El ayuntamiento «vulneró derechos fundamentales» de las educadoras infantiles, según la juez

Una nueva sentencia obliga al consistorio a contratar a 14 de ellas a tiempo completo e indemnizar con 6.251 euros a cada una

Protesta de educadoras infantiles en Oviedo
Protesta de educadoras infantiles en Oviedo

El ayuntamiento de Oviedo ha recibido una nueva derrota judicial en el conflicto con las trabajadoras de Educación Infantil de la escuelas 0-3. En una dura sentencia, la juez del juzgado de lo Social número 5 ha dictaminado que el consistorio «vulneró los derechos fundamentales» de 14 de las trabajadoras, por lo que no solo deberá contratarlas a tiempo completo sino que debe indemnizar a cada una de ellas con 6.251 euros.

El abogado consistorial, Juan Vega Felgueroso, recibe así otro revolcón de los tribunales en los procesos que se han venido dando desde el año pasado. Y esta vez, además, por vulneración de derechos fundamentales.

Tal como figura en los antecedentes de la sentencia, las demandantes fueron contratadas hace años como interinas, contratos de sustitución que pasaron más tarde a la modalidad de obra o servicio. Ya este hecho, señala una de las demandantes, era claramente irregular puesto que «las escuelas infantiles están ahí siempre», dan el servicio de continuo año tras año y por lo tanto no cabe hablar de un empleo por obra concreta.

De los aproximadamente 150 trabajadores Técnicos de Educación Infantil (TEI), a 31 de agosto de 2019 quedaban 25 con contratos de obra o servicio. El ayuntamiento decidió en esa misma fecha la extinción de los contratos, por lo que las trabajadoras acudieron a tribunales. Varias consiguieron la readmisión gracias a una sentencia judicial.

Mientras duraba el proceso, al ser despedidas, las escuelas infantiles registraron, lógicamente, carencias de personal, por lo que el consistorio ofreció contratos a tiempo completo a algunos trabajadores indefinidos no fijos. Sin embargo, las que habían sido despedidas y luego readmitidas obtuvieron una jornada del 70%, saltándose en muchos casos el orden que establece la bolsa de trabajo de la oposición.

Por lo tanto, su abogado, Francisco Valtueña, presentó otra demanda ante el juez. En este caso, jueza, la magistrada sustituta María Sol Alonso-Buenaposada, que declara en su fallo de 17 de noviembre que «la conducta observada por la demandada (el ayuntamiento) respecto de las actoras (las educadoras infantiles) es vulneradora de los derechos fundamentales de igualdad y de la garantía de indemnidad por el ejercicio de acciones judiciales, por lo que es radicalmente nula».

Así, la juez ordena «el cese inmediato de tal comportamiento y la transformación del contrato de trabajo parcial en un contrato de trabajo a tiempo completo con las consecuencias anudadas a dicha forma de prestación de servicios, con más el abono de una indemnización adicional por daño moral inherente a la vulneración constitucional de sus derechos de importe de 6.251 euros a cada una de ellas».

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