La oposición nicaragüense se prepara para una caza de brujas

Un cambio de ley recortará los derechos de los manifestantes

Grupos armados a bordo de camionetas sometieon a tiros a los opositores atrincherados en el barrio de Moninbó
Grupos armados a bordo de camionetas sometieon a tiros a los opositores atrincherados en el barrio de Moninbó

MANAGUA / E. LA VOZ

Pegados a las radios. Atentos a las televisiones. Ojo avizor ante las declaraciones de cada representante. Media Nicaragua estaba ayer expectante ante una cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que se debatía sobre la crisis del país, después de tres meses de protestas antigubernamentales que dejan más de 350 muertos.

El organismo interamericano aprobó ayer una resolución que condena la represión estatal y le pide al Gobierno del exguerrillero Daniel Ortega que acepte adelantar a marzo de 2019 las elecciones, fijadas constitucionalmente para noviembre de 2021. El presidente se negó a principios de julio a aceptar un adelanto de los comicios. Votaron a favor 21 de los 34 países miembros. En contra se posicionaron Venezuela, San Vicente y Las Granadinas y la misma Nicaragua. Hubo siete abstenciones y tres ausencias, entre ellas Bolivia.

El texto pide el «desmantelamiento de los grupos parapoliciales» que han estado ejecutando en las últimas semanas la «operación limpieza» ordenada por Ortega, que consiste en el desmantelamiento violento de las barricadas y bloqueos viales que la oposición mantenía en varias zonas del país.

Violencia parapolicial

Los últimos tranques en ser levantados fueron los de Monimbó, el barrio de Masaya, a 27 kilómetros de la capital, que se mantuvo insurrecto durante casi los tres meses de protestas. Al menos cuatro personas murieron en la operación. Tres eran civiles, uno de ellos de 15 años, y uno un oficial de la policía, según las organizaciones de derechos humanos. Decenas de personas habrían sido detenidas, según denuncian los ciudadanos a través de las redes sociales.

Mientras, la oposición mostró su preocupación por una ley contra el lavado de activos, financiación al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva aprobado por el Congreso, de mayoría oficialista, el pasado lunes que temen que se convierta en un instrumento para realizar una caza de brujas contra los críticos. «El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera, en la definición de terrorista, a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta», dijo Rupert Colville, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

El ministro de Exteriores, Denis Moncada, rechazó las críticas de los opositores y pidió a la OEA «respetar la autodeterminación de Nicaragua para garantizar la paz y seguridad sin injerencia de ningún tipo». El Gobierno dice estar siendo víctima de un golpe de Estado pagado por otros países. Moncada habló incluso de un «plan terrorista» contra el régimen y criticó a la oposición por utilizar el diálogo nacional «para legitimar acciones criminales», como definió las protestas.

El oficialismo celebrará hoy en Managua el 39 aniversario de la revolución sandinista. Ortega espera un baño de masas en la capital nicaragüense.

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