España pena con hasta 300.000 euros la cesión de datos que permite Trump

Laura García del Valle
laura g. del valle REDACCIÓN / LA VOZ

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XOÁN A. SOLER

Estados Unidos permite a los proveedores de Internet vender información de usuarios sin consentimiento previo

05 abr 2017 . Actualizado a las 21:09 h.

Donald Trump vuelve a marcar distancias con la administración Obama y, en este caso, los afectados son la práctica totalidad de los estadounidenses, ya que con solo navegar por Internet verán peligrar su privacidad, que hasta esta semana estaba amparada por la ley. La derogación de la norma que garantizaba la seguridad en la Red y que permite a los proveedores de conexión a Internet comercializar historiales de búsqueda y localizaciones de usuarios ha hecho saltar las alarmas, tanto en los dominios de Trump como en otros puntos del globo, donde muchos se preguntan si tras la aprobación del texto, que supone el triunfo de las compañías de telecomunicaciones, empezará una nueva era en la que los internautas pasarán a tener una desprotección prácticamente total, pues su información privada se podrá vender por defecto salvo que el consumidor solicite expresamente que no sea así.

Los más de doscientos votos a favor de los republicanos con los que pudo salir la norma adelante se cimentan en que este paso era necesario para eliminar regulaciones previas que consideran excesivas. Así, a partir de ahora, proveedores como Comcast, Verizon y AT&T, que tenían la obligación de proteger a sus usuarios solicitando un permiso previo para poder compartir datos como la geolocalización, la información financiera, de salud, de los menores o incluso el historial de navegación, tendrán ahora potestad para vender los datos sin consentimiento alguno. En España, hasta la fecha, «el derecho a la protección de datos está protegido constitucionalmente, y el respeto a este derecho es una de las limitaciones que se pone a la libertad de expresión», explica la abogada Vanesa Arbesú, del despacho lucense Jacobo Vázquez Abogados.

De mano en mano

El también abogado Rafael Arangüena tampoco cree que este tipo de medidas puedan llegar a España, «aunque en cualquier momento puede cambiar la legislación». Además, por otro lado, recuerda «que el problema es que tú cedes tus datos a una empresa, muchas veces marcando una X en una casilla que no lees; esos datos van pasando de compañía en compañía porque forman parte del mismo grupo y tú te preguntas: ‘¿Por qué me mandan correos de tal sitio que yo no he visitado para nada? Y es por esta clase de cosas». El filón es que en este caso sí se ha dado permiso para mercadear con información del usuario. En España, según mantienen los expertos consultados, la Agencia Española de Protección de Datos, encargada de velar por la seguridad de los ciudadanos en el ámbito digital, no se anda con chiquitas y las multas con las que llega a sancionar a un particular o a una empresa por robar datos son «escandalosas», apunta Arangüena. Sin ir más lejos, la sanción por «no tener el consentimiento del interesado para recabar sus datos personales» puede llegar a superar los 300.000 euros

En cuanto a las denuncias que más atienden en los despachos de abogados gallegos, en relación a delitos contra la ley de protección de datos, muchas se enmarcan en el ámbito 3.0. «No todo el mundo tiene dado de alta un fichero en el Registro Oficial de Protección de Datos y mucha gente utiliza esta situación para hacer daño a terceros», mantiene este abogado de A Coruña. En el caso de Vanesa Arbesú, cuenta que reciben una «gran cantidad de reclamaciones por estar en ficheros de solvencia patrimonial». Es decir, se trata de archivos que incluyen información sobre personas que tienen alguna deuda y que tienen como finalidad reflejar los incumplimientos de obligaciones dinerarias para que las empresas puedan protegerse de clientes que no pagan, pero esta información puede ser conocida no solo por el acreedor, sino por cualquier compañía o particular que acceda al fichero.

Europa impide intercambios entre Facebook y WhatsApp

Las muchas preguntas que estos días se están haciendo los estadounidenses con respecto a qué va a pasar ahora con su privacidad en Internet se las hicieron también los europeos el pasado mes de agosto. En este caso, las dudas se originaron cuando WhatsApp pasó a ser propiedad de Facebook y, con esto, se sembraba el pánico sobre los términos del servicio y los cambios en la política de privacidad de la red social de Mark Zuckerberg. La compañía de mensajería instantánea, también americana, afirmó entonces que la cesión de datos es una práctica típica entre compañías que son adquiridas por otras, intentando quitarle hierro a un asunto que preocupaba, y mucho, al otro lado del océano Atlántico.

Al contrario que Trump, que ha dado un apretón de manos a las grandes empresas de telecomunicaciones con su acuerdo que será, de facto, una barra libre de intercambio de datos de usuarios si antes estos no han expresado explícitamente que no sea así, Europa se blinda contra esta liberalización y, por ello, WhatsApp aplaza el intercambio de información con Facebook en el viejo continente.

Fuentes de la aplicación informaron a las autoridades europeas de protección de datos, después de que estas le trasladasen su preocupación respecto al desamparo al que podrían verse sometidos los ciudadanos. En palabras de la compañía de mensajería instantánea, «no iniciará tal intercambio con Facebook hasta que haya tenido la oportunidad de abordar las preguntas que se han planteado».

Un mes antes de que el WhatsApp actuase con esta diplomacia con las agencias europeas, la Comisión para la Protección de Datos y Libertad de la Información de Hamburgo publicó una orden que prohibía a la red social recopilar datos de los que utilizan de este servicio. Una decisión que golpeaba a la empresa gestada en California, que aseguró que dentro de su plan de mejora de experiencia para el usuario estaba el acceder al número de teléfono del consumidor. Una medida que este ente regulador alemán consiguió tumbar, al menos, por el momento.