Es solo la parte emergida de un enorme iceberg: más de 30.000 personas han firmado en dos días en Change.org contra el examen de Matemáticas II (Ciencias) que debieron realizar los alumnos de selectividad en la Comunidad Valenciana por considerarlo «el más difícil de todos los años».
Esa protesta ha vuelto a colocar en primer plano la justicia de la selectividad, con declaraciones de expertos y responsables universitarios que discrepan sobre la cuestión fundamental: si puede garantizarse un sistema justo (potencialmente igual para todos los presentados) con 17 selectividades diferentes (una por comunidad) cuando los alumnos eligen luego plaza en cualquier universidad al ser a esos efectos el distrito único, para el conjunto del país.
Aquí mismo he escrito al menos tres artículos refiriéndome a un asunto crucial para los jóvenes españoles y sus familias (300.000 presentados este año): ¿Es justa la actual selectividad? (07/09/2012), La selectividad: después de un disparate otro (13/06/2014) y Si la selectividad era justa yo soy astronauta (08/06/2016).
En todos ellos mantuve idéntica posición, la misma que ahora defienden algunos políticos, como los presidentes de Galicia o de Madrid, en línea con lo que ya hace un año apuntó el consejero de Educación castellano-leonés: si se quiere garantizar la equidad es indispensable que el acceso a la universidad se produzca a través de un examen tipo MIR. Es decir, de un examen que debe ser el mismo para toda España (eliminando así las, de otro modo inevitables, diferencias territoriales) y que debe ser tipo test, lo que acabaría con las, en ciertos casos, también inevitables diferencias de criterio entre los cientos de correctores de una selectividad donde el acceso a ciertas titulaciones se decide por centésimas.
Como el MIR (o el FIR o el PIR), cuyo objetivo no es conocer lo que saben los graduados sino jerarquizarlos para que puedan elegir una plaza donde formarse según su orden de colocación, el de la selectividad no es valorar los conocimientos de los estudiantes que quieren entrar a la universidad, sino fijar, por un lado, una barrera de acceso -mínima, pues el porcentaje de quienes la superan es altísimo- y ordenar, por el otro, a aquellos alumnos que aspiran a acceder a titulaciones donde la nota obtenida en la selectividad determina quién y dónde podrá hacerlo.
En su línea de confusión habitual la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, ha rechazado establecer una sola prueba («Si por única entendemos exacta, no, no es necesario, sería un empobrecimiento del currículo»), añadiendo luego que el objetivo debe ser garantizar el «mismo grado de dificultad».
Esa posición, que resume la de quienes creen que es posible garantizar dos cosas contradictorias a la vez, nos ha llevado a donde estamos: a un sistema esencialmente injusto para repartir con justicia un bien escaso.