 magistrados (el 40 %) se encuentran en su misma situación. Todos acusan al Gobierno de Mateusz Morawiecki de dinamitar la separación de poderes, de la que los polacos fueron pioneros en Europa. Hoy hay previstas manifestaciones masivas en las calles de la capital. Partidos de la oposición, organizaciones civiles y hasta el ex presidente y Premio Nobel de la Paz, Lech Walesa, acudirán a la convocatoria con la esperanza de que la presión pública obligue al Ejecutivo a dar marcha atrás en sus planes intervencionistas.

Por el momento ni las protestas ciudadanas ni los expedientes sancionadores de la Comisión Europea han funcionado. Morawiecki defendió ayer ante la Eurocámara la reforma asegurando que «los mismos jueces que firmaban sentencias horrorosas durante el comunismo hoy están en el Tribunal Supremo». También justificó los cambios legislativos amparándose en los usos y costumbres de los polacos. «Cada país tiene derecho para legislar sobre su sistema jurídico de conformidad a sus tradiciones», deslizó antes de pedir a la UE que no interfiera en las competencias de los Estados nación.

La excusa ruborizó al hemiciclo. «No es una cuestión de tradición. Hablamos de principios de nuestra comunidad europea», le espetó el jefe de los liberales, Guy Verhofstadt. El vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, también reprochó su actitud al dirigente polaco. «Si hay una amenaza sistémica al Estado de derecho no podemos cerrar los ojos y decir que es una cuestión de soberanía nacional. Es una cuestión europea que afecta a todos», explicó el letón. Pero Morawiecki no se arrugó. Insistió en que su país no acogerá refugiados, alegando que ya dan cobijo a un millón y medio de ucranianos, y exigió a la UE el mantenimiento de los fondos de cohesión.

La tozudez del Gobierno polaco ha obligado a Bruselas a llevarlo ante el Tribunal de Justicia de la UE y a activar el artículo 7 de los Tratados para suspenderle el voto en el Consejo. El PiS no quiere dar marcha atrás y anuncia nuevas acometidas. En su hoja de ruta se encuentra el endurecimiento de la ley del aborto. Unas restricciones que han puesto en pie de guerra a las mujeres y colectivos feministas.

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