Un juez con fama de duro decidirá el futuro político de Lula

La Fiscalía reitera al tribunal que el expresidente está inhabilitado

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REDACCIÓN / LA VOZ

Lula da Silva, preso por corrupción, porfía en los tribunales para recuperar la libertad y conseguir presentarse a las elecciones presidenciales de octubre en las que, según las encuestas, parte como gran favorito. Por eso, Lula se prepara para otra escabrosa batalla judicial, ahora en defensa de su candidatura presidencial. El Partido de los Trabajadores (PT) planteó un nuevo desafío a la Justicia al inscribir la candidatura de Lula para los comicios del 7 de octubre, a pesar de que su condición de presidiario con condena en segunda instancia le impediría postularse a cualquier cargo electivo.

Esa norma figura en un ley sancionada por Lula en el 2010, conocida como «Ficha Limpia», promovida por organizaciones ciudadanas y cuya constitucionalidad fue ratificada en el 2012 por el Supremo.

Esa ley establece que no puede ser candidata aquella persona que haya sido condenada mediante una decisión «transitada en juzgado», que en la jerga jurídica brasileña supone una sentencia firme, «o por algún tribunal colegiado», como los de segunda instancia.

Lula cumple la segunda de esas condiciones, pero no la primera, pues en el proceso por el que ha sido castigado con doce años de cárcel aún le restan apelaciones en el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo.

Nuevo frente

La inscripción de su candidatura abre ahora un nuevo frente jurídico, pero en el Tribunal Superior Electoral, que deberá decidir sobre el caso en función de la ley de «Ficha Limpia». Apenas unas horas después del registro de la candidatura de Lula, la Fiscalía General presentó una petición de impugnación, fundamentada precisamente en esa legislación.

El caso estará en manos de Luis Barroso, un juez de línea dura que integra con otros seis magistrados la corte electoral y que también es miembro del Supremo, en el que ya ha se manifestado a favor de la plena aplicación de la ley de «Ficha Limpia». Barroso dijo hace dos años que «el concepto principal de esa ley es impedir que aquellos condenados en segunda instancia puedan postularse y volver a la política, lo cual es muy importante y debe ser preservado en bien de la sociedad».

En principio, la Justicia electoral tiene plazo para pronunciarse hasta el 17 de septiembre, cuando faltarán solo 20 días para las elecciones. Sin embargo, hay presiones para que la decisión sobre Lula sea conocida cuando antes a fin de despejar el panorama electoral. Una de ellas procede de la propia Fiscalía, cuya titular, Raquel Dodge, dijo esta semana que la Justicia electoral tiene «el deber de decirle cuanto antes al votante quiénes son los reales candidatos». El ministro de Justicia avanzó ayer que la decisión «se tomará cuanto antes», aunque no precisó plazos.

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