Cuando Pedro Sánchez anunció que Josep Borrell sería su ministro de Asuntos Exteriores, el nombramiento fue presentado como una garantía de que el presidente no tenía deudas con los independentistas por su apoyo a la moción de censura y de que aplicaría una política de máxima firmeza frente al separatismo. Por fin, se decía, un ministro español le iba a explicar al mundo las mentiras de los secesionistas. Tres meses después, lo que se constata es todo lo contrario. Más que en gestionar los intereses de los ciudadanos y defender la igualdad de todos los españoles ante la ley, los miembros del Gobierno de Sánchez actúan como agentes políticos en defensa de los independentistas procesados. Lo deprimente es que el propio Josep Borrell pone su prestigio en el exterior al servicio de esa causa, declarándose partidario ante medios extranjeros de que los golpistas presos estén en la calle y proclamando que Cataluña es una nación. Pero esas afirmaciones eran solo el preludio de una estrategia del Gobierno en favor de los líderes independentistas que demuestra hasta qué punto Sánchez es rehén del secesionismo que lo aupó al poder. Primero fue la delegada del Gobierno en Cataluña, Teresa Cunillera, la que, sin esperar siquiera a que se abra el juicio contra ellos, se declaró a favor de indultar a todos los independentistas procesados. «Soy partidaria, claro», dijo en Catalunya Radio, emisora pública convertida en órgano de propaganda separatista y antiespañola.
Después, es nada menos que la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, la que insiste en presionar a la Justicia diciendo que «parecería lógico» que los autores del golpe estuvieran en la calle. «Si se retrasara mucho en el tiempo sería alargar demasiado una situación de prisión preventiva», afirma sin pestañear. Toma el relevo el secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos -que ya declaró que «el que haya políticos presos no ayuda a normalizar la situación»-, respaldando a Cunillera y calificando su alegato en favor del indulto preventivo a los procesados como «declaraciones de humanidad».
Y, por si había dudas, ayer el propio Sánchez remataba la faena en Canadá, haciendo el caldo gordo al secesionismo al asegurar que en Cataluña «ha habido dos referendos», dando así validez a las dos consultas ilegales celebradas, y poniendo a Quebec como ejemplo de solución política, tal y como hace siempre el independentismo catalán, obviando el hecho de que, al contario que en Canadá, la Constitución española prohíbe expresamente cualquier referendo de secesión.
Pero Sánchez fue aún más lejos y respaldó también a la «humanitaria» e indultadora Cunillera. «La reflexión de la delegada, que yo comparto, es que falta empatía», afirmó. Es decir, que no solo hay que indultar a todos los golpistas, sino que el resto de españoles debemos identificarnos con ellos y «compartir sus sentimientos», que es como define la RAE el término empatía. Y todo esto, mientras el independentismo no se mueve un milímetro de su discurso xenófobo y anticonstitucional.