Hermanos contra hermanos

La crisis abierta por las protestas contra Daniel Ortega han cambiado Nicaragua para siempre

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managua / e. la voz

Nicaragua es hoy un país completamente distinto al que era hace tres meses. Las protestas contra el Gobierno que explotaron el pasado abril han dejado más de 350 muertos, según las organizaciones de la sociedad civil. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha confirmado hasta la fecha 277 fallecidos.

El país sangra con las heridas de la crisis pero, además, miles de personas han perdido su empleo. El turismo ha desaparecido. Muchos hoteles han echado el candado. Las familias se han dividido. Miles de amistades se han roto. Los civiles armados partidarios de Ortega se pasean por las principales ciudades del país, en las que se teme una caza de brujas. Parece difícil que las heridas cicatricen.

Aunque fueron acusados de golpistas por el presidente, los obispos han vuelto a abogar por el diálogo nacional, roto hace semanas ante la negativa oficialista de detener la represión y el mantenimiento de los bloqueos viales por parte de los manifestantes opositores. El nuncio del Vaticano en Nicaragua ha defendido especialmente esa idea, señalando que los muertos son de ambos bandos. «El diálogo se tiene que dar. Es la única opción y se tienen que buscar los mecanismos para que se produzca», comenta a La Voz el analista Carlos Pérez Zeledón.

Cree que el país debe dar un giro de 180 grados. «Lo que se plantea es la necesidad de refundarnos. Por ejemplo, con una asamblea constituyente. No resolvemos el problema con unas elecciones libres y supervigiladas. Toda la institucionalidad está absolutamente devastada. No tenemos un Estado», cree el experto nicaragüense.

Ortega ha rechazado adelantar las elecciones desde noviembre de 2021, cuando están previstas, a marzo del 2019. Esa posibilidad parecía que iba a cristalizar hace unas semanas, antes de la «operación limpieza» de las barricadas opositoras en el territorio nacional, que ha dejado decenas de muertos. Pero el Gobierno no parece dispuesto a dar su brazo a torcer. Tampoco la oposición. Hay división en cuanto a aceptar unas posibles elecciones anticipadas o la renuncia de Ortega, pero en lo que los manifestantes parecen estar de acuerdo es en seguir protestando. Ayer mismo se celebraron otras dos marchas antigubernamentales en Managua.

Los opositores denuncian que el Gobierno controla autoritariamente todos los poderes del Estado, incluido el electoral, y denuncian una dura represión, además de una «caza de brujas» tras el levantamiento de los bloqueos viales. El Gobierno considera a quienes protestan en las calles como «terroristas» pagados por EE. UU. Dicen que la oposición tiene armas y denuncian que son víctimas de un golpe de Estado orquestado por la derecha mundial. El oficialismo denuncia que las protestas han afectado a la economía del país.

La comunidad internacional juega también un papel importante en la crisis. La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó esta semana una resolución de condena a la represión y en pro de un adelanto electoral, solo votada negativamente por Venezuela, San Vicente y las Granadinas y la misma Nicaragua. Destacó la no asistencia de Bolivia a la votación, un aliado tradicional de Ortega. «Estamos esperanzados en que este tipo de resoluciones provoquen acciones concretas, como un bloqueo al ingreso de municiones y armas», dice Pérez Zeledón. Todas las posibilidades parecen abiertas para una crisis que ha vuelto a enfrentar a hermanos contra hermanos, en un país que parece tristemente acostumbrado al conflicto.

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