Cristina Kirchner dice ser una víctima y exige que declare Macri en su causa

La expresidenta niega haber cobrado sobornos, como aseguran varios testigos

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BUENOS AIRES / COLPISA

Convocada por la Justicia para declarar como presunta líder de una asociación ilícita, la expresidenta de Argentina Cristina Fernández denunció ayer una estrategia para perseguirla en los tribunales, recusó al juez y al fiscal, y pidió una «investigación seria, objetiva e imparcial» sobre las obras públicas en su Gobierno.

Rodeada de un fuerte operativo de seguridad, la senadora Fernández se presentó ante el juez Claudio Bonadío -instructor de cinco de las seis causas en su contra- para declarar en el caso del chófer que durante casi una década dejó testimonio en unos cuadernos de los viajes que realizaba con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas para trasladar dinero de sobornos.

Hasta el momento son 38 los imputados entre exfuncionarios y empresarios. La mayoría de los empresarios se acogieron a la figura de colaborador y salieron en libertad. Algunos admitieron haber hecho aportaciones a la campaña electoral de Cristina y otros, haber pagado comisiones para ganar licitaciones.

La denuncia del hallazgo de los cuadernos de Oscar Centeno, el chófer, se conoció hace dos semanas al mismo tiempo que Bonadío y el fiscal Carlos Stornelli procedían a las detenciones de madrugada. También fue detenido Centeno, quien reconoció que era su letra la de los cuadernos y firmó un acuerdo con la Fiscalía que le permitió obtener la libertad. El chófer dijo que los originales, donde se recogían las entregas a los Kirchner, estaban en su casa pero después de una búsqueda infructuosa del fiscal explicó que los había quemado.

Cristina se negó a declarar. Sus abogados pidieron la nulidad de la causa y la recusación del juez y del fiscal. La defensa destaca que las fotocopias de la prueba fueron entregadas por un periodista a un fiscal amigo, Stornelli, y que, tras analizarlas juntos, se decidieron a llevarlas al juzgado de Bonadío en lugar de someter a sorteo la presentación de la prueba.

Eliminación política

La exmandataria expuso ayer que desde que dejó el Gobierno el 10 de diciembre de 2015, «me armaron seis causas penales y en cinco de ellas está Bonadío», al que definió como un «juez enemigo» que va contra adversarios políticos «para proscribir a dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas». Su objetivo, dijo sobre sus denunciantes, «es la eliminación política» del oponente.

Cristina también fustigó al Gobierno de Mauricio Macri, a quien acusó de integrar esta estrategia de persecución judicial. Recordó al hoy presidente que él pertenece a una familia de empresarios que hicieron múltiples negocios con la obra pública y denunció que por eso a ella le negaron en todas las instancias la petición de llevar a cabo una auditoría judicial de esas obras. «Lo que pretendo es que se lleve a cabo una investigación judicial seria, objetiva e imparcial», imploró la senadora. Ahora el juez debe analizar si procesa a Fernández y si allana las propiedades de la expresidenta. Para ello deberá pedir autorización al Senado.

El juez debe decidir si solicita permiso al Senado para procesar a la expresidenta

La causa que deja al desnudo la corrupción en Argentina

La investigación por los «cuadernos de los sobornos» está descubriendo el velo de una supuesta trama de corrupción inédita en la Argentina, cuyas consecuencias apenas comienzan a vislumbrarse pero que ya amenazan con sacudir al mundo político y empresarial local.  

el último hallazgo

Las libretas de la vergüenza 

Oscar Centeno, chófer del ex número dos del Ministerio de Planificación Federal Roberto Baratta, escribió ocho cuadernos entre el 2005 y el 2015 en los que precisó, con lujo de detalle, fechas, nombres, direcciones y montos de dinero que supuestamente pagaban empresarios a funcionarios de los Gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.  

líderes bajo sospecha

Néstor y Cristina, ¿los cabecillas?

«Estamos investigando una asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner», afirmó el fiscal Carlos Stornelli. Esta asociación ilegal habría tenido como fin el cobro de sobornos a cambio de contratos de obras públicas. «Hay pruebas suficientes, sólidas y abundantes», señaló el fiscal.  

LOS ARREPENTIDOS

Cómplices en busca de beneficios

Varios de los empresarios o exejecutivos de las principales compañías de construcción fueron detenidos y luego pidieron declarar como «arrepentidos», tras lo cual la mayoría recobró su libertad. Casi todos repitieron el mismo argumento: que habían otorgado fondos para financiar campañas electorales. El Grupo Techint se diferenció. Uno de sus directivos declaró que habían realizado pagos a ex funcionarios kirchneristas para que solucionara un problema con una subsidiaria en Venezuela nacionalizada por Hugo Chávez.  

El expresidente de la influyente Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner también declaró como «arrepentido» y explicó cómo era la trama. De acuerdo con su versión, los empresarios a los que se adjudicaba una obra debían abonar el anticipo que estaba establecido en los pliegos de licitación, entre un 10 y un 20 por %, «para gastos políticos y necesidades políticas».  

Un juez amenazado

Miedo a ser asesinado

El chófer relató en sus cuadernos cómo se llevaba dinero al exjuez federal Norberto Oyarbide o cómo lo visitaban para buscar resoluciones judiciales. La Justicia lo imputó y citó a declarar. El exmagistrado confesó: «Me apretaban el cogote (cuello) para que sacara las causas de los Kirchner». Y afirmó que tiene miedo a que lo maten. Oyarbide fue el encargado de exculpar a los Kirchner en tiempo mucho más rápido de lo habitual en una causa en la que eran sospechosos de enriquecimiento ilícito, que fue cerrada.

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