Es hora de corregir errores históricos


A pesar de que llevamos 40 años viviendo en una de las democracias más avanzadas del mundo, en España una gran parte de la población padece un sentimiento de culpa por el hecho de que esa democracia llegara tras cuarenta años de dictadura. En el imaginario de quienes sufren ese síndrome, el pecado original del franquismo nos obliga a estar todo el día pidiendo perdón por disfrutar de nuestras libertades, a considerar siempre que la nuestra es una democracia de segunda fila y a extremar hasta límites que van más allá del absurdo la permisividad y el garantismo con aquellos que pisotean la ley y la Constitución.

El nacionalismo catalán, y también el vasco, llevan décadas aprovechándose de ese ridículo e injustificado complejo de culpa que, por miedo a que nuestra democracia fuera cuestionada, llevó a tolerar y a considerar aceptables actitudes absolutamente antidemocráticas. El nacionalismo ha hecho y deshecho a su antojo durante años en Cataluña y el País Vasco, pisoteando las leyes y la Constitución como no lo ha hecho en ningún otro territorio europeo. Y eso ha sido posible porque en España muchos siguen creyendo estúpidamente que denunciar las mentiras del independentismo y frenar sus abusos les convertiría en franquistas, y no en demócratas. Solo así se explica que en Cataluña hayamos llegado a la grotesca situación en la que los secesionistas se sienten legitimados para hacer lo que les dé la gana, diga lo que diga la ley, y al bochorno de que un racista redomado como Torra, cuyos escritos xenófobos le convertirían en un apestado o le llevarían al banquillo en muchos países de nuestro entorno, no solo presida la Generalitat, sino que pretenda darnos lecciones de democracia.

El Estado español miró para otro lado mientras en Cataluña se desarrollaba un proceso de construcción nacional de carácter golpista. Pero, una vez constatado el intento de golpe, se sigue tolerando, sin hacer nada para impedirlo, que los rebeldes se rían cada día de nuestra democracia. Presentan a las elecciones a políticos acusados de delitos gravísimos, a encarcelados y hasta a fugados de la Justicia. El presidente del Parlamento catalán viaja a Bruselas para someterse al capricho de un fugitivo. Tratan de investir como presidente sucesivamente a un forajido, a un preso y a un imputado. Los huidos de la Justicia no solo adquieren la condición de diputados, sino que votan desde Bruselas y Berlín en la sesión de investidura. Y, finalmente, invisten a un supremacista que toma posesión sin prometer lealtad a la Constitución y nombra consejeros a cuatro procesados, dos de ellos presos y dos fugitivos.

Podemos seguir mirando a otro lado y hacer como que todo esto es normal en democracia. Pero todo el mundo sabe que no lo es. Los hechos demuestran que si realmente nuestro Estado de derecho permite semejantes afrentas, ha llegado ya la hora de cambiar la ley y la Constitución para corregir lagunas que son fruto de errores históricos. Y nadie debería tener sentimiento de culpa por ello, sino, más bien al contrario, orgullo por defender a la democracia de sus enemigos.

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