Abducidos como estamos por el interminable esperpento catalán, y perplejos ante la capacidad de los partidos independentistas para alargar el culebrón con planteamientos cada vez más sofisticadamente ridículos, resulta difícil aplicar la pausa necesaria para detectar que, aunque todo lo que tiene que ver con el procés es un despropósito, lo que ocurre en la política española no es precisamente un alarde de sentido común. Aseguraba Groucho Marx que «la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnostico falso y aplicar después los remedios equivocados». Y, últimamente, los políticos españoles parecen empeñados en darle la razón al sarcástico humorista.
Solo así se explica, por ejemplo, que precisamente ahora, cuando comprobamos las enormes dificultades que existen para formar gobiernos estables, se plantee la necesidad de reformar la ley electoral para eliminar la prima al partido ganador, que está en la base de la mayoría de sistemas electorales de las democracias avanzadas precisamente para favorecer la estabilidad. Es cierto que no hay modelo perfecto y que tanto la regla D’Hondt como la sobrerrepresentación de las provincias pequeñas favorecen a los partidos mayoritarios. Pero con la norma actual fue posible que España alcanzara el mayor período de estabilidad de su historia, tanto con mayorías absolutas (5) como con gobiernos en minoría (6), y con una ordenada alternancia ideológica en el poder entre el centro, la izquierda y la derecha. Y es precisamente ahora, cuando llevamos más de dos años de parálisis política por la imposibilidad, por primera vez en democracia, de formar un Gobierno estable, cuando se impulsa una reforma que, tal y como la plantean algunos, haría aún más difícil la formación de mayorías. Sobre todo, con la irresponsable aversión de nuestros partidos a las coaliciones de gobierno. Con el fin del bipartidismo, y con cuatro fuerzas muy igualadas, si alguna reforma se necesita es aquella que favorezca la gobernabilidad. Es decir, justo lo contrario a lo que se está planteando. Y el hecho de que sean Ciudadanos y Podemos los que impulsan el cambio en la ley indica que, digan lo que digan, ninguno de los dos confía en ser pronto el más votado.
Y si incomprensible resulta ese debate, más lo es el que afecta a la posibilidad de hacer una quita en la deuda de las autonomías. Después de comprobar las funestas consecuencias que ha tenido para la economía española -y hasta para la cohesión nacional en el caso de Cataluña-, el permitir un gasto público absolutamente descontrolado en la mayoría de las comunidades, la solución que algunos plantean no es embridar ese desmadre redoblando los controles y forzando a las más derrochadoras a equilibrar sus balances, sino condonarles su gigantesca deuda, invitándolas así a seguir desobedeciendo y a gastar a manos llenas como si no hubiera mañana. Superamos al gran Groucho. Nuestros diagnósticos son falsos. Pero nuestros remedios no solo son equivocados. Son exactamente lo contrario a lo que el país necesita.