Su abogado de confianza admite ocho delitos, incluido el pago de un soborno a la actriz porno Stormy Daniels, y señala al presidente: «Si yo soy culpable, ¿por qué no lo es él?»
23 ago 2018 . Actualizado a las 07:59 h.Ayer no fue solo un mal día para Donald Trump, también lo fue para la historia de la democracia de EE.UU. Es más, algunos de los mejores analistas políticos y judiciales coincidieron en asegurar que no ha habido un momento más oscuro para un presidente desde que Richard Nixon dimitió en 1974. Fue la resaca de una historia que, de nuevo, se visionó en pantalla dividida.
Por un lado, en Nueva York, el que fue durante diez años abogado y confidente de Trump, Michael Cohen, se declaraba culpable de evasión fiscal, fraude bancario y violación de la ley electoral. Simultáneamente, en Alexandria (Virginia) el exjefe de campaña del magnate, Paul Manafort, era declarado culpable de otros ocho delitos y, entre ellos, también el de engaño al fisco. Ambos supusieron varapalos para el multimillonario, quien siempre dijo rodearse «de los mejores», pero especialmente uno de ellos hizo tambalear los cimientos de la Administración.
Y es que en la Casa Blanca no estaban preparados para que Cohen culpase directamente al presidente de ordenarle silenciar a sus supuestas amantes a través de pagos que suman casi 300.000 dólares. En concreto, 130.000 a la actriz porno Stormy Daniels y 150.000 a la exmodelo de Playboy Karen McDougal. ¿El objetivo? «Influir en las elecciones», reconoció Cohen ante el juez tras confirmar que el desembolso se ejecutó semanas antes de las elecciones. En otras palabras, Trump hizo trampas para ganar la Casa Blanca. Su confesión cayó como una bomba en la avenida Pensilvania y la afirmación de que el neoyorquino no solo conocía sino que dirigía las actividades delictivas llevó al país a los días de Nixon y el escándalo del Watergate.
«Supe de las transacciones después», dijo Trump en su cadena amiga Fox News, antes de asegurar que se encuentra muy tranquilo. Durante su enésimo cambio de versión, el magnate explicó que el dinero «no procedía de la campaña», sino de él, por lo que «no debería suponer un conflicto legal», algo que no es correcto ya que la intencionalidad de «influir» en el resultado electoral seguiría estando vigente.
Sus explicaciones tampoco convencieron en su entorno, donde son conscientes de que estos sucesos podrían influir en la participación electoral de cara a los comicios legislativos de noviembre e incrementar el riesgo de que los republicanos pierdan la mayoría de 23 escaños que poseen en la Cámara de Representantes. De ser así, los demócratas tendrían muy fácil impulsar un proceso de impeachment contra el presidente y basarlo en el delito federal del que Cohen se declaró culpable el martes, e hizo copartícipe a Trump. «No hay ninguna acusación formal contra el presidente», insistió su abogado Rudolph Giuliani, consciente de que el presidente no puede ser acusado de ningún delito. «Si los pagos fueron un delito para Michael Cohen, ¿por qué no lo serían para Trump?», deslizó el letrado de Cohen Lanny Davis. Sin embargo, la Oficina de Consejería Legal del Departamento de Justicia establece que un presidente no puede ser procesado mientras esté en ejercicio porque afectaría a su capacidad para cumplir con su trabajo de jefe del poder ejecutivo y pondría en riesgo la marcha del Gobierno. Es por ello que aquí entra la figura del juicio político, aunque es muy improbable que se impulse con los republicanos ostentando el poder en el Capitolio.
Cooperación de testigos
Además de poner a Trump al borde del precipicio, los casos de Cohen y Manafort demostraron que el fiscal especial de la trama rusa Robert Mueller está trabajando de manera eficiente. Las dos investigaciones beben de los datos que Mueller derivó a las diferentes fiscalías (Nueva York y Virginia) durante su investigación sobre la injerencia de Moscú, así como una posible obstrucción a la justicia por parte del presidente, tras reconocer que había cesado al exdirector del FBI James Comey «por esa cosa rusa». Con estas condenas como la de Cohen, el fiscal especial aumenta sus posibilidades de asegurar la cooperación de futuros testigos. «Mi cliente (Cohen) estará feliz de comunicarle (a Mueller) todo lo que sabe, no solo sobre la posibilidad de una conspiración para corromper nuestra democracia en las elecciones del 2016, sino también su conocimiento sobre los ciberataques y si Trump los conocía antes de que se produjesen, o si incluso los festejó», pronosticó Davis.
Cierran otras 652 páginas de «fake news»
Cuando faltan menos de tres meses para las elecciones legislativas de EE. UU., gigantes tecnológicos como Facebook, Twitter y Microsoft siguen lidiando su particular guerra contra cuentas o dominios de Internet falsos destinados a difundir desinformación política y social. «Eliminamos 652 páginas, grupos y cuentas por comportamiento coordinado y falso, tanto en Facebook como en Instagram. Parte de esta actividad se desarrolló en Rusia y la otra parte en Irán», confirmó la compañía de Mark Zuckenberg. Este nuevo anuncio se produjo pocas horas después de que Microsoft revelase la creación de dominios falsos por parte de hackers rusos para dañar a dos grupos conservadores y de que la Administración del Tesoro anunciase un nuevo paquete de sanciones contra actores rusos. «Son muy contraproducentes y sin sentido», dijo Vladimir Putin sobre los nuevos castigos.
En un intento de frenar el deterioro de relaciones, el jefe del Consejo de Seguridad ruso, Nikolái Pátrushev, y el asesor de Seguridad Nacional estadounidense, John Bolton, se reunirán hoy en Ginebra (Suiza). Paralelamente, el ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt inició ayer una visita de tres días a EE. UU. para pedir más mano dura a Donald Trump con respecto al Kremlin.
Los ataques provenientes de la potencia del este fueron certificados desde hace meses por parte de las agencias de inteligencia estadounidenses, así como por diversas investigaciones del Congreso. Es más, ayer mismo el Comité Nacional Demócrata (víctima de dichos ataques durante la campaña presidencial del 2016) desveló que los piratas informáticos intentaron incluso acceder a su base de datos de votantes.