Los simpapeles con sanidad universal pagarán el 40 % de los fármacos

Colectivos de ayuda a inmigrantes urgen medidas para evitar el turismo sanitario y no colapsar el modelo

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redacción / la voz

La sanidad universal está cada vez más cerca de convertirse de nuevo en una realidad. Uno de los últimos pasos para lograrlo lo realizó este jueves el pleno del Congreso al dar luz verde -pese a los votos en contra del PP o la abstención de Ciudadanos- al decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de julio y que recupera la sanidad universal y da derecho a cualquier inmigrante ilegal a recibir asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles. Lo que tendrán que abonar, como indica el texto del real decreto, es el 40 % del precio de venta al público de los medicamentos.

La discrepancia que hubo para aprobar el documento no fue tanta a la hora votar que esta nueva norma sea tramitada como proyecto de ley por la vía de urgencia. En ese punto hubo bastante unanimidad porque, de ese modo, los partidos podrán incorporar sus aportaciones a la norma. Esta reconoce al Ministerio de Sanidad las competencias del reconocimiento a la asistencia sanitaria, pero las comunidades autónomas deberán de tramitar las peticiones, además de encargase de expedir las tarjetas sanitarias.

La idea ahora, como apuntó la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tal y como recoge Efe, es garantizar la seguridad jurídica de los profesionales, al tiempo de que armoniza y da cohesión territorial al acceso a la sanidad, ya que las comunidades que no estaban de acuerdo con la exclusión de la reforma del PP adoptaron soluciones de manera desigual. Galicia, por ejemplo, pese a estar gobernada por los populares no tardó más que unos meses desde la entrada en vigor del decreto en abril del 2012 en devolver la prestación a los inmigrantes irregulares. Fue en el mes de septiembre cuando puso en marcha un modelo para devolver la prestación sanitaria a cualquier inmigrante que llevara en Galicia al menos seis meses.

Pese a ello, la recuperación de la sanidad universal en todo el territorio supone un avance que aplauden los colectivos dedicados a la ayuda e integración de inmigrantes que hay en Galicia porque, como apuntan desde Ecos do Sur, mientras la comunidad no dio la prestación hubo unos meses donde incluso llegaron a darse casos de personas con enfermedades crónicas o graves que, después de que en Venezuela les fueran retiradas las medicinas que sus familiares les mandaban, llegaban aquí y no tenían acceso a ayuda sanitaria. 

No abusar

Con todo, añaden, eso duró solo esos meses de impás. «Ahora -añaden desde ese colectivo- la colaboración de la delegación provincial de Sanidade es muy buena». Pero aunque en Galicia no están fuera del modelo, aplauden que se apruebe el decreto ley para que cualquier inmigrante independientemente de la comunidad en la que esté pueda tener prestación sanitaria. Aunque hacen una salvedad: «Deben de aprobarse medidas de control para evitar el turismo sanitario y, de ese modo, garantizar que el modelo sea sostenible». Desde Cáritas también celebran la universalidad de la sanidad pero vigilarán que las comunidades no pongan trabas burocráticas. El peligro de que el cambio de norma pueda estimular el turismo sanitario fue otro de los asuntos que salió en el debate en el Congreso. Fue la diputada popular maría Teresa Ángulo la que acusó a la ministra de Sanidad de haber elaborado una norma de modo irresponsable porque abrirá la puerta a ese tipo de turismo.

Galicia fue la primera en darles amparo, pero con matices

e. á.
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Vuelve una universalidad de la sanidad que las comunidades trataron de conservar

La exclusión de los inmigrantes irregulares de la sanidad pública desde septiembre del 2012 -a excepción de las urgencias, que siempre estuvo garantizada, y de los menores y las embarazadas, que tenían total cobertura- provocó tal rechazo en oenegés y colectivos sanitarios que una comunidad del PP, Galicia, fue la primera en poner en marcha una alternativo a una medida impuesta por su propio partido. Cuando en el 2012 se eliminó el derecho de los simpapeles a tener médico de familia, y por lo tanto a ser derivados a un especialista, Galicia diseñó un programa, denominado de protección de la salud pública, por el que aquellas personas que no tuviesen regularizada su situación pero acreditasen falta de recursos y llevar residiendo al menos 183 días en la comunidad, tendrían acceso a las mismas prestaciones que otro ciudadano. Eso sí, sin acceder con la tarjeta sanitaria sino a través del programa.

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