Bruselas lleva a Hungría ante la justicia europea por violar las normas de asilo

Le reprocha la persecución de activistas y la criminalización de la ayuda a refugiados


bruselas / corresponsal

Dos años y medio. Es el tiempo que ha tardado la Comisión Europea en llevar a Hungría ante el Tribunal de Justicia de la UE por violar las normas europeas de asilo. El Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán ejecuta de forma implacable desde el 2015 unas leyes anti-inmigración que han hecho sonrojar a los miembros de su propia familia política europea. Ayer Bruselas dijo basta. Denunció los obstáculos deliberados que ha puesto Budapest a quienes desean tramitar demandas de asilo y puso en cuestión las condiciones de recepción y el trato dispensado a los migrantes en las «zonas de tránsito», desplegadas por las autoridades en las fronteras. Confinados de forma «indefinida», sin derechos ni auxilio, el Gobierno magiar creó un clima de hostilidad insufrible para disuadir a otros migrantes.

La Comisión acusa a Budapest de ignorar las peticiones de protección de los inmigrantes, de tramitar un número muy reducido de las demandas y de eternizar los plazos: «No respetan la duración máxima de cuatro semanas» de detención, sostiene. La ley húngara ni siquiera cumple con los estándares mínimos para las deportaciones. «No garantiza que las decisiones de retorno se emitan de forma individual. Los inmigrantes corren el riesgo de ser devueltos sin las salvaguardias apropiadas», insiste la institución solo un día después de que Hungría anunciase su retirada del pacto mundial sobre migración, igual que hizo Donald Trump el año pasado. El inquilino de la Casa Blanca, saca pecho al recordar que ganó las elecciones en el 2016 gracias a su política anti inmigración. Una estrategia que también le funcionó bien a Orbán, quien cosechó una aplastante mayoría absoluta en los últimos comicios.

La ofensiva europea no se ha quedado ahí. El equipo de Jean Claude Juncker también ha abierto a Hungría un expediente sancionador por dar luz verde el pasado 20 de junio a la polémica ley «Stop Soros». Bruselas remitió a Orbán una carta formal exigiendo que revierta en el plazo de dos meses una legislación que «criminaliza las actividades de apoyo para la demanda de asilo y residencia y restringe el derecho a pedir asilo» y que prevé hasta penas de cárcel de un año y expulsión para quienes crucen de forma ilegal la frontera.

En el pliego de argumentos, el Ejecutivo reprocha el hostigamiento al que están sometiendo a los voluntarios que prestan asistencia a los inmigrantes, ya sea con asesoramiento jurídico, lingüístico o simple comida. También se considera que la ley viola la Carta Fundamental de Derechos de la UE por su base de «no admisibilidad» de las demandas de asilo. «Es simplemente increíble que en el corazón de la UE tengamos un país donde la gente puede ir a la cárcel por ofrecer ayuda a los inmigrantes», se lamentó ayer el líder de los socialdemócratas en la Eurocámara, Udo Bullmann.

Italia sale de la Operación Sofía contra el tráfico migratorio

El Gobierno italiano mantiene el pulso a la UE en materia migratoria. Según confirmó ayer la portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior, Maja Kocijancic, el Ejecutivo que lidera Giuseppe Conte ha manifestado su voluntad de dejar de aplicar las normas de desembarco de la Operación Sofía para luchar contra el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo. «Italia pidió la revisión de la Operación Sofía y anunció su voluntad de dejar de aplicar sus normas», aseguró.

Según Efe, Roma hizo el anuncio el miércoles, durante la reunión del Comité Político y de Seguridad (CPS) del Consejo Europeo, que también se reunirá mañana para dar una respuesta. «Italia todavía tiene que formalizar esta petición, pero creo que antes todavía seguirán las conversaciones en el marco del CPS,», agregó la portavoz. Al ser preguntada por si la salida de Italia de la operación pondría en peligro su continuidad, dijo que las implicaciones «están todavía siendo analizadas».

La Operación Sofía es una misión de la UE que tiene un doble objetivo: combatir las redes de tráfico que operan en el Mediterráneo y reducir las pérdidas de vidas en el mar. Los barcos que participan suelen desembarcar a los inmigrantes que rescatan en puertos italianos, donde la agencia europea de fronteras, Frontex, instaló puntos de identificación y registro de los acogidos. Está previsto que España asuma el mando el próximo 1 de septiembre, aunque el cuartel general seguirá en Roma.

La decisión de abandonar el plan europeo coincide con la revelación hecha por Conte de que ha propuesto a la UE la creación de un órgano encargado de distribuir por los distintos países a los inmigrantes que llegan a las costas europeas y que estaría bajo el mando de la Comisión Europea. En una entrevista concedida al diario Il Fatto Quotidiano de la que se hace eco Reuters, Conte desveló que envió una carta al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, y al del Consejo, Donald Tusk, en la que les pide que el acuerdo alcanzado el pasado domingo entre Italia y varios países de la UE para desembarcar en Sicilia a 450 migrantes rescatados por un pesquero y repartirlos luego por estos países «se convierta en una práctica, confiada no a nuestras llamadas a los socios sino a un gabinete o comité de crisis bajo el mando de la Comisión».

En paralelo, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, pidió ayer que la UE reconozca a Libia como puerto seguro para permitir el regreso de inmigrantes.

Valora este artículo

0 votos
Comentarios

Bruselas lleva a Hungría ante la justicia europea por violar las normas de asilo