Igualar bajas de maternidad y paternidad, una baza para la igualdad laboral

Aunque el coste estimado de 1.700 millones de euros que supondría equiparar la baja paternal a la maternal frenó su puesta en marcha, el debate continúa abierto

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La postura del Tribunal Constitucional al admitir a trámite por su «relevancia» el recurso de amparo presentado por un padre que ve discriminación en el hecho de no poder gozar de una baja paternal de la misma duración de la que pueden demandar las madres ha impulsado un debate que, en realidad, nunca ha estado aletargado. Aunque el coste estimado de 1.700 millones de euros que supondría, en base a los cálculos realizados por la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles por Nacimiento y Adopción (PiiNA), extender los permisos para los padres hasta las 16 semanas de las que disponen las madres frenó en su día la puesta en marcha por parte del Gobierno de la medida recogida en una propuesta no de ley aprobada en el Congreso en octubre del 2016, con el Ejecutivo en funciones, son varios los colectivos que abogan por llevarlo a cabo con urgencia. La razón que aducen es que la propuesta supondría una baza importante de cara a la igualdad laboral y la corresponsabilidad de tareas de cuidado de los hijos, más allá de los meses obligatorios para que la madre pueda reponerse del parto.

Al menos eso es lo que entiende la profesora experta en Derecho Laboral del Esade, Anna Ginés Fabrellas, para la que es «necesario equiparar las bajas tanto por el beneficio del recién nacido como porque es una fórmula necesaria, aunque no suficiente, para avanzar hacia la igualdad en el mercado laboral». En este sentido, añade que al tener un permiso de paternidad intransferible y de la misma duración, la aceptación de la maternidad y la paternidad sería la misma en el mercado de trabajo y no habría el elemento diferenciador que ahora tiene tanto impacto en la carrera laboral de las mujeres. Además, añade, que el cambio «fomentaría mucho la corresponsabilidad a la hora de involucrarse en las tareas de cuidado de los hijos». De hecho, dice, se ha notado ya al pasar de quince días de permiso a un mes «porque cuatro semanas solucionan mucho a nivel familiar».

Aunque en Europa hay países como Suecia (16 meses de baja que pueden repartirse y durante los que los beneficiarios van cobrando diferentes porcentajes del salario a medida que avanza la prestación), donde el debate sobre este asunto está superado, la Comisión Europea lanzó la propuesta de ofrecer cuatro meses pagados para cada progenitor, período que podrán disfrutar cuando gusten hasta que el niño cumpla 12 años.

La iniciativa que proponen desde la Plataforma por Permisos Iguales reclama que las bajas sean remuneradas al 100 % e intransferibles para cada progenitor. La portavoz del colectivo, Carmen Castro, apunta que «no sería necesario aportar esos 1.700 millones en un mismo ejercicio económico porque la propuesta plantea un proceso gradual en un período de seis años: empezando el primer año con la equiparación de las seis semanas obligatorias para cada persona progenitora e incrementando en los cinco años siguientes dos semanas intransferibles anualmente». En base a sus cálculos, ello supondría unos 200 millones adicionales en cada ejercicio. En cuanto al hecho de que el Tribunal Constitucional haya admitido el recurso entiende que «es un respaldo al cuestionamiento del sistema discriminatorio actual».

La UE sigue la senda del «suicidio demográfico»

cristina porteiro
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España es el país europeo que menos ayudas monetarias dedica a las familias, según el IPF

Europa camina hacia su «suicidio demográfico». Es la alerta que lanzó este martes el Instituto de Política Familiar (IPF) en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas tras presentar un informe sobre la evolución de la familia en el bien llamado Viejo Continente.

Los jóvenes europeos no lo tienen nada fácil para poder tomar el relevo generacional y ser padres. A la inestabilidad y precariedad laboral se suman las paupérrimas ayudas que dedican los Gobiernos al fomento de la natalidad y la conciliación familiar. Quienes peor lo tienen son los españoles. «Somos el país que menos ayudas monetarias dedica a la familia con el 0,5 % del PIB», aseguran sus portavoces. En el conjunto de la UE solo se le dedica uno de cada 12 euros de gasto social.

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