El abogado de Trump intenta recusar al fiscal para neutralizar el Rusiagate

Giuliani acusa a Mueller de odiar al magnate porque no le fichó para dirigir al FBI

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redacción / la voz

Paul Manafort, que fue durante dos meses jefe de campaña de Donald Trump de forma oficial, comparecerá hoy ante un tribunal de Alexandria en el primer juicio que se ha puesto en marcha como consecuencia de las investigaciones sobre las supuesta intromisión de Rusia en el proceso electoral estadounidense de 2016, aunque esta causa no está relacionada directamente con el núcleo de las pesquisas.

Manafort había trabajado durante varios años para un político ucraniano prorruso. Más tarde, la atención se centró también en sus relaciones con el oligarca ruso Oleg Deripaska, que mantiene nexos con el Kremlin. Según se desprende de documentos jurídicos, Deripaska prestó a Manafort diez millones de dólares (unos 8,6 millones de euros).

Los documentos también demuestran que los investigadores también estaban interesados en el papel que desempeñó Manafort durante un encuentro con una abogada rusa en la Torre Trump en junio del 2016. El hijo mayor de Trump, Donald Jr., había dado luz verde a esta reunión después de que le ofrecieran información comprometedora sobre la rival de su padre en la carrera presidencial, Hillary Clinton.

La cita es crucial para el presidente de EE.UU., Donald Trump. Los indicios sobre la injerencia rusa en los comicios estadounidenses se multiplican. El fiscal especial que investiga el caso, Robert Mueller, está a la espera de un careo con el magnate, que los abogados del neoyorquino intentan impedir como sea por el miedo a las pruebas que haya acumulado el investigador.

Colección de mentiras

Es precisamente la buena fama de Mueller y la colección de mentiras que han ido jalonando la trayectoria de Trump en los últimos meses -el Rusiagate, las relaciones con Stormy Daniels...- lo que inquieta a los asesores legales. Quizá por ello, Rudolph Giuliani, encargado de su defensa, intenta recusar como sea al fiscal especial del Rusiagate. Ayer, desveló parte de su estrategia para intentar neutralizarlo. «Tiene una animadversión personal contra el presidente», dijo a Politico. Esa enemistad es el arma que Giuliani pretende usar para neutralizar a Mueller y apartarlo del caso. Sus argumentos son que el investigador tiene un litigio pendiente con el magnate por las retribuciones de un curso al que fue invitado por una de sus empresas y cuyo importe acabó en los tribunales, que es amigo de James Comey, el impulsor de las denuncias de la injerencia rusa y, sobre todo, que Mueller se siente especialmente vengativo porque el inquilino de la Casa Blanca no le eligió a él para sustituir al propio Comey al frente del FBI.

El nerviosismo en el entorno presidencial es evidente. La declaración de Manafort, por mucho que Trump haya intentado distanciarse de él, será un filón para la prensa. Quizá por ello, el magnate ya empezó durante el fin de semana su particular campaña de acoso contra el New York Times, el diario más crítico, con el que mantiene una dura polémica desde que asumió la presidencia. La primera víctima de esa guerra con la prensa es una periodista de la CNN, vetada por preguntarle sobre Stormy Daniels.

La Casa Blanca exige elecciones inmediatas en Nicaragua

Estados Unidos responsabiliza al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, por la violencia que ya dejó un saldo de unos 350 muertos desde el inicio de las protestas antigubernamentales en abril. En una nota oficial, la Casa Blanca aseguró que Ortega y Murillo «son responsables en última instancia por los grupos parapoliciales favorables al Gobierno que han apalizado a su propio pueblo».

Las protestas en Nicaragua se iniciaron contra una reforma de la seguridad social, pero derivaron en masivas protestas que fueron respondidas por fuerte represión y motivaron peticiones de renuncia de Ortega.

En el documento divulgado este lunes, la Casa Blanca pasó revista a las medidas adoptadas a este respecto, en especial la sanción a tres funcionarios nicaragüenses, paso que consideró «el inicio, no el fin, de potenciales sanciones».

«Ortega y Murillo son responsables de los grupos parapoliciales», afirma Washington

Washington ya sancionó a tres funcionarios nicaragüenses -«es el inicio, no el fin de los castigos»- y revocó o restringió el otorgamiento de visas los que hayan tenido cualquier relación con represión a protestas o actos de violencia. La Casa Blanca tramitó la devolución de automóviles que habían sido donados a la policía y que habrían sido utilizados en la represión, y además ha bloqueado nuevas donaciones de equipos a las fuerzas de seguridad.

El pasado martes, el vicepresidente Mike Pence ya había exigido a Ortega el fin de la violencia en Nicaragua, que consideró «patrocinada por el Estado». Pence también pidió que se anticipen las elecciones presidenciales previstas para el 2021 porque el Gobierno de Ortega «está virtualmente en guerra con la iglesia católica» y personas «armadas con machetes atacaron templos y propiedades de la iglesia».

El Congreso también aprobó una resolución en la que pide a Estados Unidos «que continúe condenando las atrocidades en Nicaragua, exija la liberación de los detenidos injustamente e identifique a aquellas personas cuya participación en esta violencia califica para la imposición de sanciones».

Sin embargo, Ortega, en una entrevista a FoxNews, el canal favorito de Trump, en la que descartó renunciar a la presidencia. De acuerdo con Ortega, «adelantar las elecciones crearía inestabilidad, inseguridad y empeoraría las cosas». En esa entrevista Ortega también buscó reducir el tono de enfrentamiento con la Iglesia y negó que paramilitares afines a él hayan matado a tiros a dos jóvenes refugiados en una iglesia de la capital nicaragüense.

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